El empuje invisible del derecho chino

Por Luis R.
Carranza Torres

Las regulaciones jurídicas, entre las transformaciones que experimenta China

Un sexto de la población del mundo vive bajo esas normas; son las regulaciones jurídicas de una de las principales superpotencias de nuestro tiempo. Sin embargo, el derecho chino sigue siendo un gran invisible dentro del mundo jurídico global, pese a su silente transformación. 

La doctora Maria Francesca Staiano, en su artículo “La cultura china: entre tradición e internacionalización”, muestra desde el inicio: “Cuando nos acercamos al estudio del derecho chino tenemos que considerar una cuestión fundamental: la estricta relación entre el derecho, la lengua, la cultura, la tradición y la ideología en la República Popular China. El sistema jurídico chino usa estructuras e institutos que los ordenamientos occidentales no usan y el idioma tiene una importancia fundamental en la comprensión efectiva de eso”. 

Otro dato a tener presente, más allá de la barrera del lenguaje, es que el sistema jurídico chino se inspira en valores culturales tradicionales que se originan en la ética confucionista, llamados Li. Si ellos se contraponen a Fa, la ley positiva, son los primeros los que se aplican frente a un conflicto entre diversas posiciones jurídicas. 

El sistema jurídico chino se basa en tres niveles (leyes, reglamentos administrativos y reglamentos locales, con la constitución como columna vertebral) y siete áreas: leyes civiles, comerciales, económicas, sociales, penales, procedimiento litigioso y procedimiento no litigioso. A estas divisiones se suman las distinciones administrativas del territorio y las peculiaridades jurídicas de las Zonas Económicas Especiales, las Zonas de Libre Comercio, así como de algunos programas de desarrollo económico implementados por el gobierno en determinadas áreas.

Se trata de un verdadero mosaico jurídico que ha sido descripto por Castelluci, en su obra Rule of Law and Legal Complexity in the People’s Republic of China, como de “geometrías variables”, siendo el resultado de una superposición de experiencias históricas y políticas únicas, de hacer convivir principios orientales con prácticas occidentales, y de un sistema político autoritario de partido único con una organización económica cercana al libre mercado, iniciada con la reforma y apertura de Deng Xiaoping. Ellos se encuentran fuertemente conectados con los denominados “valores asiáticos”, recogidos en la Declaración Regional Asiática celebrada en Bangkok en 1993.

Hablando muy en general, el derecho chino se basa en la primacía de los derechos colectivos con respecto a los derechos individuales, de la “armonía social” con respecto a la libertad individual, de los deberes de los individuos para con la sociedad antes que los derechos y garantías de éstos frente al poder, así como en las facultades de control del Estado antes que en la posibilidad de autonomía en las conductas de los individuos.

La Constitución de 1982, todavía vigente, en relación con principios fue inspirada por Deng Xiaoping, buscando adaptar a la realidad de China las mejores experiencias e ideas extranjeras con eje en la unidad nacional, la estabilidad social y las cuatro modernizaciones. Se buscaba con ella la modernización del socialismo chino, tanto desde el punto de vista de la política como del sistema económico, a fin de que “se garanticen las necesidades sociales de las personas”.

Aun los conceptos que para nosotros son claros, tienen una lectura distinta en el ordenamiento chino. La expresión más semejante a “Estado de derecho” en la cultura china se debe al filósofo Confucio, quien habla de “Fǎzhì”, el gobierno por la ley, contrapuesto al “Rénzhì” o gobierno por el hombre. 

Directo heredero de tales ideas es un “gobierno de la virtud” que entiende el “bien común” del pueblo, sus intereses como norte de actividad. Es ese “amor hacia el pueblo” lo que define la procedencia de las medidas del caso, que bien pueden ser sanciones o prohibiciones, tal como un padre estricto haría con sus hijos. 

A medio camino entre el comunismo clásico y el capitalismo, después de la reforma de 1999 la Constitución china expresa que el Estado “gobierna el país conforme a derecho y con la intención de construir un país socialista” (párrafo 1, artículo 5).

Luego de ello, los objetivos del XVI Congreso del Partido Comunista Chino, de 2002, se establecieron en: a) mejorar la democracia socialista y el sistema jurídico; b) gobernar el país mediante el derecho; c) crear una sociedad moderadamente próspera. Su similar XVII, de 2007, apenas pasados cinco años, se impuso la aceleración de la construcción de un país socialista bajo un Estado de derecho. A esta tarea se le asocia, finalmente, en 2010, la de construir un sistema legal socialista con características chinas.

Una consecuencia de ello fue adicionar el Fazhi con algunos elementos de las nuevas tendencias económicas y sociales, sin perder las características chinas tradicionales. Otra derivación de tales directivas fueron otras reformas de la Constitución, la más importante de ellas el artículo 33, en el cual se establece: “El Estado respeta y garantiza los derechos humanos”. Repárese en el enfoque: no son -los derechos humanos- garantías de los individuos sino deberes de actuación del Estado. 

Si todos estos cambios, no menores, conducirán a China a un “Estado constitucional de derecho” o sólo servirán para dotar de respaldo jurídico a una economía dentro de un Estado que seguirá siendo, en lo esencial, tan autoritario como siempre, es una incógnita todavía por develar.

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