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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Declaración Universal de los Derechos Humanos
La legisladora provincial del Bloque Peronismo Militante, Nadia Fernández, presentó esta semana un proyecto de ley que pretende garantizar los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de serlo, que contempla la creación de un “Plan Integral”.
En diálogo con Comercio y Justicia, brindó detalles del programa al que consideró “lejos de ser una utopía”.
-¿Se sabe más o menos cuántas son las personas que están en situación de calle?
-La Defensoría del Pueblo de la Provincia ha relevado alrededor de 1.500, pero yo desconozco bajo qué criterios se realizó el relevamiento y cómo se hizo. En realidad, la Municipalidad de Córdoba hace un conteo todos los años, considerando lugares como las plazas centrales de la ciudad, las principales en los barrios, el Parque Sarmiento, las calles céntricas y se estima en situación de calle a aquellas personas que permanecen en esos lugares por un tiempo determinado y no que están de paso por uno o dos días, circunstancialmente, por más que no tengan dónde pernoctar. De acuerdo con este último monitoreo, nosotros consideramos que son alrededor de 600 personas.
-¿Se sabe cómo está compuesto el grupo?
-Sesenta por ciento de ellos son hombres, de los cuales 90% sufre adicción al alcohol y no hace más de diez años que está en esa situación. El resto de los varones ya conforman el grupo de los llamados “linyeras crónicos”. El 40% restante son mujeres que sufren problemas de salud mental, tales como bipolaridad o esquizofrenia. Es decir, es un grupo de personas a las que no les hace falta sólo el alimento y un lugar donde dormir.
-¿En qué consiste este plan integral cuyo proyecto ingresó en la Legislatura?
-El programa busca solucionar la indigna vida que llevan adelante las personas en situación de calle o en riesgo de la situación de calle, y eliminar los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que impiden el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Se prevé que el Plan sea competencia del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas y la Secretaría de Trabajo, los que deberán, entre otras cosas, proveer de refugios y albergues, comedores comunitarios, casas de convivencia (con espacios preparados para promover la socialización), vivienda provisional y tratamientos para quienes padecen enfermedades infecciosas y/o contagiosas, portadores de HIV, alcohólicos, adictos, ancianos y discapacitados.
Vivir en la calle ya dejó de ser un problema exclusivo de los adultos solos. Hoy podemos encontrar niños, jóvenes y hasta familias completas que viven en lugares públicos. Por ende, estas personas son el símbolo más visible de la exclusión y paradójicamente figuran como el último eslabón en la cadena de asistencia tanto del Estado como de la sociedad civil. La gente ha creado temores exagerados que no guardan relación con la realidad de estas personas, generando aún mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Se los califica de pobres, indigentes, mendigos, vagabundos, pordioseros, locos, alcohólicos, drogadictos, delincuentes a partir de su desconocimiento, cuando en realidad son ellos los que viven día a día la violencia de una sociedad que no cuenta con espacios para su desarrollo como seres humanos, como parte de nuestra comunidad.
El proyecto de ley, que será girado a comisiones, en las que se alentará que haya instancias de participación ciudadana -en las que, incluso, puedan expresarse personas en situación de calle-, tiene previsto que el Ministerio de Finanzas de la Provincia realice “las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pleno funcionamiento del Programa de Asistencia Integral de las Personas en Riesgo o en Situación de Calle (tal el nombre). También deberá crearse una cuenta especial para recibir donaciones en general, que serán destinadas exclusivamente al financiamiento de dicho programa”.
-¿Debido a la situación financiera que está atravesando la Provincia, ¿no se pensó en alguna alternativa para la generación de recursos que permitan financiar este programa?
-A mi criterio, Desarrollo Social tiene los recursos necesarios, sucede que tiene programas tan “enlatados” que a veces no sirven para solucionar los problemas existentes. Se necesita mayor flexibilidad y criterio para poder ayudar a la gente en situación de calle. Hay que generar políticas sociales lo más abiertas y participativas posibles y no creo que el ministro del área se oponga a ello. De todas maneras, el proyecto se puede modificar.
-El proyecto también prevé convenios con entidades del tercer sector y empresas privadas para facilitar la implementación de acciones conjuntas. ¿Se ha hecho un trabajo junto con esas entidades?
-De hecho estamos en contacto y la intención es convocarlas para la implementación del plan. Cuando yo estuve participando, en la Municipalidad de Córdoba, de la gestión del ex intendente Luis Juez (con el que luego nos peleamos), durante el último año se crearon dos centros de atención. Uno, que es Sol de Noche, en el que se brinda asistencia sólo nocturna, y el otro, que funciona todo el día y queda en Entre Ríos 333, María Justa, que es el modelo a seguir, debido a que brinda posibilidad de acceder a la documentación (ya que la mayoría de ellos la ha perdido), asistencia médica, capacitación, alimentación. Esto no es una utopía, existe, es real, es decir que la implementación de este plan integral se puede concretar.
