Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
La semana pasada nos despertamos con el allanamiento de “La Salada”, famosa por ser una de las ferias de venta de mercadería “en negro” más grandes del mundo. No fue una gran novedad por cuanto es públicamente conocida desde hace años, además de saberse que de allí se proveían gran parte de los productos que otros vendedores ofrecen a diario en pequeñas “saladitas” o en ventas ambulantes en distintos puntos del país.
Pero, además, porque el dueño de uno de los módulos en los que se divide el emprendimiento se paseaba por cuanto programa de televisión lo invitara a hablar sobre las bondades del lugar y las ventajas que éste producía para la gente en general y, fundamentalmente, a los más pobres, quienes encontraban allí precios que les permitían adquirir productos que en otros lados les era imposible, o bien se les ofrecía una salida laboral.
Salvo por algunas denuncias públicas o judiciales, muy poca gente, con capacidad de hacerlo, reprochaba tanta ilegalidad. Es más, en algunos casos hasta fueron cómplices porque la existencia de la feria les era funcional a sus intereses.
No podemos discutir que, para muchos -sobre todo los más necesitados-, “La Salada” proporcionaba algunas ventajas, aunque hay que reparar en la fortuna que ganaron “sus dueños” a costa de la necesidad de aquéllos. Precisamente, estos “empresarios benefactores” justificaban situarse al margen de toda norma legal en que gracias a ellos los pobres tenían trabajo o accedían a productos que “legalmente” les era imposible acceder. Vale destacar que ésta es una de las razones que esgrime en su defensa el crimen organizado.
Tampoco nadie refiere al largo camino de ilicitud, cada vez más ancho y profundo, que entrañan este tipo de emprendimientos. Que se inician en violaciones de la ley tributaria y terminan arrasando con el Código Penal, a la par de disputarle el control del territorio al propio Estado. Es decir, a todos nosotros, merced a la corrupción de funcionarios que deberían estar al servicio de la gente y no de llenarse los bolsillos con dinero manchado de sangre o violación de los derechos humanos más esenciales de los más vulnerables.
También es más que discutible que otorguen alguna ventaja real de significación a los sectores económicamente más vulnerables. El provecho de ahorrar unos pesos en un par de zapatillas o ropa en general, lo es a costa de fortalecer un sistema que lo corrompe todo. Las pruebas están a la vista. La Salada lleva décadas de funcionamiento sin que haya traído ningún progreso a la zona inmediata donde se ubica. Tampoco quienes son empleados allí a destajo, sin obra social ni aportes, se han visto promovidos en sus condiciones de vida.
Por no hablar del sistema de corrupción policial, judicial y político que instaura, y que en lo único que redunda es en peores servicios de seguridad, salud y educaciones, ya que los funcionarios del ramo dedican sus energías a mantener ingresos propios en lugar de administrar la cosa pública en beneficio de todos.
Aceptar la existencia de lugares así, con esas condiciones de vida y laborales, es no ver el bosque porque el árbol nos tapa la visión. Justamente la legalidad es el mejor resguardo que pueden tener los menos favorecidos quienes, de lo contrario, se tienen que conformar con las migajas de aquellos que los perpetúan en su pobreza porque son quienes se enriquecen con dicha situación.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
