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Dijo que tiene esperanzas de que la reforma del Código Civil y Comercial se concrete próximamente. Asegura que la gente está preparada para los cambios propuestos.
En marzo del año pasado, la presidenta Cristina Fernández presentó el anteproyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, que fue redactado por una comisión de juristas.
Recientemente, este tema quedó solapado por la reforma judicial que impulsó el Ejecutivo pero todo indica que se reactivará en el próximo mes y será aprobado -aunque con cambios-.
De visita en nuestra ciudad, la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, uno de los autores de este anteproyecto, dialogó con exclusividad con Comercio y Justicia y defendió los cambios propuestos en esta reforma.
– Hay aspectos del anteproyecto de ley de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial que han sido muy cuestionados, sobre todo aquellos que tienen que ver con la maternidad subrogada, la fertilización asistida y cambios en el divorcio. ¿Cree que se aprobarán estos cambios que ustedes han propuesto?
– Lo primero que tenemos que decir sobre esto es que todas las soluciones a los derechos de familia que hemos incorporado en el anteproyecto del Código Civil y Comercial han tenido muy en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que la Corte Interamericana siempre mira. No van a encontrar ninguna solución a la parte de familia de la reforma que contradiga esa jurisprudencia.
Por otro lado, hay que decir que los derechos humanos con los que nosotros trabajamos en la reforma son los derechos humanos que encontramos en cada esquina, en la escuela, en la familia y son esos derechos humanos los que hemos incorporado.
-¿Cree que la gente común está preparada para esos cambios planteados por ustedes?
– La gente está preparada porque es un código que mira la realidad, es un código que mira lo que nos pasa hoy, no creemos que sea un código para la sociedad dentro de 40 años. Nosotros hemos mirado la realidad y creemos que estamos dando soluciones a los conflictos que hoy tiene la familia frente al derecho y al sistema judicial. En ese marco, nuestra esperanza es que esta reforma pueda salir.
– Con esta reforma se mezclan cuestiones éticas y de moral. Con la fertilización asistida surgen las diferencias respecto, por ejemplo, de qué hacer con los embriones congelados. ¿Cómo se zanjan estas distancias?
– Yo le voy a dar un ejemplo de lo que ha ocurrido recientemente en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la República de Costa Rica.
El artículo 19 del proyecto de unificación que hemos presentado ha sido muy criticado porque nosotros consideramos que los embriones no implantados no son personas; esa postura es la misma doctrina que ha sustentado la Corte Interamericana que condenó a Costa Rica. En ese país, por considerar personas a los embriones, prácticamente se había prohibido la práctica de la reproducción humana asistida. Costa Rica fue condenada por violar los derechos a la vida familiar.
Con esto lo que quiero decir es que nuestro anteproyecto mira la jurisprudencia de estos tribunales (la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que están abordando cuestiones relativas, por ejemplo, al derecho a la vida familiar, que es un concepto amplio, indeterminado, que va cambiando. A mediados del siglo XX, a nadie se le ocurría que un homosexual iba a reclamar el derecho a casarse fundado en ese derecho a la vida familiar, pero hoy vemos cómo en Argentina ese derecho ya está en la ley.
Este derecho indeterminado se aplica con un criterio evolutivo, no mirando qué se entendía cuando se firmó el Pacto de San José de Costa Rica sino qué entendemos hoy por eso. La Corte Interamericana y la Europea han sostenido que no hay un solo tipo de familia y repudian los estereotipos. Bajo esa premisa, en 2012 se dictaron tres sentencias muy importantes, una de ellas en contra de nuestro país.
