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El problema no es incluir, sino excluir

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Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA)

Con 33 votos a favor, 27 en contra, nueve ausentes y tres abstenciones, Argentina se convirtió en el primer país con matrimonio igualitario de Latinoamérica. Cerca de 15 horas consumió el debate en la Cámara de Senadores, que finalmente le dio sanción a lo que -sin dudas- se transforma en uno de las reformas mas importantes que se introducen al Código Civil argentino, sólo comparable -en su trascendencia-con lo ocurrido hace 23 años, cuando se incorporó la figura del divorcio vincular.

Sancionada la norma, que entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Ejecutivo (lo que podría demandar unos 10 días) comienzan a escucharse las voces disidentes que amenazan con presentar planteos de inconstitucionalidad contra la ley o posturas rígidas de funcionarios públicos, que alegan que no casarán a personas del mismo sexo.

Eduardo Tavani es presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) y fue uno de los férreos defensores del matrimonio entre homosexuales. Precisamente, fue uno de los oradores que defendió la iniciativa en el Senado cuando el proyecto de ley estaba siendo analizado por la Comisión de Legislación General de la Cámara alta. Comercio y Justicia dialogó con el letrado.

-¿Qué balance hace tras la sanción de esta ley? ¿Por qué cree que una parte de la sociedad se pronunció con tanto ahínco en contra de su sanción?
– Yo estoy muy contento, porque nosotros partimos de la idea de que el problema acá no es incluir, sino excluir. Esta ley lo único que hace es ampliar los derechos. Acá no hay daño a la sociedad, como algunos quieren plantear y sí es así, que me expliquen cuál es el derecho vulnerado. Cuando ganan los que vienen a reclamar derechos, ganamos todos, porque ampliamos los márgenes de libertad y de igualdad; es decir, ampliamos los márgenes de la democracia. Lo que hizo el Senado fue terminar con la injusticia y me alegro mucho de que este órgano haya estado a la altura de los tiempos que corren. Yo entiendo a quienes no están a favor de esta ley, entiendo las dudas, puedo entender los prejuicios y también a quienes alegan cuestiones de índole religioso y los respeto. No obstante, tienen que entender que esta es una ley civil de un Estado democrático, no vivimos en un Estado teocrático. Por lo tanto, estoy convencido de que no hay razones jurídicas para negarse a esta norma.

– Sin embargo, los sectores más conservadores afirman que están dispuestos a plantear la inconstitucionalidad de la reforma al matrimonio civil. ¿Hay margen para que una demanda de esa naturaleza prospere?
– Una cosa es afirmar la voluntad de presentar una demanda y otra muy distinta son las oportunidades de tener éxito. Para impugnar una norma con chances de triunfo, hay que superar algunos obstáculos de carácter legal. Quien formule el planteo deberá presentar la demanda en primera instancia y tramitar el juicio durante largos meses o años antes de que llegue a la Corte. Ademas, quien formule esa impugnación tendrá que demostrar cuál es el daño o perjuicio concreto que le produce la nueva ley. Para esto, a esa persona no le bastará alegar que está en desacuerdo con la ley o que la reforma viola sus convicciones morales o su visión de la sociedad. No se puede dictar una inconstitucionalidad sobre un abstracto y, realmente, no me imagino cuál es la afectación que podrían esgrimir quienes hagan estos planteos. No es serio. Lo mismo podría decirse respecto de quien impugne la posibilidad de los homosexuales de adoptar un niño. No bastará con afirmar que dar un niño en adopción a una pareja homosexual puede poner en riesgo físico y moral al menor, sino que deberá demostrarse que esa situación existe, en un caso concreto, de un determinado niño y de un determinado matrimonio.

– ¿Un rápido pronunciamiento de la Corte podría evitar que se multipliquen estas demandas?
– La Corte tiene más de un caso sobre el tema para pronunciarse. Indudablemente, su pronunciamiento servirá de guía, de derrotero para los demás jueces.

-Una jueza de Paz de la ciudad pampeana de General Pico anticipó que no casará a parejas del mismo sexo. ¿Qué opina al respecto?
– Aquí no hay objeciones posibles. Estamos hablando de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. No hay posibilidad de negarse a cumplir con una norma legal. Los funcionarios de los registros y los jueces de la Nación tienen que someterse a lo sancionado, una vez que la ley haya sido promulgada.

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