ESCUCHAR
Apenas a tres meses de asumir el gobierno, el presidente Alberto Fernández debió abocarse prioritariamente a la gestión de una inédita pandemia causada por un virus desconocido, que descolocó sus planes iniciales y lo hizo dar un golpe de timón para fortalecer el sistema sanitario del país y lograr soportar eficazmente el paso de la enfermedad.
Pocos días después de su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, en el que trazó su hoja de ruta, el Presidente debió reformular abruptamente su agenda de gobierno y volcar todos los esfuerzos estatales a combatir los efectos del coronavirus en el país.
A nueve meses de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), que incluyó restricciones inéditas en la circulación, cierre de fronteras y suspensión de clases presenciales, el Gobierno encara el fin de año preocupado por un posible rebrote de casos, posterior al amesetamiento de contagios que se había logrado en las últimas semanas.
A esto se suman las gestiones contrarreloj para que la vacuna rusa Sputnik V llegue al país antes de fin de año y se comience cuanto antes el proceso de inmunización de los trabajadores de la salud, la seguridad y la educación, y la población de riesgo, quienes serán los primeros en ser vacunados.
Luego de que el 3 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, hacia fines de diciembre las cifras trepan a más de un millón y medio de positivos de covid-19 y 41 mil muertos, en su gran mayoría adultos mayores.
Sin embargo, las rápidas medidas adoptadas tras la llegada del virus al país hicieron que, aun en el momento más crítico del brote, el sistema de salud estuviera preparado y con margen para garantizar la atención a todas las personas contagiadas, sin desbordes ni colapsos sanitarios -como se observaron en otras partes del planeta-.
El jueves 19 de marzo, después de una reunión con varios gobernadores, el Presidente anunciaba que desde esa medianoche el país entraba en una cuarentena estricta para mitigar la propagación del virus.
«Las personas deberán permanecer en sus casas y salir sólo para lo necesario», sostuvo el Presidente ese día, en el que anunció drásticas medidas como el cierre de fronteras, restricciones en el transporte público, suspensión de clases presenciales y eventos masivos y el otorgamiento de licencias y trabajo remoto para el sector público y el privado.
Con el lema «Quedate en casa», la comunicación oficial se reforzó para pedir a la ciudadanía que extremara las medidas de cuidado, como el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, la desinfección de superficies y -más adelante- el uso de barbijos y tapabocas obligatorio.
Ante un relajamiento de la población en las últimas semanas, el Gobierno viene solicitando extremar esos recaudos, sobre todo en vísperas de las fiestas de fin de año y el período de vacaciones, que generarán mayor circulación de personas y encuentros sociales.
En los primeros meses de la pandemia, el Gobierno se dedicó a fortalecer el sistema sanitario nacional -luego de que el Ministerio de Salud fuera degradado a secretaría durante la gestión macrista-: se construyeron 12 hospitales modulares de emergencia, se incrementaron las camas de terapia intensiva y se creó un fondo especial para equipar con insumos los centros asistenciales.
Como en el resto del mundo, las restricciones impuestas por la crisis sanitaria comenzaron a causar un gran impacto económico, que el Gobierno nacional buscó minimizar lanzando una batería de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos.
En esa línea, se dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pago excepcional de 10 mil pesos que fue otorgado a personas desocupadas, en economía informal, monotributistas y trabajadores de casas particulares.
Para garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, se dispuso que las empresas prestadoras de servicios como energía eléctrica, agua, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable no pudieran suspenderlos por falta de pago.
En los primeros meses, se debió asistir a los miles de argentinos varados en el exterior, imposibilitados de regresar al país por los cierres de fronteras y cancelación de los vuelos internacionales.
Entre otras medidas económicas, se congelaron en forma temporaria los alquileres y las suspensiones de desalojo por falta de pago, así como las tarifas de servicios públicos de gas y electricidad, se prohibieron los despidos y las suspensiones y se creó el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En abril se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para morigerar el impacto económico de la emergencia sanitaria y contener la merma de la actividad productiva, que comenzó a afectar sobre todo a las pymes.
El programa consistió en la postergación o reducción de hasta 95% del pago de contribuciones patronales, la asignación compensatoria al salario para trabajadores a cargo del Estado, un sistema integral de prestaciones por desempleo, así como la asistencia mediante el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo.
Para sostener los ingresos y fortalecer el derecho de las familias a la alimentación, en abril se dispuso un pago extraordinario a los titulares de la Tarjeta Alimentar, y luego se amplió el monto de la Asignación Universal por Hijo.
Se creó el Programa Argentina Construye, para atender los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento, por medio del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
En mayo, se congelaron las tarifas de telefonías fija y móvil, internet y TV paga, mientras que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) -fundamentales durante la pandemia y el tiempo de aislamiento- fueron declaradas actividades esenciales para la población.
En septiembre, se lanzó el Plan Detectar Federal, con estrategias específicas para atender la situación epidemiológica en cada provincia, según el número de contagios.
En noviembre, el Presidente anunció que se ponía al frente de un comité para diseñar la logística de la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, según la definió el propio mandatario, en una tarea conjunta entre los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad e Interior.
Por estos días, el Gobierno avanza en las «gestiones sanitarias y logísticas» para que una primera partida de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus llegue antes de fin de año al país.
Una delegación argentina encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, e integrada por un grupo de inspectores de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) se encuentra en Rusia con el objetivo de acelerar esas gestiones y empezar la vacunación antes de que termine el año.
El acuerdo con Rusia contempla que se puedan vacunar 10 millones de personas entre los últimos días de diciembre y fines de febrero próximo.
