La condena de la memoria

Ha pasado a los anales de la historia entre las peores sanciones posibles por las terribles consecuencias que implicaba

Por Luis R. Carranza Torres

Damnatio memoriae. Locución latina que encierra la historia de un castigo terrible. Una accesoria, infamante a la propia pena de la vida que se había prodigado al destinatario. Es que, en algunos casos, ni la muerte era suficiente para que la comunidad de antaño sintiera su vindicta pública saldada con determinados personajes.
Literalmente significa «condena de la memoria». La fórmula damnatio memoriae es un término moderno que no era utilizado en la antigüedad. Tan terrible era que los romanos no tenían una palabra para designarlo. Se lo denomina de tal forma, por primera vez que tengamos noticias, en la tesis sobre el particular intitulada Dissertationem Iuridicam De Damnatione Memoriae, presentada en 1689 en la Universidad de Leipzig por Christoph Schreiter.
Como castigo estructurado, dictado por un órgano público, corresponde a la antigua Roma. Pero reconoce antecedentes en el antiguo Egipto y la vieja Grecia.

En la tierra del Nilo, el faraón de la Primera Dinastía Semerjet borró todos los datos de su predecesor Adyib de archivos y monumentos. Tal acto tenía consecuencias, para las creencias egipcias, no sólo en este mundo sino en el que habitaban los difuntos, perjudicando la estancia del «borrado» en el país de los muertos tras el Juicio de Osiris. Otro de los casos fue el de la reina faraón Hatshepsut, llevada a cabo por su sobrino y sucesor en el trono Tutmosis III.
En Grecia, cuando el pastor Eróstrato, devenido en incendiario, prendió fuego y destruyó una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa -en el 356 a. C.-, movido por la apetencia de fama, los gobernantes de Éfeso mandaron que su nombre “fuera borrado de todo recuerdo humano», no pudiendo ser mencionado ni registrado en tipo de documento alguno. La infracción a ese olvido forzado era castigada con la pena de muerte.

En Roma, tal condena se reservaba a los más execrados enemigos del Estado. Nadie se salvaba de ella y fueron los emperadores quienes particularmente la padecieron. Tampoco hacía distingos de género, si bien el grueso de los condenados era hombre. Durante el reinado de Tiberio se la aplicó a Claudia Livia, más conocida por su apodo Livila («pequeña Livia»), esposa de Sejano, por haber tomado parte en las conspiraciones de éste contra el emperador. La sanción se impuso luego de que murió de hambre, recluida por su propia madre en el hogar familiar a tales efectos.
Quien debía imponerla era el Senado, en formal sesión. Al decretar la pena, se procedía a suprimir toda referencia del condenado: su efigie y nombre era borrado de monedas, inscripciones en monumentos y documentos de todo tipo. Este acto en particular recibía la denominación de «abolitionominis». En las pinturas y retratos se raspaba y dejaba el rostro en blanco. Las estatuas que los representaban eran destruidas. Se quitaba asimismo el nombre de todas sus leyes y actos de gobierno, renombrándolos como si las hubiera dictado quien lo sucedió en el cargo.

Formalmente, tres emperadores fueron objeto de la pena post mortem por el Senado: Domiciano, Publio Septimio Geta y Maximiano. Pero otros lo fueron por aclamación popular, como el caso de Calígula, que se extendió a sus familiares. Y, posiblemente, aunque los historiadores difieran, Nerón. En esos particulares, el cuerpo senatorial se limitaba a mirar para otro lado y no poner peros a los actos de supresión de nombres e imágenes.
Tras la caída del imperio romano, la práctica se continuó. En el año 897, el papa Esteban VI la aplicó a su predecesor, el papa Formoso, previo juicio post morten. En 1355, el dux Marino Faliero intentó dar un autogolpe en la República de Venecia para disolver sus instituciones y hacerse de la suma del poder público. Delatado por sus seguidores, Faliero fue detenido, juzgado ante el Consejo de los Diez -órgano encargado de proteger la seguridad de la república- y condenado a muerte, en votación unánime. El 17 de abril fue decapitado en las escalinatas del Palacio Ducal de Venecia y el cuerpo mutilado en público como escarmiento, mientras sus diez principales cómplices morían ahorcados en la plaza de San Marcos.
Tras la muerte, fue condenado con la damnatio memoriae. En virtud de dicha pena, en la pared donde se colocaban los retratos de los Dux en la Sala del Maggior Consiglio, su imagen fue pintada de negro, con una inscripción en latín al pie que expresaba: «Este es el sitio de Marino Faliero, decapitado por sus crímenes».

Durante el siglo XX, la totalitaria Unión Soviética hizo del pretender borrar a las personas de la historia una práctica habitual. El dictador Stalin prohibía de ordinario y bajo severísimas penas toda mención a sus enemigos políticos, eliminándolos de noticias de la prensa, fotografías y demás registros. León Trotsky, Grigori Zinóviev y hasta el jefe de la policía secreta, Nikolái Yezhov, fueron objeto de ese tratamiento.
Luego de muerto Stalin, tras la condena y ejecución de su asesino preferido, el mandamás de la NKVD -órgano de represión de la disidencia del Estado-, Lavrenti Pávlovich Beria, durante el gobierno de Nikita Jrushchov, se reemplazó su biografía en la Gran Enciclopedia Soviética por un artículo sobre el estrecho de Bering.
De iure o de facto, movida por la búsqueda de justicia o por pura venganza política, la condena de la memoria, lejos de resultar un anacronismo de la historia, pervive hasta hoy en los tiempos y países. Sólo que cambia en sus formas.