ESCUCHARPor Exequiel Vergara (*)
Cada 15 de marzo nos brinda una nueva oportunidad para hacer un balance sobre el estado de los derechos de los usuarios y consumidores, ese derecho que abarca al grupo más numeroso posible de personas, porque simplemente todos somos consumidores.
Con la aparición de la pandemia y su derivado la cuarentena, el turismo fue el primer sector en mostrar las consecuencias de la inmovilidad de la gente, con resultados desastrosos para los proveedores (especialmente los pequeños y medianos, como habitualmente ocurre), y una enorme incertidumbre para los consumidores, con problemas que a la fecha todavía no se resolvieron, particularmente en materia de cancelaciones de vuelos a las que las grandes empresas aeronáuticas aplicaron condiciones arbitrarias o directamente omitieron dar curso a los reclamos.
En materia de autoplanes, en la cual las cláusulas abusivas son la regla, los aumentos desmesurados en el precio de las cuotas llevaron a los suscriptores a situaciones límite, de tener que elegir entre seguir pagando el auto o pagar los bienes esenciales para la mantención de la familia. Muchos proyectos, muchas causas judiciales y algunas medidas entusiastas, pero ninguna solución real, y el problema sigue más vigente que nunca.
También los alquileres fueron protagonistas, un año más, de la agenda mediática y política en coexistencia con el coronavirus. Y ese enorme grupo que conforman los inquilinos, consumidores muchas veces negados en su calidad de tales por interpretaciones oxidadas de la normativa protectoria, vio desbaratadas todas sus esperanzas depositadas en la llamada “ley de alquileres”, que tanto está colaborando a complicar la ya de por sí crítica situación del mercado inmobiliario destinado a locaciones urbanas.
Las comunicaciones y los servicios de Internet y cable también fueron noticia por el conflicto que tiene enfrentados al Gobierno y las monopólicas empresas líderes en la falta de inversión y el empeoramiento de la calidad de los servicios.
Y la energía, particularmente en lo referido a la producción de gas, pero sin olvidarnos de la energía eléctrica y la nafta, que siempre está reclamando la atención de los bolsillos, es un problema (posiblemente el más grave de todos) que tampoco pudo ser resuelto por nuestros políticos en todo lo que va del Siglo XXI.
Es tan amplio el campo que abarca el Derecho del Consumidor que sería interminable la enumeración de los problemas en cada una de las actividades económicas que lo comprenden. Pero sí es posible resumirlos detectando un factor común, el enemigo de todos, el problema con mayúsculas: la inflación.
Esta destrucción del poder adquisitivo de los consumidores argentinos, esta evaporación de los billetes producto de la emisión descontrolada de moneda, es sin dudas lo que nos vuelve consumidores imposibilitados absolutamente de una protección realista de nuestros intereses económicos, como “reza” el art. 42 de la Constitución Nacional.
Gobiernos destructores de la moneda nacional poco pueden hacer para defender los derechos que surgen a posteriori de su circulación. Cuántos nuevos proyectos y nuevas leyes, cuántos nuevos códigos y decretos serán necesarios para que finalmente entendamos que sin una economía con equilibrio y credibilidad, la protección del consumidor no es más que una fantasía de académicos y doctrinarios.
Tenemos posiblemente el Código Civil y Comercial más avanzado del mundo en lo que hace a la protección consumeril, pero en ninguno de sus 2.671 artículos figura la mala palabra. En la lógica jurídica, simplemente no existe. En el resto del mundo, apenas si se tiene noticia de ella, salvo por los sectores especializados. En cambio en la realidad de los consumidores argentinos, todo es inflación y nada escapa a su infinito poder destructivo y generador de conflictos.
El día que como sociedad estemos dispuestos a efectivizar nuestros derechos como consumidores será aquel en que pongamos fin a esa maldición que no figura nombrada en las leyes. Y ese mismo día de sinceramiento sería oportuno también para que comencemos a remover todos los obstáculos que impiden hacer frente con seriedad al poder real de las grandes empresas incumplidoras, esas que siempre operan bajo el ala protectora del poder político de turno, y que son lasque se ríen de la Justicia, de sus cortes y, primero que todo, de sus clientes.
* Abogado. Profesor de Derecho del Consumidor. Presidente de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin). Delegado de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Youtube.com/abogadovergara del Consumidor e Inquilino (Adcoin). Delegado de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Youtube.com/abogadovergara
