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Tal vez sea hora de que Argentina discuta la creación de un examen de estado riguroso para el ejercicio de la profesión de abogado, como ya han hecho casi todos los países de Europa y algunos de América Latina.
El abogado antes era un hombre de letras (culto). Ya no. Hoy más bien la imagen que predomina del abogado es la contraria: la de una persona con muy poca formación. Para peor: la de una persona que vive de construir pleitos; de generar peleas, confrontaciones. Tal vez sean cara y cruz de un mismo retroceso: menos formación es igual a más pelea. Más formación, más desarrollo. Menos peleas veniales (nuestra cultura política parece absorbida hoy por la banalidad, por las peleas banales). Nuestra vida política decadente no está atravesada por una discusión seria sobre desarrollo y cultura.
El derecho nace con el humanismo. Los abogados no casualmente eran “hombres de letras”, de amplia formación en humanidades. La humanidad (las humanidades) se cristaliza(n), dice Aristóteles, en la idea de justicia. Entre la justicia como idea y las humanidades hay un vínculo directo (con el homo mensura, en Protágoras, está el germen difuso de lo que luego será el derecho de defensa en juicio: éste nace como una cuestión casi literaria, dirá Baudelaire; gran parte del “derecho” nace como una cuestión de “estilo”, de los sofistas, de los presocráticos: como una cuestión de lo que hoy llamamos -con bastante más autonomía- “cultura”, idea que también comparte Emile Cioran). El derecho y la cultura no pueden estar separados. Ser abogado y ser una persona “culta” tienen que volver a ser sinónimos. Muchos de nuestros constitucionalistas más renombrados -como Bidart Campos- eran poetas. Si los abogados no tienen buena preparación (si los abogados son o somos cada vez más ignorantes, cada vez más iletrados), eso impacta de lleno en nuestra cultura institucional y política. Se vacía el derecho pero también se vacía nuestra vida institucional. Se vacía a su vez nuestra idea de la “justicia”. Se vacía nuestra vida política -que viene del griego polis-. Se vacía nuestra “humanidad”. Se vacía nuestro humanismo. Nuestro “derecho”. Esto se puede contrarrestar ahora levantando el nivel de formación de nuestros abogados y abogadas.
En España existe la Prueba de Acceso a la Abogacía; en Italia, un difícil Examen de Estado (tan difícil que muchos abogados italianos van a España a rendir, buscando un examen más “fácil” que les permita a su vez colegiarse dentro de la Unión Europea); en Alemania, se exigen dos exámenes de estado (juristische Staatsprüfung) para ejercer como abogado. En Chile también hay que dar un examen antes de poder ejercer como abogado. En la Argentina, no. Existen cada vez más carreras de derecho en todo el país, pero con un nivel muy bajo. Esto afecta luego el ejercicio profesional, en la forma como los abogados litigan, escriben, demandan. Termina afectando a la abogacía en su conjunto. El piso hoy es muy bajo. Hay que subirlo.
En Colombia, país que cuenta -como Chile- con una Corte Constitucional, el examen de estado para abogados o examen habilitante para ejercer el derecho fue creado en 2018 y será, en muy pocos meses, un requisito indispensable para poder ejercer la profesión, ya que de su aprobación dependerá que el Consejo Superior de la Judicatura (que tiene a su cargo el examen) pueda expedir la tarjeta profesional de abogado; sin ese examen no se podrá ejercer. No bastará con tener título. El examen se empezará a realizar a partir de 2023. La creación de esta evaluación tuvo su fundamento en la valoración negativa que hay sobre la cantidad y calidad de los abogados. Se expiden miles de títulos de abogados en América Latina cada año pero esto no parece estar generando sociedades más justas o más desarrolladas.
En México, es indispensable aprobar antes el examen de acceso a la abogacía, convocado por el Ministerio de Justicia, algo que también sucede en Estados Unidos. En Brasil es menester la aprobación del examen de la orden (colegio), además de no ejercer actividad incompatible con la abogacía, la idoneidad moral y prestar compromiso delante de un consejo.
Argentina no tiene nada de esto. Debería tenerlo para prestigiar la abogacía y consolidar un Estado de derecho, profesionalizando la burocracia y jerarquizando la abogacía pública y también la privada.
El bajo nivel en la formación profesional de los abogados obliga a replantear los modelos de ejercicio profesional. Levantar el nivel puede ser en beneficio de toda la sociedad. Es una forma de contrarrestar la degradación institucional y el vacío de ideas. Es una meta posible, alcanzable, que trasciende la chapucería política y el cortoplacismo.
