ESCUCHARDespués de la caída del presidente Arturo Frondizi en 1962, el “estado de sitio” y el “toque de queda” era la habitualidad. Los gobiernos de facto apelaban a la represión, para arrancar páginas de historia mejor. Por Juan Antonio Castro Torres (*)
La tenebrosa teoría de la “seguridad interior” estaba vigente en casi toda Latinoamérica. Cualquier pretexto era suficiente para detener a ciudadanos, que cometían el terrible delito de pensar distinto al general de turno.
Pero el péndulo del tiempo nos acercó algo de oxígeno republicano. Arturo Umberto Illia, un médico nacido en Pergamino en 1900, provincia de Buenos Aires y cordobés por adopción, llegó a la presidencia el 12 de octubre de 1963, aunque con sólo el 24 % de los votos emitidos. Todavía se mantenía la proscripción del Partido Justicialista dispuesta por los militares.
Mucho antes de ello, cuando se radicó como médico en 1929 en Cruz del Eje, Illia se ganó el apodo de “Apóstol de los Pobres”, por su dedicación a los enfermos sin recursos, viajando a caballo, en sulky, o a pie, para llevar medicamentos que él mismo compraba.
La República se cubrió con una pátina muy fina de vida democrática. Sin estado de sitio, sin persecuciones políticas, sin deuda externa relevante, la Nación amanecía. O por lo menos ese era el sueño, del que en poco tiempo tuvimos que despertar, para volver a desandar la historia.
Entre otros tantos logros, hay que recordar la gestión del canciller Miguel Ángel Zabala Ortiz, que pudo recomponer la alicaída imagen de nuestro país en el concierto de las naciones. Todavía se reconoce como un éxito sin precedente la resolución 2065 del 18 de diciembre de 1965 de las Naciones Unidas que incluyó a las Islas Malvinas en un proceso de descolonización, amén de exhortar a la Gran Bretaña para abrir el diálogo con Argentina.
Illia levantó las restricciones electorales al peronismo, anuló la explotación petrolera por locación, promulgó la ley del salario mínimo, vital y móvil y generó fondos genuinos para la producción. Destinó el 23% del presupuesto para la educación, bajó la deuda pública e impulsó la industria, disminuyendo la desocupación.
Algunos politólogos sostienen que una de las principales causas del derrocamiento del gobierno radical fue la aprobación en 1964 de una nueva Ley de Medicamentos, propulsada por el ministro de Salud Pública Arturo Oñativia. Estableció una política de control de medicamentos para los grandes laboratorios multinacionales, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, con restricciones para los gastos de propaganda, límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior, en concepto de regalías y de compra de insumos.
Fijaba además la obligación para las empresas de presentar declaración jurada, un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes. El instrumento legal tuvo su origen a partir de un estudio realizado sobre 300.000 muestras de medicamentos, porque muchos de estos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un mil por ciento al costo de producción.
Con todo, no hay documentos serios que avalen aquel argumento como causal del golpe de Estado. La realidad indica que mucho tuvo que ver con la caída de Illia la oposición del sindicalismo peronista y también el escenario internacional, dominado por el conflicto entre el capitalismo y el comunismo, generador de la denominada “guerra fría”. El Pentágono prohijó la mayoría de las dictaduras en Sudamérica.
Resulta aleccionador el diálogo entre el presidente Illia y el general Julio Alsogaray que le comunicaba al jefe de Estado su derrocamiento.
-¿Quién es usted? – Interrogó Illia.
-Soy el general Alsogaray y vengo a traer una orden del comandante en jefe….
-Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y usted un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Y le repito que yo soy el Comandante en Jefe y le ordeno salir.
-Si insiste, nos veremos obligados a usar la violencia.
-Ustedes la han usado y la seguirán usando. Yo estoy aquí, no para defender intereses personales, sino por haber sido elegido por el pueblo para defender la ley y la Constitución…- remató Illia.
El derrocado presidente tuvo una sola casa familiar, sencilla y sin lujo alguno, que fue su único bien inmueble, donada por suscripción pública de los vecinos de Cruz del Eje.
En la ciudad de Córdoba, hasta su muerte en 1983, podía encontrárselo como un ciudadano más, departiendo con sus iguales, en cualquier colectivo del servicio urbano de pasajeros.
(*) Periodista y escritor cordobés.
