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La elección del domingo será clave para conocer los temas que se debatirán a partir del próximo año.
En los más diversos ámbitos, nadie se anima a discutir un triunfo de la candidata del Frente para la Victoria –y actual Presidenta-, Cristina Fernández, en las elecciones del próximo domingo. En el ámbito legislativo el panorama ofrece menos certezas pues no se descarta un importante corte de boletas. De todas maneras, es posible que el oficialismo se fortalezca en el Congreso y, con ello, reúna más fuerzas para llevar adelante algunos de los proyectos que viene proclamando –algunos más explícitamente que otros- desde hace un buen tiempo. Por su parte, la oposición se verá obligada a tejer fuertes y extensas alianzas para lograr el avance de sus iniciativas, una habilidad que hasta el momento no ha demostrado pese a contar con un gran número de legisladores desde finales de 2009.
A pesar de la imagen que proponen los líderes políticos opositores y muchos medios de comunicación, en los últimos años el oficialismo ha sometido varios proyectos de su gestión a la decisión del Congreso. Allí pueden nombrarse, por ejemplo, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el traspaso al Estado de los fondos administrados por las AFJP, la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la movilidad jubilatoria automática, el matrimonio igualitario, la nueva ley de medios de comunicación audiovisuales, la ley de financiamiento educativo y la regulación de la medicina prepaga, entre muchas otras iniciativas.
De acuerdo con los registros parlamentarios, en los últimos ocho años el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso 516 proyectos de ley, de los 357 fueron aprobados. Pese a ello, también sufrió derrotas importantes, como la ocurrida con la resolución 125 –que preveía las retenciones móviles- y los vetos realizados al 82% móvil para los jubilados y a la ley de glaciares.
Iniciativas del oficialismo
Son varios los proyectos que impulsará el oficialismo a partir de 2012. Varios de ellos, sin duda, aluden a la cuestión de la tierra en el país. La Presidenta ya envió al Congreso un proyecto que busca limitar la extranjerización de la tierra y ha reclamado en reiteradas oportunidades su debate. También están en la agenda una nueva ley de arrendamiento y la reforma del estatuto del peón rural.
También aparece en el horizonte un proyecto que ya comenzó a ser debatido en el Congreso, y que no cuenta con el apoyo de las más poderosas cámaras empresarias del país: se trata de la iniciativa para modificar la actual Ley de Entidades Financieras, sancionada en 1977, durante la última dictadura militar. El último proyecto presentado, motorizado por el diputado Carlos Heller, es el que ha tomado más notoriedad pública pero no se descartan negociaciones con otras propuestas para avanzar en la derogación de una de las leyes que más ha distorsionado la economía nacional en beneficio del capital financiero. En ese marco también son posibles otros dos debates, alrededor del actual esquema tributario –también impulsado por la oposición- y de la carta orgánica del Banco Central.
Si bien el Gobierno no se manifestó oficialmente, sectores del oficialismo –vinculados con la CGT- impulsan la idea de avanzar con un proyecto relativo a la distribución de las ganancias empresariales y una iniciativa que propone que las empresas principales sean solidariamente responsables por sus contratistas. También se ha planteado acelerar la sanción de una nueva legislación sobre las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Proyectos de la oposición
Si bien no logró avances sustanciales en los últimos dos años, todo hace prever que la oposición insistirá con algunos de los proyectos que viene trabajando desde 2009, sobre todo si desmejora la situación económica por el impacto de la crisis internacional.
Algunas de esas propuestas son reformar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) –que logró avanzar en una de las cámaras del Congreso-, acabar o reducir las retenciones para granos y oleaginosas, coparticipar de manera plena el impuesto al Cheque o eliminar ese tributo, devolución de 15% de la coparticipación que las provincias destinan a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), entre otras.
