La conservación de datos personales tiene límite

El Tribunal de Justicia europeo declaró inválida la directiva que exige la conservación de los datos personales por los proveedores de servicios de comunicación electrónica con fines de prevención, investigación y juzgamiento de crímenes graves.

Por Matías Altamira * – Exclusivo para Comercio y Justicia

La directiva 2006/24/CE, de marzo de 2006, establece que los proveedores deberán conservar los datos de tráfico y de localización, así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario, exceptuando el contenido de la comunicación y la información consultada. Ello permite saber con quién, cuándo, dónde y cómo se ha comunicado un abonado, así como su frecuencia. Estos datos permiten disponer de detalles precisos sobre la vida privada de la persona, sus hábitos cotidianos, actividades y relaciones sociales, inmiscuyéndose de algún modo en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos personales.

El Tribunal argumenta que la injerencia autorizada no se limita a lo estrictamente necesario, al aplicarse a todas las personas, medios de comunicación electrónicos y datos relativos al tráfico sin diferenciación, limitación o excepción alguna. Tampoco fija un criterio objetivo que permita garantizar que las autoridades nacionales únicamente conocerán los datos y los utilizarán para delitos que, por su magnitud y gravedad justifiquen la injerencia. Otro agravante es que el acceso a los datos no se supedita al control previo de un órgano jurisdiccional. Si bien establece un plazo de conservación que oscila entre seis y 24 meses, no distingue entre las categorías de datos en función de las personas afectadas o de su posible utilidad con respecto al objetivo perseguido.

La directiva no tiene garantías suficientes para asegurar una protección eficaz de los datos contra abusos y accesos ilícitos, al autorizar a los proveedores a determinar el nivel de seguridad en función de sus costos, no exigirles la destrucción definitiva de los dato, ni obligarlos a que sean conservados en el territorio de la Unión.

Privacy International, que luchó por la derogación de esta directiva, exhorta a seguir trabajando para implementar los Principios Internacionales sobre la aplicación de los Derechos Humanos a la vigilancia de las comunicaciones, aprobados en julio de 2013 por más de 400 ONG del mundo y concluye que, cuando una mala ley se invalida, la sociedad civil y los legisladores tienen una oportunidad única para corregir los errores y promulgar un marco jurídico que proteja nuestro preciado derecho a la privacidad. Europa, a diferencia de Estados Unidos, prioriza la privacidad a la seguridad.

* Abogado especializado en nuevas tecnologías / matias@altamiragigena.com.ar

Artículos destacados