Integración entre empresarios y trabajadores

Cuando hablamos de producir y trabajar utilizando al máximo las potencialidades contenidas en el espíritu emprendedor de empresarios y en la predisposición al esfuerzo fecundo de los trabajadores, no deberíamos bajo ningún concepto permitir que los conflictos resientan las relaciones entre ellos.

Por Luis Esterlizi* – Exclusivo para Comercio y Justicia

Pero sería de ingenuos pretender que de la noche a la mañana los argentinos dejemos de lado las formalidades impuestas por pautas ideológicas que, desde un extremo u otro, buscaron siempre la diferenciación y la lucha de clases antes que la integración y compromisos compartidos para bien del país.

Por ello, las entidades intermedias -en el sostenimiento y defensa irrestricta de sus intereses específicos- deberían tener en cuenta que, por ausencia de políticas públicas consensuadas entre el Estado y las organizaciones intermedias, corre peligro el compromiso mancomunado en defensa del trabajo y la producción nacional. Circunstancia que debería ser superada por decisión de los sectores organizados que con visión estratégica realicen interacciones consecuentes con la superación de conflictos y concertación de compromisos mutuos que resguarden el verdadero sentido de la integración.

El individualismo acecha
No parece fácil ni sencillo que en cada una de las instituciones que concurren al desarrollo de la economía con sentido social se logren superar los moldes históricos de sus acciones después de tantos años de desencuentros y falsedades instaladas que enmarañaron una genuina integración entre el capital y el trabajo de los argentinos. No acordar la complementación entre estos dos factores de poder imposibilita acordar políticas para una distribución de la riqueza con mayor justicia y equidad. La cultura del individualismo es la peor acechanza para su institucionalización.

La trabazón está ligada a la influencia de ideologías caducas que revalidan en primer lugar el concepto de los extremos y luego que éstos jamás podrán unirse, por lo que es imposible concretar acuerdos y pactos liminares. Estas posiciones irreductibles impiden concebir políticas consensuadas entre los sectores. También se suele confundir Estado con gobierno. “El Estado -o sea, la Nación organizada jurídicamente- debe responder a los fines de la ley de continuidad histórica”, por ello persiste más allá de los gobiernos.

Hacia dónde marchar
No puede existir el Estado sin pueblo y éste en su evolución tiende a conformar y organizarse jurídicamente en un Estado, constituyendo Estado y comunidad lo substancial que en el tiempo garantizan la vigencia permanente de leyes y acuerdos esenciales para su razón de ser. A partir de ello, los gobiernos, sin importar el color, deben responder con políticas públicas en referencia a lo establecido por estos pactos trascendentes y preexistentes.

En el tema, que hoy preocupa por la relaciones entre las entidades intermedias y en especial entre empresarios y trabajadores, en las que el capital no es sólo capital ni el trabajo es nada más que trabajo; ambos deben elevar la mirada por encima de las coyunturas, resguardando el verdadero sentido de una asociación estratégica, superando la simple discusión de precios y salarios o las condiciones laborales que, aunque son importantes como parte de la moral, la ética y la justicia devenidas de ambas partes, los debe mancomunar el compromiso de valorar con responsabilidad social, hacia donde sus esfuerzos trascienden, cuando la mayor parte de éstos recaen en beneficio de la sociedad.

Responsabilidad estratégica
Partiendo de los conceptos vertidos que tienen que ver con decisiones que en una verdadera democracia provienen del pueblo, la responsabilidad social se trasunta en la participación que cada argentino, como la que cada sector u organización política, gremial o social asume ante la sociedad porque el futuro de cada uno y del propio Estado está ceñido con el destino del país.

Es por eso que cuando se habla de dialogar para sellar pactos o acuerdos entre las centrales de trabajadores y empresarios, sabemos que el diálogo por si sólo no garantiza que éste deje de ser coyuntural. Se debe definir el verdadero sentido de dichas relaciones, objetivos que se persiguen y también las formas de implementarlo para que el mismo institucionalice una integración permanente y consecuente con un proyecto de país y de comunidad.

Por lo tanto, resulta fundamental que la decisión de las entidades intermedias trascienda los intereses particulares de cada sector y se enmarque como un punto de inflexión que indica un cambio de época, en la que el pueblo argentino, mediante sus organizaciones intermedias abre la posibilidad de participar en las políticas públicas.

Dichos acuerdos se deben consolidar bajo la presencia del Estado como armonizador de las misiones que se asignen, recayendo tal responsabilidad en los funcionarios. Esto significa invertir la pirámide de una democracia que tiene su origen en el liberalismo, en el que la toma de decisiones se concentra en las elites, y darles jerarquía soberana a las decisiones que emanan del pueblo organizado y a las cuales las elites deben servir con idoneidad y sin especulación de ninguna naturaleza.