Gobernar con el pueblo y terminar con la autocracia y las pretensiones hegemónicas

Por Luis Esterlizi* – Exclusivo para
Comercio y Justicia

“El problema del pensamiento democrático futuro está en resolver y dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo -acentuados sobre sus esencias espirituales- pero con las esperanzas puestas en el bien común”

 

Crisis actual

En 37 años de democracia ininterrumpida, los argentinos fuimos impedidos reiteradamente de participar institucionalmente en la formulación de tesis esenciales,  con lo que se comprobó que en casi todos los gobiernos se impusieron erradas políticas públicas, que  trastocaron nuestras formas de vida, tradiciones y peculiaridades culturales.

Por dichas circunstancias, hemos visto desaparecer, en sectores desamparados, la dignidad del trabajo por incidencia de formas especulativas que tienen el propósito de conseguir servilismos electorales, y en otros, inducirlos a que crean que uno puede salvarse aunque toda la sociedad en su conjunto se hunda en el abismo más profundo de una crisis. 

Institucionalmente muchos reaccionaron hasta llegar a la protesta, mientras se consolidaba un proceso de neta concentración del poder de decisión en los gobiernos que, mediante los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU), resguardan sus concepciones hegemónicas y ponen en situación de crisis terminal el modelo que fue denominado como de democracia participativa.

El Estado -que comprende territorio, población y poderes- hoy es administrado por gobiernos que, en acuerdos con legisladores y concejales -que ya no son los “auténticos representantes del pueblo”-, conforman el oficialismo y la oposición según las circunstancias.

La democracia participativa -que de participativa ya no tiene casi nada- es hoy un modelo de gobernanza en decadencia, no capacitado para superar la profunda crisis ética y moral que conmociona tanto instituciones públicas como privadas, junto a la venalidad de muchos dirigentes.

A partir de esta clara concordancia entre oficialismos y oposiciones se producen los recambios gubernamentales, que sostienen una democracia que los legaliza por medio del voto popular cuando se eligen los representantes, presidente del país, gobernadores de provincias o intendentes de pueblos y ciudades.

La crisis de los partidos producida por el derrumbe de sus estructuras orgánicas y por la desaparición de afiliados y programas de gobierno, facilita la selección de candidatos por  las jefaturas partidarias, lo que le deja al pueblo la alternativa de optar por alguno de los elegidos. Tal hecho le resta legitimidad a este engendro democrático, más allá de la legalidad que le otorga una Constitución anclada en el pasado. 

 

Protagonismo del pueblo organizado

Una sociedad desarticulada, anarquizada y con confrontaciones internas es la que le da consistencia a este modelo que les permite captar, contener y manipular alguna de las divisiones o facciones enfrentadas dentro del continente social.

Al analizar esto, vemos que dichas dicotomías sólo serán superadas por medio de la unidad del pueblo mediante un proyecto de nación y de sociedad elaborado y consensuado no sólo por los gobiernos y los sectores partidarios sino -esencialmente- también por gremios, empresarios, comerciantes, docentes, movimientos sociales, etcétera.

De esta forma, habilitamos el protagonismo de la comunidad como plataforma de un cambio trascendentemente democrático, a partir de la responsabilidad social comprometida por los ciudadanos organizados en instituciones intermedias, quienes exponen sus propuestas por medio de legítimos representantes provistos de la ética y la moral que la hora reclama. 

Así es como el pueblo en su conjunto, mediante las distintas entidades intermedias y las administraciones públicas, consensuarán los aspectos esenciales con equilibrio, armonía y responsabilidad social, asumiendo los compromisos correspondientes que a cada una les corresponda, tanto al sector público como al privado, pensando en el bien común.

 

Necesidad de cambios estructurales

Argentina se encuentra en la situación límite que marca el agotamiento de modelos políticos, económicos y sociales implementados en los últimos 37 años cuando, a partir de 1983, la democracia reemplazó el gobierno de la última dictadura militar, pero no inició el cambio de época que reclamaban todos los argentinos. 

El sentido democrático instaurado, con el transcurrir del tiempo, fue perdiendo el valor supremo, que es la participación y el protagonismo popular, recayendo en el sistema de partidos políticos la totalidad de la responsabilidad de fijar el modelo de gobernanza. 

