ESCUCHARLa Guerra Civil Española y la suerte de los exiliados republicanos forman parte de nuestras preocupaciones esenciales a la hora de enfrentarnos a la construcción de “nuestra” Historia del Siglo XX.
Cuando, allá lejos y hace tiempo, emprendimos la tarea circunscripta a España, tropezamos con múltiples inconvenientes que fueron suplidos por la colaboración inestimable de historiadores y sociólogos que abrieron su extensa red de colaboración intelectual para aproximarnos a la tragedia. Uno de esos excepcionales pilares fue el inolvidable Javier Tusell (JT) (1945-2005), un sagaz historiador catalán, que dedicó ingentes esfuerzos para dimensionar la notable incapacidad del Rey Alfonso XIII, la sumisión de la Corona al Caciquismo y la tragedia de las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco, resumida en más de 35 libros.
Otra de las preocupaciones de Tusell fue recuperar la memoria de España y encontrar “los papeles de la Guerra”. Tarea que tropezó con la intransigencia de las autoridades regionales que pusieron inimaginables obstáculos para determinar el “estado de los archivos públicos españoles, a muchos años luz de la mayoría de los europeos, a pesar de que éstos tampoco pueden ser calificados como modélicos. La productividad del trabajo del usuario -el historiador- resulta muy inferior en el caso español que, por ejemplo, en el británico. La falta de personal hace que la consulta sea lenta y aún más el servicio de fotocopia. Pero sobre todo los archivos españoles apenas hacen otra cosa que conservar y clasificar lo que ya tienen. No pueden, en cambio, realizar la labor positiva de buscar la nueva documentación con los celos entre las diversas regiones de España.”
El patrimonio documental depositado en el Archivo de Salamanca reúne características especiales, afirma JT. Se trata “de una parte de la confiscación realizada por los vencedores en la Guerra Civil, a medida que iban conquistando el conjunto de España, de aquella documentación que les iba a servir para un propósito represor”.
Como tal, el archivo tiene una difícil justificación en el momento actual: merecería la pena reconocerlo sin más. Pero lo que es también dudoso es que, si los centenares de ayuntamientos, sindicatos y organizaciones políticas incautadas exigen la d lución de sus documentos, eso resulte conveniente desde el punto de vista cultural. Los 507 legajos incautados a la Generalitat tienen una importancia limitada; hay otros que la pueden tener mayor relativos a Cataluña. En cuanto a los papeles privados que han acabado por parar en Salamanca, los hay de lo más variopinto: figuran allí, por ejemplo, los de Ossorio, Martínez Barrio, Lerroux y los del primer lehendakari, José Antonio Aguirre. No se entiende por qué su descendencia o el Gobierno vasco no los han reclamado ya”.
Atento a esos avances se puede afirmar que los papeles que reflejan las operaciones militares de ambos bandos están depositados en los archivos militares, principalmente en Ávila. En estrictos términos, “el archivo de la Guerra Civil está, pues, en esta ciudad castellana y no en la otra. Parecen estar bien conservados y clasificados y proporcionan frecuentes sorpresas como, por ejemplo, información acerca de conatos de disidencia política falangista fácilmente controlados por las autoridades militares. Algunos de los últimos libros importantes escritos acerca de la Guerra Civil han utilizado estos fondos para narrarnos la vida cotidiana durante estos tres años. Todo este enorme volumen de información les sirvió a buenos historiadores militares franquistas (Salas, Martínez Bande…) para elaborar una reconstrucción que hasta el momento apenas ha sido confrontada por la información del otro bando. Sin duda merece la pena someter toda esta documentación a una revisión profunda”.
“El resto de la documentación acerca de la Guerra Civil española, muy importante en volumen, se halla disperso en archivos públicos y privados. No hay un auténtico criterio cronológico o temático que lo justifique en los primeros. En el Archivo Histórico Nacional, actualmente saturado, se incorporaron papeles procedentes de otras entidades públicas, pero también de procedencia privada, aunque los nu s ingresos parecen haberse detenido a comienzos de los años 80. El más importante filón documental fue la llamada Causa de la Cruzada, destinada a convertirse en un corpus documental descriptivo de la barbarie en la retaguardia de los vencidos. Por supuesto, no es imparcial, pero proporciona buena información. Los archivos privados que se suman a este fondo proceden de donaciones privadas o de compra, principalmente de personas de significación izquierdista (Martínez Barrio, general Rojo, Azaña, Araquistain).”
La documentación relativa a la política exterior de ambos bandos está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se conserva bastante completa y es una lástima que haya sido muy poco utilizada por autores extranjeros, probablemente por pura ignorancia.
A veces aparece en ella alguna información de carácter político: por ejemplo, relativa a la posición política de Franco después de la proclamación de la República. Ignoro si seguirá sucediendo así, pero en Presidencia de Gobierno, es decir, a unos centenares de metros del despacho de Rodríguez Zapatero, se encontraban los papeles de la Junta Técnica de Estado, es decir, el primer artilugio administrativo ideado por los sublevados para ordenar su retaguardia y garantizarse impunidad.
