ESCUCHARPor Fernanda Vallejos (*)
El ministro Hernán Lacunza presentó el proyecto de Presupuesto 2020, en el que sorprendió su defensa de una política económica que, en menos de cuatro años, más que duplicó la inflación, llevándola de 27% a 55%, sumó –siguiendo la actual metodología del Indec- más de 10 puntos porcentuales a la pobreza, desde 27% a cerca de 40% (tras de la última devaluación), amplió la brecha de desigualdad, elevó en cuatro puntos porcentuales la tasa de desocupación y promovió la precarización; causó, de acuerdo con AFIP, el cierre –neto- de casi 13 mil empresas y –lo más dramático- reinstaló el hambre, al punto que, sólo hasta 2018, según la ONU, 14 millones de argentinos no podían asegurar su alimentación. Todo ello, mientras favoreció una fuga neta de divisas de US$81.000 millones (hasta agosto), financiada con un insostenible endeudamiento que, en moneda extranjera, supera 250% de nuestras exportaciones, generando una grave situación de insustentabilidad que desembocó en el reciente default de los títulos de corto plazo y el proyecto ingresado este jueves que busca dar potestades al Gobierno para reestructurar la deuda emitida bajo legislación nacional.
Lacunza reforzó los preceptos económicos que se buscarían emular en 2020: ajuste fiscal, ajuste monetario, políticas pro mercado, mostrando un relativo optimismo, sin demasiado fundamento económico, respecto de las respuestas del sector privado que supone crecimiento del consumo y las exportaciones. No obstante, el dictamen ciudadano en contra de las actuales políticas, indica que un debate serio sobre el presupuesto 2020 sólo podrá darse con la nueva composición parlamentaria y reflejando la visión del nuevo presidente de la Nación, la cual encuentra en la recuperación de la producción y la generación de trabajo una nueva guía para la política económica.
Tampoco puede dejar de observarse que las estimaciones del gobierno son muy vulnerables: en junio de este año, presentaron el Avance del Presupuesto, y sostenían que la economía decrecería sólo 0,8% en 2019. Sólo tres meses después, recalcularon las proyecciones, y se prevé una caída mucho más profunda, de 2,6%. En materia de déficit, por no hablar de inflación y tipo de cambio, también han sido “malos oráculos”: mientras que, en el presupuesto de 2019, planteaban un equilibrio primario y un déficit de 2,2% financiero, en junio ya reconocían que el financiero se iría a 2,7%, y en septiembre aceptan que el primario alcanzará un rojo de 0,5% y el financiero de 3,8%.
En la propuesta oficial vuelve a primar el ajuste: el gasto primario caería 4,5%, con énfasis en los subsidios económicos (-25,6% real) y las transferencias a provincias (-19,2%). Los salarios caerían un 3,3%, mientras las prestaciones sociales se incrementarían sólo 0,2% real, impulsadas por las actualizaciones fijadas por ley sobre jubilaciones y asignaciones. Los gastos de capital continuarían en retroceso (-14,2% real), especialmente en Energía (-63,4%), Vivienda (-27,4%), Educación (-24,2%) y Agua potable y alcantarillado (-21,5%). La inversión se llevaría apenas 1% del PBI, mientras 3,3% de éste se destina a intereses de la deuda.
Construir un presupuesto equilibrado exige cambiar las prioridades de gestión: frenar la fuga de capitales, dejar de devaluar de forma abrupta, reducir las tasas de interés, desdolarizar las tarifas de servicios públicos, impulsar una política tributaria progresiva y sostener la inversión social y en infraestructura, para impulsar efectivamente el crecimiento.
(*) Diputada nacional por el Frente para la Victoria-PJ. Economista.