Paulatinamente, la economía fue ganada por la especulación financiera, que ocasionó un grave y persistente deterioro en el crecimiento económico y en el desarrollo social, fuerte repliegue del sector exportador de las producciones con mano de obra incorporada y pérdida del perfil productivo -sobre todo en el plano industrial y tecnológico-, todo lo cual facilitó un proceso de concentración económica que, al captar la demanda del mercado interno -aún decreciente en su poder de compra-, le sirve como referencia para manejar los flujos de la importación y de la exportación en función de sus propios intereses.

El Estado de derecho se desarticuló por pérdida de la independencia entre los poderes y por concepciones elitistas que, junto al avance de la corrupción política y el desvarío ético de legisladores y concejales que responden a intereses partidarios, coincidieron con el accionar de una justicia comprometida con los recambios electorales de propuestas hegemónicas y antagónicas, que intentan transformar -hacia uno u otro extremo- la política, la economía y la organización social de los argentinos.

Este proceso institucional en decadencia, que incluye la crisis del sistema de partidos, al mismo tiempo amplía la especulación electoral mediante la utilización de las coaliciones, que pueden servir para ganar elecciones pero no para gobernar y solucionar los problemas nacionales. 

Por todas estas causales, el régimen democrático fue perdiendo las garantías de su legitimidad y dio lugar al hecho más gravoso, que es la concentración del poder de decisión en el manejo autocrático por gobernantes y el menoscabo aún mayor del protagonismo social. Abstraídos por las confrontaciones electorales y las ambiciones personales, aquéllos  perdieron la visión estratégica del futuro nacional.

 

Formulación de una hoja de ruta institucional 

 A este escenario de crisis terminal le queda como única posibilidad para superarla, rescatar el rol y las funciones de instituciones y dirigentes para que, junto al Estado, se puedan conciliar los ámbitos para el diálogo y los consensos. No importa cómo se denominen sino que cumplan con los siguientes propósitos:

– Un ámbito de coincidencias esenciales en el que éstas se discutan y consensúen, para plasmarlas en un acuerdo político, económico y social que fije los lineamientos, bases y conceptos que le den forma con claridad a un proyecto nacional de consistencia estratégica. Dicho acuerdo requerirá la firma y el compromiso de los representantes de los tres poderes del Estado, partidos, entidades sectoriales del trabajo y la producción, institutos de investigación tecnológica, educacionales, sociales, etcétera, etcétera. 

– Un consejo nacional pospandemia interdisciplinario e interinstitucional que arbitre las medidas y políticas para atacar de fondo los problemas estructurales políticos, económicos y sociales que viene arrastrando Argentina, más las secuelas generadas por el covid-19, que nos conduzca hacia un plan emergente de reactivación laboral y productiva.

Los consejos económicos y sociales como verdaderos ámbitos de confluencia público-privada para la elaboración de políticas públicas, regidos por disposiciones que permitan ser vinculantes a la toma de decisiones del Gobierno nacional, las gobernaciones e intendencias del país.

Estos ámbitos institucionales y de auténtica integración entre la sociedad organizada y gobiernos constituyen la única posibilidad de superar los enfrentamientos y prejuicios ideológicos o partidarios, poniendo como meta el bienestar del pueblo y la realización en paz y armonía de la Argentina en su conjunto.

Es insoslayable e imprescindible recorrer este camino con la convicción de que podemos integrarnos en los aspectos esenciales que nos unen y desterrar las actitudes de aquellos que pretenden enfrentarnos. 

La ciudadanía, la dirigencia y las instituciones públicas y privadas, en fin la sociedad toda, debemos comprender que llevamos 37 años de frustraciones y realidades ignominiosas y que cada día que pasa en la absurda tarea de dividirnos y enfrentarnos frustramos -al mismo tiempo- la posibilidad de construir un mundo mejor para las generaciones futuras. 

Hoy, como parte de la realidad imperante, los argentinos vemos cómo ciertos dirigentes y funcionarios de la esfera pública son impulsores de permanentes confrontaciones -abstraídos por una muy anticipada campaña electoral-, con las que demuestran actitudes inconcebibles e irresponsables, frente a la angustia y desazón de la sociedad que no termina por entender tanto desparpajo, en el medio de una crisis sin precedentes que amenaza con avanzar hacia un proceso de profunda disolución nacional. 


(*) Presidente del Foro Productivo de la Zona Norte (FPZN)

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