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Edgardo Form, diputado y gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Por Javier De Pascuale / [email protected]
Córdoba renovó este fin de semana el debate en torno al papel que deben cumplir en la actual coyuntura económica las entidades financieras, en un año signado por los coletazos -todavía inciertos en el plano local- de una crisis internacional que sabemos profunda y larga aunque no sepamos todavía con certeza el grado de su profundidad y los plazos de su duración.
A horas de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hiciera uso por vez primera de sus nuevas facultades, fijadas por la reforma de su Carta Orgánica aprobada a fines de marzo por el Congreso Nacional (la semana pasada, la autoridad monetaria estableció topes a las tasas de interés por deudas de tarjetas de crédito, en defensa de los usuarios del servicio para evitar intereses abusivos), una nueva tertulia de la Cooperativa Integral de provisión de servicios de Villa Carlos Paz (Coopi) abordó el debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Entidades Financieras vigente en el país. Se trata de un decreto-ley de 1977 todavía vigente, que en diversos aspectos se enfrenta con el nuevo marco legal de funcionamiento del BCRA y que, por supuesto, requiere de una actualización normativa. El diputado de la ciudad de Buenos Aires Edgardo Form, gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fue el encargado de orientar el debate que en la sede de la Coopi, en la primera cuadra de calle Mariano Moreno de la villa serrana, congregó este viernes más un centenar de personas. Momentos antes de la charla, Form precisó las razones por las cuales desde algunos sectores hoy se impulsa la sanción de una nueva ley de bancos, para “complementar” los cambios acaecidos en el Central.
-¿Qué significó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA?
-Fue un paso de enorme significación y un verdadero cambio sustancial en cuanto al régimen de la actividad financiera, teniendo en cuenta que veníamos con un Banco Central cuya única función era cuidar de la moneda, era su objeto central, único prácticamente. A partir de la reforma se le asignan otros objetivos: contribuir a generar empleo, promover la producción, orientar la actividad financiera hacia el desarrollo económico y social, poniéndolo al servicio de una política económica. Ya no es el Central un ente autónomo, autárquico, aislado, independiente del poder político y de la orientación de la economía.
Sin perjuicio de las bondades de este cambio normativo, hace falta también reemplazar la Ley de Entidades Financieras, que data de la última dictadura cívico-militar, por un marco normativo que complemente esta reforma de la Carta Orgánica y le dé instrumentos de política económica al Gobierno para orientar el crédito, sobre todo en función de la producción.
-¿Cuál debe ser el eje de una ley de entidades financieras?
-Nosotros, por iniciativa del diputado nacional Carlos Heller -quien a la vez es integrante del bloque de Nuevo Encuentro y titular del Partido Solidario-, habíamos presentado hace un par de años un proyecto de ley de servicios financieros pero la reforma de la Carta Orgánica del Central incorporó muchas de esas propuestas, así que ahora vamos a presentar un proyecto actualizado. Uno de los conceptos de esa iniciativa es declarar los servicios financieros de interés público. Esta actividad no es un simple negocio en manos privadas sino que es de interés público porque, como solemos decir, el tema financiero es demasiado importante como para que lo manejen los bancos. Es una actividad de vital importancia, tan importante como proveer de agua a la agricultura o hidratar a los seres vivos.
-¿En qué otros puntos avanza el proyecto, en relación con lo que ya tenemos con la reforma del Central?
-Estamos planteando también determinadas pautas para garantizar competencia y evitar monopolio en el mercado. El BCRA ya incorporó la figura de la defensa del usuario de servicios financieros y nosotros vamos a insistir con esto porque muchas veces los usuarios están desprotegidos frente a determinados abusos que pueden cometer las entidades en materia de tasas de interés, comisiones y requisitos, que terminan afectando el bolsillo de los ahorristas, del usuario. Y finalmente hacemos especial hincapié en los porcentajes de los créditos que deben destinarse a micro, pequeñas y medianas empresas en forma prioritaria y a microemprendimientos, que a nuestro entender deberían representar 50% de las carteras de préstamos que deben tener las entidades.
-En la actual coyuntura ¿cómo están las cooperativas?
-Hay que reconocer que en los últimos años el movimiento cooperativo ha mostrado un renovado impulso, no sólo producto de la madurez de sus dirigentes, de los elencos gerenciales, sino de una articulación que caracterizamos como virtuosa con el Estado nacional por las políticas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social mediante el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), el organismo específico que registra y controla el accionar de las organizaciones de economía social en el país. Este año está consagrado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas y en nuestro país se está llevando a cabo el Congreso Argentino de la Cooperación (CAC), que entre otras cosas tiene la intención de culminar con la presentación de un centenar de proyectos productivos que influyen sobre distintas cadenas de valor, integradas por cooperativas de diversas ramas. El sector de cooperativas de servicios públicos se ha fortalecido, el sector de cooperativas de trabajo ha crecido notablemente… Es decir que hay una perspectiva importante y la iniciativa que encarna el CAC apunta a que, de un proceso de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) que estamos aportando en la actualidad, se pueda crecer en forma notable, es decir generando más valor, más riqueza, más empleo y más bienestar social.
