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En la cadena de comercialización de los servicios turísticos, usualmente intervienen varios eslabones coordinados, hasta que el “producto” final arriba a nuestras manos como herramienta de ocio y disfrute.
Los afortunados que pueden hacer uso de los servicios de este rubro saben que entre imaginar un viaje y hacerlo realidad existe una brecha abismal, sobre todo al momento de afrontar sus costos aunque ello no les quite la cuota de ansias y ensueño que se genera en consecuencia.
En este bendito país, sumido en un barranco de degradación general, lamentablemente “ocio” y “descanso” son bienes suntuarios pero no por ello el público que los consume debe ser desamparado ni debe dejarse en el tintero la protección de sus derechos.
La frase del político argentino “El hombre es bueno, pero controlado es mejor” da en el blanco al problema que nos ocupa.
Es casi unánime la opinión de que el Estado argentino encastra a la perfección en la teoría del estado “fallido” y que hace uso de la justicia como herramienta de enmienda de lo que previamente malogró por su falta de control.
El rubro turismo no es ajeno a esta realidad. Hace años vio la luz la famosa causa “TN”. En ella, la justicia desbarató una presunta banda delictiva que funcionaba como operador turístico mayorista que, actuando al amparo del “descontrol” de los entes reguladores de la actividad, habría defraudado primero a decenas de intermediarios -léase agentes de viajes minoristas- y, por consiguiente, a sus pasajeros.
Los agentes -con dinero de los segundos- habían abonado 100% de los paquetes turísticos que TN jamás brindó. Después de recaudar millones de pesos y dólares mediante la utilización como puente a los minoristas, la mayorista se declaró en quiebra. Los presuntos responsables están procesados, sin sentencia aún.
Lo particular de este caso fue que varios de los pasajeros en cuestión se encontraban en pleno viaje cuando esto sucedió, y debieron “rebuscárselas”, varados en cualquier parte del mundo. Felizmente, fueron rescatados pero injustamente lo fueron por los agentes minoristas, víctimas también de las maniobras.
Otro actual e igual de trascendente caso judicializado relacionado con el rubro turístico, con mucho en común con la causa TN, es la causa Solways (Gestión y Turismo SRL), en la cual hace pocos días resultaron imputados los presuntos responsables de cuantiosas estafas.
A los imputados se les endilga haber acordado y concretado maniobras ilegales en aras de engañar a agencias de turismo minoristas y a sus pasajeros para que realizaran actos de disposición patrimonial -en perjuicio de ambos- captar dinero en pesos y dólares a cambio de obligaciones (pasajes y servicios turísticos) que, a sabiendas, no iban a cumplir.
Todo con el agravante de que Solways se valió de la pandemia para armar su estrategia y, además, a fines del 2020, solicitó su propia quiebra.
Nuevamente, es innegable que si los entes de contralor y certificación hubieran cumplido con su mandato legal los responsables de Solways no hubieran podido perpetrar los delitos. Pero ello no ocurrió y hoy es la Justicia la que debe “parchar” esa falencia con su intervención para salvar el buen nombre del Estado.
Días atrás, otro mayorista del rubro, Turismo Felgueres, habría sido “atrapado in fraganti” por la Justicia argentina.
¿Y el control estatal? Bien, gracias.
(*) Abogada y escribana. Titular del estudio Zeverin & Asociados
