ESCUCHARPor Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)
Reflexionando en mi casa, como no podía ser de otra forma respetando la cuarentena, y justamente dada la pandemia del coronavirus que tenemos tan presente, me gustaría hacer una pequeña comparación.
En realidad, ahora tenemos clara conciencia que existe un virus mundial que mata a las personas y hemos aceptado medidas extraordinarias al servicio de superar el virus. Pero si uno quiere trazar una comparación con lo económico, existe mucha deuda externa ilegítima, odiosa, írrita y usuraria, que es un virus que ha matado, mata y matará gente. Gran parte de esa deuda ha implicado indignidad del pueblo y por ende, la imposibilidad de proporcionar lo elemental como comida, salud y educación a tantas otras necesidades básicas.
Creo que este momento nos obliga a reflexionar sobre las distintas situaciones novedosas que estamos viviendo en materia de legislación, para asumir la problemática todos los días, con instrumentos novedosos.
Pregunto: ¿no habrá llegado el momento también de poner en cuarentena la deuda ilegítima, y transparentarla haciendo una auditoría? ¿Cuánto dinero se trajo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo ha sido usado ese dinero? ¿Quiénes intervinieron? Sin mantos de miedos, sino para dar a conocer, sin tapujos, la problemática y determinar: ¿Cuál es la deuda legítima y cuál no? Para establecer la responsabilidad de quienes intervinieron para concretar operaciones usurarias y ruinosas para el país. O si usaron el dinero legalmente.
¿Quiénes son en definitiva los acreedores de la deuda odiosa e írrita? Habría que hacer un censo de los supuestos acreedores para saber la cepa del virus usurario y sus contagios. Además, para saber que son portadores del virus de la usura y, por tanto, no permitir que se propague o mute.
La firmeza en ese accionar respecto de los virus peligrosos de contagio es un claro ejemplo en este momento. Cabe referir que a esa persona que trajo el virus en Buquebus desde Uruguay a Argentina, obligando la cuarentena de 400 personas, por su irresponsabilidad, a las 24 horas se le trabó un embargo preventivo por U$S500.000 dólares por los daños y perjuicios.
Muchos funcionarios de distintos niveles de gobierno -en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco Nación y otros (omisión de actuar de legisladores y jueces)- han tenido gran responsabilidad en la pandemia de la deuda externa ilegítima y odiosa, e introdujeron un virus que mata el futuro del país y de nuestro pueblo. A ellos, ¿no habría que embargarles sus bienes por mala praxis o complicidad en operaciones contrarias a los intereses de la patria? ¿No cabe que exigirles que rindan cuentas? Tenemos derecho a saber quiénes son las personas y los bancos beneficiarios de los intereses usurarios que se han acordado.
Tendríamos que hacer un análisis del origen de las deudas y de su legitimidad, no para que nos hagan aparecer como un pueblo que nos quiere cumplir con lo que corresponde, sino como una sociedad que se pone de pie para defender lo esencial a su pueblo de los virus económicos y, en esa defensa, analizar la legitimidad de la deuda y todas sus implicancias.
Nadie dudaría en aceptar que se le haga un hisopado para ver si no tiene el virus Covid-19 ¿Por qué no poner en cuarentena a la deuda externa para saber si no tiene el virus de la ilegalidad odiosa y de la usura inaceptable?
Por otro lado, no se tiene idea de las comisiones que se pagan a bancos y a intermediarios para colocar la deuda. Pregunto, atento que muchas de esas operaciones fueron gravemente ruinosas para el país y de una ilegalidad que no corresponde, ¿no cabría exigirles que, fuera del daño y perjuicio, devolvieran las comisiones cobradas?
Si usted fuera a comprar una casa y, con conocimiento de la inmobiliaria intermediaria, esa casa tuviera pésimos cimientos y no se hubiera hecho el sistema cloacal evidentemente rescindiría el contrato, pero también tendría derecho a exigirle a la inmobiliaria, al menos, que le devuelva la comisión de la intermediación (1,5% de la operación a cada parte). Esto que lo vemos normalmente en ese aspecto.
¿No vamos a ejercitar el derecho resarcitorio? ¿No deberíamos saber quiénes son los que hasta este momento cobraron fortunas por una actividad negativa para los intereses del país? Se calculaba que hasta el año 1980 había 1.000.000.000 de dólares pagados en comisiones a grandes estudios jurídicos-contables, a bancos por sus intermediaciones o arreglos con motivo de la deuda externa argentina. Y a ellos, que cobraron, nunca se los ha responsabilizado de nada.
Entonces, en un momento en el cual en Argentina y en el mundo se nos invita a que todos seamos responsables y solidarios, porque hay que evitar que el coronavirus se instale y eso significa la responsabilidad de todos en cumplir la cuarentena, ¿no será momento que pongamos en cuarentena la deuda externa argentina y que entre todos busquemos no pagar lo que no corresponda y reclamar la responsabilidad que cabe a quienes aceptaron acreencias ilegales?
Todo ello, para no afrontar un futuro peor que el coronavirus, sólo por tener que pagar intereses usurarios de supuestas deudas, muchas de ellas ilegales en su origen y/o en su uso. ¿No tendremos que dejar en claro que no vamos a tolerar fondos buitre que se aprovechen de las desgracias de coyuntura y que después tengamos que ir de rodillas a pagarles lo que no corresponda?
Tal vez este período nos obligue a reflexionar sobre ese gran “nosotros” para salir adecuadamente de la cuarentena y a su vez, para que nos pongamos de pie, tanto en Argentina como en otros países, para exigir que el virus de las deudas usurarias, de las deudas ilegítimas y odiosas, no nos robe el futuro y nos mate física y moralmente.
(*) Abogado constitucionalista
