ESCUCHARPor Carlos Fernando Arrigoni (*)
Desde hace meses los argentinos estamos ocupados y preocupados, con justa razón, por los descalabros de la economía. La inflación, la explosión del dólar y las tasas de interés estrafalarias constituyen un combo que no augura un futuro venturoso. Por el contrario, configura un problema urgente y grave del cual no se sabe ni cuándo ni cómo habremos de emerger.
Pero, bajo esa cobertura, se han producido en nuestra Córdoba hechos tal vez más graves y de consecuencias más profundas porque afectan severamente la concepción institucional imperecedera que deberíamos resguardar, en aras de la supervivencia del Estado de derecho.
El Pabellón
Durante un mes entero un grupo minúsculo de adolescentes, autodenominados “estudiantes autoconvocados”, integrado en el mejor de los casos (no en todos) por estudiantes universitarios, mantuvieron “tomado” –en rigor de verdad, usurpado– el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Ese “colectivo” -como suele denominarse desde hace algún tiempo a cualquier grupo de personas cuyo número, identidad, legalidad, propósito y representatividad se desconoce- comenzó reclamando por un incremento salarial para los docentes universitarios pero, prontamente solucionado ese conflicto, continuaron con su “gesta” -que pretendió emular, según su éxtasis megalómano, la Reforma Universitaria de 1918- en defensa de la universidad pública y gratuita (supongo que también popular y progresista), para terminar requiriendo la revisión del presupuesto universitario, que por esos días ingresaba para su tratamiento por el Congreso de la Nación como parte del Presupuesto nacional. Y, a mayor descaro aún, se reclamaba la rescisión de los acuerdos firmados por el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional.
Así lo hicieron frente a todos, burlándose de las autoridades universitarias, de los propios representantes legítimos de los 120.000 estudiantes universitarios que congrega la UNC, y a cobijo de la indolencia de la Justicia. No les importó perjudicar las actividades científicas, académicas y administrativas que se llevan a cabo habitualmente en el pabellón, como tampoco dejar al concesionario del bar al borde de la cesación de pagos y a sus empleados frente al abismo del despido.
Tan exasperante fue su postura que hasta los medios de comunicación, habitualmente complacientes con este tipo de manifestaciones, terminaron mostrando su repudio.
Sin embargo, nada ni nadie les importó y terminaron abandonando la “toma”, más por cansancio o aburrimiento que por alguna convicción o respeto por algo o por alguien.
La autovía
La ruta nacional 38 recorre todo el valle de Punilla desde Villa Carlos Paz hacia el norte. Es una vía de circulación vehicular colapsada, peligrosa y obsoleta que atraviesa la zona urbana de diversas localidades y ciudades enclavadas a su alrededor. La solución de ese problema de larguísima data, perjudicial por donde se lo mire, fue encarada por el Gobierno de la Provincia a partir de la construcción de una autovía, continuando la denominada “variante Costa Azul”. La obra incluyó la construcción de un gigantesco y magnífico puente sobre el lago San Roque, actualmente en ejecución, y preveía la implantación de la autovía al este de la vieja ruta y sus poblados, con una traza que había sorteado todas las instancias previas de estudios y autorización de los organismos competentes y de las autoridades de los municipios y comunas involucrados.
Pero, cuando se pretendió ejecutar ese tramo de la obra, las autoridades provinciales se toparon con un colectivo ambientalista que, mediante vías de hecho a la empresa constructora, la “obligó” inicialmente a modificar el recorrido a su antojo. Debieron proyectarse nuevos recovecos a satisfacción de los quejosos.
No conformes con ello, utilizando mecanismos de democracia semidirecta, lograron que la Comuna de San Roque revocara la autorización ya dada y cuasi consumada.
El Gobernador de la Provincia, “rápido de reflejos”, según sus apologetas, decidió cambiar completamente la traza, trasladando la autovía al oeste de la ruta 38. Pero hete aquí que las autoridades de los municipios supuestamente afectados por la nueva traza ya han levantado sus voces de cerrada oposición.
Lo cierto es que, a esta altura de los acontecimientos, que se están sucediendo, es probable que la obra se demore o resulte mucho más costosa y antifuncional quee lo previsto. Y en esta hipótesis, el grandioso puente… ¡¡¡bien gracias!!!
Tal vez quede erguido, para regocijo del turismo, como una muestra más de un “elefante blanco” concebido y criado a “costillas” de los contribuyentes.
Algo más
Hace ya algunos años, no muchos, un colectivo acampó y mantuvo obstruido el ingreso de aquello que pretendía ser una planta de elaboración de semillas de maíz, en el camino viejo a Montecristo, justo frente al municipio de Malvinas Argentinas. Ese grupo de personas, que apenas superaba una decena, cuya identidad, procedencia e intenciones nunca fueron reveladas, logró abortar la iniciativa, que reportaba para la Provincia una inversión millonaria y varios cientos de puestos de trabajo durante la ejecución de la obra y, después, con la planta en funcionamiento. Esos sueldos irían a parar principalmente a los alicaídos bolsillos de los habitantes de Malvinas Argentinas, con todo lo que ello suponía para el mejoramiento de la condición económica y social del pueblo.
Otra vez la excusa fueron “razones ambientales” nunca estudiadas ni demostradas con elementos técnicos o científicos.
Esta vez, en cambio, contaron con la complacencia indolente del fiscal actuante quien, en lugar de cumplir con su deber liminar de hacer cesar de inmediato los efectos del delito –el acampe y sus características lo tipificaban–, priorizó lo que, a su modo de ver, era “preservar la paz social”, sin advertir que ese cometido no le compete sino que atañe al Poder Ejecutivo.
Esta vez, en cambio, no se acudió a los instrumentos de la democracia semidirecta porque los habitantes de Malvinas Argentinas –directos beneficiarios o perjudicados por el asunto– jamás fueron consultados. Tampoco se prestó atención alguna a que el por entonces intendente de Malvinas Argentinas había manifestado su satisfacción por el emprendimiento y sus benéficos efectos.
La dictadura de las minorías vociferantes
Más allá de las nefastas consecuencias a la vista, estos episodios puntuales, que tienden a generalizarse, naturalizarse y culturalizarse, revelan para desgracia de la salud de las instituciones de la República que estos grupos minoritarios y vociferantes –porque siempre hay quien esté dispuesto a difundir sus pretendidas reivindicaciones haciéndolos parecer mayoritarios o numerosos– terminan haciendo acatar sus criterios e imposiciones a las amplísimas mayorías que, por contrapartida, aparecen silenciosas o silenciadas.
¿Será porque éstas respetan la ley y se someten a la manda constitucional que les impide gobernar per se y lo hacen exclusivamente por medio de sus representantes (art. 22 de la Constitución Nacional)?
Y hablando de los representes: ¿hasta cuándo seguirán tolerando que los gobiernen y nos gobiernen esas minorías, para no pagar los presuntos costos políticos?
¿Habrán olvidado ellos también los deberes emergentes de sus mandatos y los conceptos de legítima autoridad y respeto a las instituciones?
¿Hasta cuándo seguirán eludiendo “batallas” para no correr el riesgo de perderlas?
De lo que no se dan cuenta los gobernantes y funcionarios de todos los poderes del Estado es de que cuando se eluden las batallas por el riesgo de perderlas, sufren la forma más humillante y pusilánime de la derrota.
Tampoco parecen advertir que su abdicación contribuye a la degradación de la República y del Estado de derecho, en perjuicio de todos quienes habitamos este bendito suelo argentino.
(*) Abogado
