ESCUCHAREl primer planteo contra la exigencia de la vacunación escolar llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos
En los autos caratulados “Klaassen v. Trustees of Indiana University”, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Amy Coney Barrett rechazó el pasado jueves 12 suspender la vigencia de una medida de la Universidad de Indiana que obliga a que la comunidad universitaria se vacune contra el covid-19. Fue la primera vez que la Corte Suprema intervino respecto de tales normas, que no sólo universidades sino también algunas empresas han adoptado por la pandemia.
Se trata de una resolución provisoria, equiparable a resolver en la suspensión de los efectos del acto administrativo en nuestro país, que no sienta precedente respecto de la resolución de fondo a dictarse en el proceso.
En virtud de dicha norma, a partir del próximo semestre de 2021 los profesores, estudiantes y demás personal de la Universidad de Indiana deben estar vacunados por completo contra el covid-19, a menos que estén exentos por razones médicas o religiosas, para asistir a clases y demás actividades universitarias. Los estudiantes exentos deberán usar máscaras y someterse a pruebas de detección de la enfermedad dos veces por semana.
Ocho estudiantes de esa universidad acudieron a un tribunal federal para impugnar la constitucionalidad de la norma, pero el 18 de julio pasado el juez de distrito federal en Indiana, Damon Leichty, rechazó la moción y dijo que la universidad no violaba estándares éticos de la medicina, como alegaban los estudiantes.
Falló en tal sentido que la casa de estudios tenía derecho a seguir «un proceso de vacunación razonable y justo en virtud del interés legítimo en la salud pública para sus estudiantes, profesores y personal». Sostuvo además que los estudiantes que disientan de la norma cuentan con muchas opciones, como solicitar una exención, tomarse el semestre, asistir a clases en línea o cambiarse de universidad.
Los actores acudieron entonces al Tribunal Federal de Apelaciones para el Séptimo Circuito, que abarca los estados de Indiana, Illinois y Wisconsin. Es así que en autos identificados bajo la nomenclatura 21-2326 (7th Cir. 2021), dicho tribunal federal denegó una injunction por estar pendiente una apelación de lo decidido en por el tribunal de distrito. Se trata de una orden judicial para suspender la aplicación de tales normas, similar a nuestras medidas cautelares, hasta que se resuelva el recurso.
El tribunal señaló que las vacunas y otros requisitos de salud pública son comunes, que la universidad ha permitido exenciones y que los estudiantes pueden optar por asistir a una escuela que no tenga ningún requisito de vacunación.
Fue entonces que los ocho estudiantes solicitaron una emergency appeal a la Corte Suprema, solicitando se suspenda la norma en tanto se prosigue con el pleito. “La Universidad de Indiana está coaccionando a los estudiantes para que renuncien a sus derechos a la integridad física, la autonomía y la elección del tratamiento médico a cambio del beneficio discrecional de matricularse” en ella, expresaron en tal presentación. Agregaron: «La protección de los demás no libera a nuestra sociedad del canon central de la ética médica que requiere el consentimiento voluntario e informado».
En el planteo además se solicitaba que el máximo tribunal actuara en el caso antes de este viernes 13 de agosto, por los tiempos comprometidos para exigir la medida que se cuestionaba.
Frente a esto, la jueza Amy Coney Barrett -magistrada responsable en la Corte respecto de las apelaciones de emergencia que provengan del Séptimo Circuito-, si bien podría haber remitido el caso al tribunal en pleno, decidió resolver unilateralmente, en el sentido expresado por los tribunales inferiores, sin comentarios adicionales.
Cabe destacar que Barrett es jueza en el máximo tribunal de Estados Unidos desde 27 de octubre de 2020, nominada por Donald Trump para ocupar el lugar de Ruth Bader Ginsburg. Su anterior función, entre 2017 y 2020, fue como jueza del Tribunal de Apelaciones Federales del Séptimo Distrito.
Después de graduarse en la Universidad de Notre Dame, fue asistente judicial, primero en el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia y luego con el juez Antonin Scalia en la Corte Suprema. Después trabajó, de 1999 a 2002, en el estudio Miller, Cassidy, Larroca & Lewin, de Washington DC, antes de dedicarse a la docencia universitaria.
Hasta ser designada jueza de Apelaciones Federales en 2017, enseñó en su alma mater, la Universidad de Notre Dame, derecho constitucional y procesal federal, obteniendo el premio al Profesor del Año en tres ocasiones.
Respecto al fondo del litigio, existe ya un precedente en la Corte Suprema, “Jacobson v. Massachusetts”, del año 1905, en el cual ésta se pronunció por la validez de exigir la vacunación.
Según The Chronicle of Higher Education, un medio especializado en el rubro, más de 670 escuelas y universidades en el país ya exigen que los estudiantes se vacunen.
“Klaassen v. Trustees of Indiana University” es el primer litigio que llega a la Corte Suprema, pero no es el único. Existen otras demandas similares respecto de las universidades de Connecticut, Massachussetts, Michigan, Colorado y las universidades estatales de California, entre otras públicas, en curso en los tribunales federales. El listado también incluye instituciones privadas como Stanford, Harvard, Duke y Notre Dame.
Un universo litigioso algo extenso como para dar, hoy por hoy, algo por sentado en el tema.
