ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Hace unas semanas charlábamos con un fiscal de la justicia de Córdoba, quien nos comentaba de su preocupación -que compartíamos-, sobre la publicación, tanto en medios de comunicación como en redes sociales de fotos vinculadas a causas judiciales, las que mostraban imágenes de situaciones y/o personas cuyo contenido debía ser mantenido en reserva.
Con ello no sólo se puede violar la privacidad de los fotografiados, sino que también se podrían malograr investigaciones o procedimientos, al darse a conocer imágenes que hacen a la causa y que están protegidas por el secreto de sumario.
La imagen del ex vicepresidente Amado Boudou, descalzo y en jogging, al momento de ser detenido, fue uno de los ejemplos presentes en la conversación. Pero hubo otro tal vez más grave aún:las fotografías y videos que muestran la escena del crimen en el caso de la joven que mutiló los genitales de su pareja y la imagen de este último luego del ataque.
Lo que agrava este tipo de publicaciones, es que las fotos y filmaciones, provienen por lo general de funcionarios, policías, médicos, etcétera, que toman parte de los equipos encargados de iniciar o realizar los primeros pasos procesales.
Por lo general, usando sus teléfonos móviles toman fotografías que luego hacen públicas con las consecuencias dañinas mencionadas. No decimos que todos lo hagan; en realidad son pocos, pero el efecto es grande. Aun cuando muchas veces no exista un deliberado obrar de mala fe respecto a la causa, sino por simple morbo. Pero, en cualquier caso, la violación al deber de reserva en la función es clara y no menor.
¿De qué manera se puede evitar? Hace unos días el matutino La Voz del Interior publicó una nota al respecto sobre la necesidad de buscar soluciones a este problema. En ella se entrevistó a la directora del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, quien manifestó: “Vamos a controlar y a sancionar nuevas faltas. Por caso, a aquellos que saquen fotos con sus celulares de forma ilegal en hechos policiales y divulguen luego esas imágenes, o bien a aquellos que tengan adicciones.”
Esto respecto a la fuerza policial. ¿Y con otros posibles “difusores”? Si son funcionarios, se les pueden iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades y, además, en caso de ser profesionales colegiados, deberían actuar los tribunales de ética de cada colegio.
También es necesaria una respuesta de la Justicia misma. Se deben adoptar medidas que sirvan para evitar o prevenir, y no sólo apuntar al castigo. Por ejemplo, imponiendo protocolos de actuación y de uso de instrumentos tecnológicos en situaciones como las señaladas.
No se puede dudar de la importancia de la tecnología en nuestras vidas y cómo resulta una herramienta por demás útil para las investigaciones judiciales; sin embargo, hay que respetar los carriles debidos.
El tema preocupa y hay que encontrarle solución. Respetar la privacidad de las personas y no entorpecer o dañar una investigación judicial son mandatos que no necesitan demasiada explicación. Honrarlos es parte de la tarea de un buen funcionario o profesional. Y adoptar políticas para prevenir antes que tener que castigar, es el que entendemos el mejor camino para resguardar a los importantes valores jurídicos comprometidos en la cuestión.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas
** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
