ESCUCHARPor Carlos Emanuel Cafure (*)
Cuando hablamos de la violencia laboral, nos referimos a una forma de abuso de poder que se ejerce de forma sistemática y que tiene por finalidad someter al otro en el lugar de trabajo (en muchos casos se persigue la renuncia de la víctima).
Presenta distintas modalidades como, por ejemplo, el acoso moral o psicológico, el acoso sexual, y la agresión física.
Cuando hablamos de acoso moral o psicológico nos referimos a toda situación en la que una persona o un grupo de ellas ejerce un maltrato modal o verbal, alterno o continuo sobre un trabajador, buscando desestabilizarlo, aislarlo, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa en su espacio de trabajo.
Cuando hablamos de acoso sexual, nos referimos a toda conducta verbal o física reiterada, con connotación sexual, no consentida por quien la recibe (basada en el poder), que afecta su desempeño laboral.
Cuando hablamos de agresión física, nos referimos a toda conducta que -de forma directa o indirecta- esté dirigida a generar un daño físico sobre un trabajador. La violencia laboral no es un hecho aislado. Es una conducta sistemática y casi permanente, que termina resintiendo la salud de un trabajador, pudiendo llegar, en algunos casos, hasta suicidios.
La República Argentina adhirió, por medio de una ley nacional, al Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia laboral. Si bien es un importante hecho en materia legislativa, hay que resaltar que nuestro país no sólo debería adherir a este importante convenio sino también avanzar en la aprobación de una ley nacional y provincial que prevenga y sancione esta forma de violencia.
En la actualidad, en nuestra querida Nación y en el ámbito provincial, existe un vacío legal específico sobre esta problemática.
Sólo algunas provincias han sancionado leyes locales al respecto como, por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Córdoba sus legisladores se resisten a tratar esta temática. En mi caso, he elevado no menos de 20 proyectos de leyes, ordenanzas, proyectos de leyes provinciales y proyectos de leyes nacionales contra la violencia laboral. Algunos han obtenido apoyos de sindicatos, centrales obreras nacionales y organizaciones religiosas; incluso, uno de ellos, presentado en 2016 en la Unicameral cordobesa, fue declarado de interés general por ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Cuántos proyectos de leyes cuentan con semejante apoyo? ¿Por qué entonces en tantos años Córdoba no logró aprobar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral? En 2024 se debe aprobar la ley provincial contra la violencia laboral.
En mi opinión no se puede seguir con parches, como considero los protocolos existentes, los que en ciertos ámbitos hoy se aplican y que han demostrado sobradamente que no sirven para nada.
Implementar protocolos contra la violencia laboral lo considero una herramienta inútil desde todas las ópticas, para ponerle un verdadero freno a esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
Las herramientas contundentes y de alcance general para la prevención y sanción de estás conductas son las ordenanzas, las leyes locales y una ley nacional contra la violencia laboral.
Como cordobés, estoy convencido de que nuestra clase política tiene la obligación de atender esta cuestión con suma urgencia. Miles de personas se han enfermado, y hay casos de muertes causadas por violencia laboral.
En Córdoba, ya existen antecedentes que son de público conocimiento. Hay que trabajar con urgencia sobre esto, por parte de quienes legislan.
Gracias a la gestiones de algunas legisladoras y algunos legisladores (por ejemplo, Luciana Echeverria, del FIT, y Dante Rossi, de la UCR, entre otros), hemos venido impulsando otros proyectos de leyes de mi autoría contra la violencia laboral para la Córdoba.
Hasta ahora, sólo existió voluntad política de avanzar hacia la aprobación del primer marco legal en esta provincia, que elaboré personalmente (hecho histórico) en la ciudad de Río Ceballos, por su Concejo Deliberante, en el que se aprobó la ordenanza municipal (N° 2625/19), que ya se encuentra debidamente reglamentada por el Ejecutivo municipal, impulsada por el bloque de concejales de la UCR en aquel año.
La política antiobrera que vivimos durante el gobierno macrista y la mirada similar hacia el trabajador que tiene el actual gobierno nacional (y también algunos provinciales) generan una escalada geométrica en los casos de violencia laboral, que padecen miles de activos en todo el país, y Córdoba no está exenta.
Está comprobado por especialistas en temas de salud que la violencia laboral termina ocasionando a sus víctimas patologías físicas y psíquicas y que existen casos de suicidios y de muertes también.
Así lo pude investigar en mi tesis sobre violencia laboral. He escrito dos libros sobre este tema.
Con todo el conocimiento y la experiencia que tengo en ésta problemática obrera, quisiera pedirle a la clase política de Córdoba y a la nacional, que aprueben marcos legales contra este flagelo. Hasta hoy, hay innumerables proyectos de ordenanzas y de leyes que “duermen el sueño de los justos ” desde hace años, en los cajones de varios recintos legislativos, sin tratarse.
De continuar como hasta ahora, seguirá aumentando el número de personas enfermas y/o probablemente también el número de muertes causadas por violencia laboral.
Las iniciativas legislativas sobre la violencia laboral hay que tratarlas, mejorarlas entre todas las fuerzas políticas, y avanzar en sus prontas aprobaciones, no sólo en Córdoba sino también en otras provincias y en el ámbito nacional.
Legisladoras y legisladores: “Desde hace años, el pueblo trabajador se lo demanda”.
(*) Abogado, matrícula profesional 1-39739
