ESCUCHARUn proceso en Gran Bretaña a quien ya no es rey puede poner en jaque la monarquía española
La monarquía no pasa por sus mejores tiempos en tierras ibéricas. Poco queda de la imagen moderna, democrática y cercana a los corazones de las gentes que Juan Carlos I supo impulsar, sobre todo luego del fallido golpe de Estado de 1981. Su abdicación, entre escándalos de amantes, muerte de animales en safaris y acusaciones de corrupción, lo han dejado en el peor de los sitiales ante la opinión pública.
Se trata de una demanda civil presentada contra el rey emérito Juan Carlos I de España por una de sus antiguas relaciones afectivas, la empresaria alemana de origen danés Corinna zu Sayn-Wittgenstein -más conocida como Corinna Larsen- ante el Tribunal Superior de Londres.
Ingresada a la judicatura británica el 29 de diciembre de 2020, donde reside la presentante, a través de sus abogados James Lewis, Jonathan Caplan y Adam Chichester-Clark, la tramitación judicial comenzó en marzo pasado y sólo se hizo pública a la prensa en julio.
En el libelo introductorio, conforme lo informado en el diario Financial Times, Corinna lo acusa al antiguo monarca, junto con el servicio de inteligencia español, por “acoso” y “espionaje” contra ella en el Reino Unido. Reclama por ello una indemnización millonaria por daños y solicitó asimismo que el demandado no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.
Se expresa en tal escrito que tanto el monarca emérito como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del Estado español, desde el año 2012 la han vigilado, amenazado y difamado.
Es aquí que la cosa puede escalar y en grande: de probarse la participación de agentes de inteligencia españoles en tales actividades, pasaría no sólo de ser un asunto civil a una cuestión con consecuencias en la justicia penal, sino que habría adicionalmente un problema entre los Estados por realizar uno de ellos actividades de espionaje en el territorio del otro. Salvo, claro, que las autoridades inglesas estuvieren al tanto, lo que haría escalar aún más el affaire.
Tales actos implicaban, conforme lo demandado, “un seguimiento vehicular y personal, con allanamientos en las propiedades en la que residía, además de sufrir el hackeo de sus teléfonos y computadoras”, por parte de los espías españoles.
Además, afirma haber sido amenazada por el propio Juan Carlos con que habría consecuencias que “no serían buenas” si no hacía lo que le pedía. En 2012, expresó haber tenido una entrevista con Félix Sanz Roldán -director del CNI entre 2009 y 2019- en la cual, conforme lo presentado, éste le expresó la imposibilidad de “garantizar su seguridad física ni la de sus hijos”.
La actora no hace en la demanda sino encarrilar judicialmente lo ya dicho públicamente en diversas entrevistas e incluso durante su comparecencia como testigo en un juicio en España, por entender que tales actos indebidos se iniciaron cuando terminó su relación con Juan Carlos.
Según el Financial Times, en el trasfondo del caso está un pago de 65 millones de euros, en 2012, hecho por Juan Carlos a la empresaria utilizando fondos que se originaron en un regalo de procedencia no muy clara, de 100 millones de dólares que recibió el entonces rey español del difunto monarca Abdullah de Arabia Saudita, en 2008. Según Corinna, después de que el antiguo rey se lo dio, para “asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran bien” porque le preocupaba que su familia impugnara, luego de su muerte, cualquier cosa que le dejara en su testamento, a posteriori le pidió que se los devolviera y, al negarse ella, la acusó de robar los fondos y la difamó ante su familia y socios comerciales. Esto, según Corinna, le supuso una pérdida de ingresos en su trabajo como “consultora estratégica”, ya que labora con personas de alto poder adquisitivo y con empresas líderes de todo el mundo.
Además de esa devolución de fondos, Juan Carlos le habría pedido que pagara los gastos, unas 200.000 libras esterlinas, del departamento que ocupa en el barrio de Knightsbridge, en Londres, pero ella se negó. Se trata de una propiedad de Juan Carlos, valuada en 50 millones de libras esterlinas, comprada para él por el Sultán de Omán.
Juan Carlos -”Juanito” para los cercanos, o “Don Juanito” entre los más allegados- desde su actual residencia en Abu Dabi, por consejo de su letrado madrileño Javier Sánchez-Junco contrató los servicios del bufete londinense Clifford Chance para que lo represente en el pleito. Sus miembros fueron quienes, en octubre pasado, produjeron la contestación de la demanda: la rechazaron sobre la base de la doctrina legal de la inmunidad soberana. Una postulación jurídica cada vez más en entredicho, tradicionalmente resumida en la expresión latina rex non potest peccare, que sustrae los actos de jefes de Estado del escrutinio judicial.
La consecuencia de ello es la inmunidad de ejecución (immunity from enforcement). El Daily Mail señaló en su edición del domingo 17 de octubre que, conforme los procedimientos judiciales británicos, el siguiente paso resultaría una audiencia de las partes ante el juez para acordar sobre las citaciones de testigos y presentación de documentos a los efectos de probar sus respectivas posiciones. Se calcula que la realización de tales actos puede extenderse a unos 18 meses.
Claro que el argumento de la inmunidad soberana, que debe ser considerada de artículo previo, puede alterarlo todo y traer a tales estrados al mismo Estado español. Un riesgo más de que este juicio, en apariencia un reclamo civil, escale hasta transformarse en un escándalo internacional de proporciones.
