ESCUCHARSe requieren planes que no sean solamente declarativos sino que se traduzcan en respuestas concretas de políticas y financiamiento
Por Sebastian Waisgrais
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el “Día mundial contra el trabajo infantil”, con el objetivo de movilizar la sociedad sobre este flagelo, incidir en la agenda de las políticas públicas y contribuir a su erradicación definitiva.
Hay al menos dos preguntas claves para entender esta problemática en Argentina. La primera, cuál es la situación mediante evidencia confiable; la segunda, conocer el estado de las políticas para su erradicación.
Para la primera pregunta contamos con dos encuestas nacionales oficiales que midieron la incidencia del trabajo infantil, así como sus principales determinantes y características, realizadas en 2004 y 2017 por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La comparación entre los dos relevamientos establece resultados relativamente alentadores. Para la franja de 5 a 15 años, el trabajo para el mercado se redujo de 8% a 3,8%, el trabajo para el autoconsumo de 9,9% a 3% y el trabajo doméstico intenso, de 9,3% a 4,8%.
Esta reducción se explica principalmente por tratarse de un periodo marcado, en gran parte, por un crecimiento económico significativo, con creación de empleo, políticas activas y consecuentes mejoras en los ingresos de los hogares.
Si bien esta tendencia es una buena noticia, todavía el trabajo infantil y adolescente muestra algunas particularidades preocupantes. Por un lado, las tasas se duplican en el ámbito rural. La categoría que menos se ha reducido, que en la actualidad es la más elevada, es el trabajo doméstico intenso, principalmente de niñas y adolescentes que se hacen cargo del cuidado de sus hermanos y hermanas menores y de adultos mayores.
El trabajo infantil genera además efectos negativos en la asistencia escolar, particularmente en los niños y adolescentes varones que realizan actividades económicas para el mercado y en las niñas y adolescentes mujeres que realizan actividades al interior del hogar.
A modo de ejemplo, en el ámbito rural, las niñas que no trabajan tienen una tasa de asistencia al sistema educativo de 89%, mientras que entre aquellas que trabajan en sus hogares sólo llega a 68%.
El sistema de protección social, en particular por medio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), no termina de solucionar este fenómeno que penaliza a las niñas y adolescentes porque el trabajo doméstico intenso responde, pese a los avances implementados en los últimos años en la definición de un plan y una Estrategia Nacional de Primera Infancia, a la falta de un sistema público de cuidado con mayor cobertura y a normas sociales que refuerzan los roles tradicionales de género.
Con relación a las políticas de erradicación del trabajo infantil, desde 2006 se han implementado tres planes nacionales, una Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y numerosas iniciativas nacionales y provinciales.
Para erradicar este núcleo duro de trabajo infantil todavía se requiere de planes que no sean solamente declarativos sino que se traduzcan en respuestas concretas de políticas y financiamiento, reforzar los mecanismos de articulación de políticas en los ámbitos nacional y provincial así como los mecanismos de regulación y, finalmente, en un contexto de elevada pobreza en el que las cifras del trabajo infantil pueden verse afectadas, generar mecanismos en el sistema de protección social para sustituir los ingresos generados por el trabajo mediante transferencias monetarias.
(*) Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef
