Gobierno, leyes y trampas

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)

La ley hace tiempo que en nuestro país está relativizada. Para eludir su cumplimiento, siempre hay una posibilidad de decir “hecha la ley, hecha la trampa”.

De alguna manera nuestra sociedad se acostumbró a vivir situaciones semilegales y, en esa cultura negativa ante el derecho, fue aceptando que las normas se acatan pero no siempre se cumplen. De alguna manera, así lo había enseñado la tradición hispánica colonial.
Asimismo, esa costumbre ha tenido su lado más oscuro, especialmente cuando el Estado es el que más utiliza esa modalidad de actuación, sin límites, transformándose en un “Estado tramposo”. Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de derecho, ya que éste presupone que se pueda prever el accionar jurídico del Estado, que siempre debe ser constitucional y legal.
Aún más, la situación actual demuestra con crudeza esa modalidad patológica del funcionamiento institucional. Hasta se puede decir que se ha avanzado tanto en la conducta anómala del Estado, que éste a la ley no sólo le encuentra la trampa sino que también a la trampa la termina justificando e, incluso, convalidando por ley o por decretos de necesidad y urgencia.

Lo referido produce entonces una ruptura grave. Gobernantes que juran defender derechos de su pueblo que luego, impúdicamente, no los respetan, y cuando les molesta la ley que los consagran adoptan medidas que los relativizan o anulan. Así, por ejemplo, el Estado por ley se declara en emergencia y no cumple con lo que se ha comprometido a cumplir. Mientras tanto, el Gobierno presiona la comunidad con costos de los servicios excesivos, con impuestos (muchos de ellos confiscatorios) y otras cargas, como si la sociedad no viviera también en emergencia por desempleo, bajos salarios y jubilaciones, inflación, recesión y altos índices de pobreza.
El Estado, en esta situación jurídica enfermiza, llega a desconocer derechos básicos de la sociedad y lo pretende justificar en razones inaceptables, arbitrarias y contradictorias. Por un lado, el Gobierno nacional sostuvo que no se podían discutir las cifras exorbitantes ilegales, injustas y usurarias que se pagaron a los llamados “fondos buitres”, abonando incluso deudas que no correspondía abonar. Además, a representantes de dichos fondos se los hizo funcionarios claves en las tomas de decisiones económicas del país. Pero el mismo Gobierno sostuvo que había que bajar las jubilaciones mediante el cambio de la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria, porque tenía que achicarse el gasto público. O sea, a los “buitres” cabía pagar reclamos ilegítimos pero a nuestros jubilados se los culpabiliza del gasto que significan las jubilaciones. Que les corresponden como legítimos derechos que tienen adquiridos. Aún más: ahora, por exigencia del FMI, hablan de reducir más los beneficios jubilatorios.

El latrocinio del pago a los fondos buitres se presentó como algo fundamental y el presidente Mauricio Macri decía que, de esa manera, el país “ingresaría al mundo”, sin embargo ello ha servido sólo para endeudarnos por enormes montos, con intereses usurarios, cuyos vencimientos son una carga enorme, pero ello no se presenta como afectando el gasto público. Baste pensar que se nos endeudó por 100 años en un préstamo de US$2.750 millones y, desde el 5 de marzo al 25 de abril de este año, en menos de dos meses, el Banco Central se desprendió de US$ 4.100 millones buscando sostener el dólar, para garantizar la “bicicleta financiera”.
En dos meses el Gobierno nos desapoderó de casi el doble de lo que debemos pagar por cien años, con un interés de 7,9%.

Mientras tanto, los medios de comunicación hegemónicos desarrollan una campaña gubernamental en la que sostienen que los derechos laborales son los que impiden el crecimiento de Argentina y que la solución para avanzar pasa por la “flexibilización laboral”, eliminando derechos laborales, en un grave retroceso en dignidad.
Por su parte, el Congreso con su ley de blanqueo de capitales dio inmunidad a los ricos que sacaron los dólares del país y evadieron impuestos y con ello se ahorraron una significativa cantidad de dinero que era del Fisco. Pero el Gobierno nacional todos los días pone en situación de quiebra o cierre a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas (pymes) por impuestos impagos y/o sanciones que les ha puesto la AFIP, sin darles salidas financieras que posibiliten la continuidad de la actividad.

Para unos se justifica todo, hasta el delito, y para otros nada, ni el derecho. Opera entonces la fuerza de la realidad, que tantas veces nos chocó en la frente con la evidencia de que los más fuertes ganan, con derecho o sin derecho.
Manda la realidad en la que una pequeña minoría acumula para sí el fruto del esfuerzo y la riqueza de los argentinos, de espalda a una sociedad empobrecida a la que, cada día más, se la priva de la posibilidad de dignificarse desde el trabajo y la producción.
Viene pues el pánico. Nos aplasta la evidencia de que lo que teníamos en derechos no los tenemos, lo que dicen que tenemos no lo disponemos y lo que disponemos no nos sirve para garantizar lo que necesitamos. Nos percibimos acorralados y rehenes de situaciones que nos desbordan como pueblo.
Aparece entonces la mirada en los jueces, que queremos independientes y respetuosos de la ley, pero a veces el pueblo detecta un Poder Judicial como un tablero de ajedrez en el que, como peones los fiscales y los jueces, responden a la estrategia de los políticos de turno que manejan las piezas, más allá del derecho que corresponde hacer respetar.
Tendremos que prestigiar y hacer respetar la ley a todos, como el elemento de concertación social y civilización en democracia, que debe regular la convivencia, al servicio del bien común, en justicia, igualdad y equidad.
Sólo así habremos restablecido la seguridad jurídica porque habrá leyes y no trampas.

(*) Abogado constitucionalista