El fraude y la democracia

 Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **

No decimos ninguna originalidad si afirmamos que el mundo y especialmente Latinoamérica están pasando momentos políticos sociales bastante complicados. Chile, Ecuador, Bolivia y -ni hablar- Venezuela son ejemplos claros de que la cosa no viene tranquila. El desafío es salir de este atolladero de la manera más pacifica posible. La pregunta es cómo, sin ser fácil la respuesta. Sin embargo, todo principio de solución pasa por oír y respetar la decisión de los ciudadanos por medio de elecciones libres y transparentes.
La idea de que el poder reside en los individuos, quienes son los que designan a aquellos que los van a gobernar, es una de las ideas políticas más revolucionarias que se han desarrollado. Es que la expansión del principio de soberanía popular fue el inicio de la caída de los gobiernos autoritarios, en su momento las monarquías absolutas. Precisamente las democracias surgieron sobre tal idea.

Y si bien no hay una única manera de definir lo que es la democracia, todos quienes teorizan sobre ella coinciden en que uno de los aspectos constitutivos, sine qua non, es el de poder elegir libremente a los gobernantes. Por lo tanto, entendemos que si hay algo que atenta contra ellas es no respetar lo decidido por el pueblo mediante el voto. En la forma que sea.
Es por ello que no comprendemos ni compartimos la opinión de quienes justifican, en un Estado de Derecho, una salida diferente de la salida institucional. Ni la violencia ni las actitudes golpistas colaboran para encontrar respuestas racionales a los inconvenientes que padece cualquier sociedad.
Decimos esto porque nos preocupa particularmente la falta de condena de muchos actores políticos respecto al fraude (señalado ya por la OEA) en las elecciones presidenciales bolivianas o al incumplimiento del mandato popular en el referéndum previo, -en el cual la mayoría de los bolivianos se opusieron a la reelección presidencial-. Vale recordar que esa decisión popular fue revocada mediante resolución judicial.

Esto que señalamos no es una condena a un gobierno particular, (en este caso al de Evo Morales) sino a cualquier práctica que atente contra la democracia y la decisión soberana de los ciudadanos. Y que estas actitudes, deben ser condenadas provengan del gobierno que provengan, sea de derecha, izquierda, centro o como queramos designarlos ideológicamente.
Desde esta columna siempre hemos condenado cualquier acto que atente contra la institucionalidad, incluyéndose entre ellos, la violencia, los golpes de Estado, la pérdida de independencia de los poderes estatales, y también, fundamentalmente, al fraude en las elecciones y a toda otra forma de violación de la voluntad popular. Cualquier conducta que produzca resultados tales constituye el primero y más grave crimen contra las instituciones y la democracia, y deslegitima todo tipo de reclamo posterior.
Por otra parte, en democracia, siempre las movilizaciones deben ser pacíficas y desarmadas. Caso contrario, estamos ante un turba intimidante, propia del fascismo o el nazismo.
El pueblo tiene muchas formas de expresarse. Pero una sola de concretar su voluntad política: el voto.

De las crisis en las democracias se sale por tanto, de una única manera: votando en comicios limpios. No por intervenciones de terceros, disturbios u otras formas de “acción directa”, incompatibles con un Estado de Derecho o la legalidad del orden jurídico internacional.
Por eso, cualquier intento de desvirtuar ese pronunciamiento popular, en su recuento o privándolo de efectos no puede ser sino repudiado, venga de donde venga. Ya que resulta parte del núcleo duro, innegociable de estar en el campo democrático o no.
Por lo mismo, son cuestiones muy delicadas e importantes, para someterlas al juego político de facciones. Para callarse o dejar de repudiar cuando lo hace alguien afín o resulta conveniente al mantenimiento del poder de algún grupo.
Alguna gente en nuestra Latinoamérica debería tenerlo presente.

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