viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

El derecho de autor en cuarentena

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Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva*

La situación de encierro que estamos atravesando durante la cuarentena ha generado que las plataformas digitales de películas y series a las que estábamos acostumbrados se convirtieran en las protagonistas del aislamiento. Ello significó un nuevo desafío para la televisión y su programación, que lentamente está siendo abandonada por sus habituales televidentes.
Y es que las bondades de las plataformas digitales de amoldarse a los tiempos de cada espectador y de mantener el material disponible para el acceso en todo momento han conquistado a más de uno. Frente a ello, las productoras nacionales han generado sus propias plataformas, permitiendo, en su mayoría, que la programación habitual del canal también se encuentre disponible online.
Y pese a ser tiempos de cuarentena, en los cuales la justicia se encuentra casi paralizada en su totalidad limitándose al tratamiento de causas urgentes, los litigios por propiedad intelectual no cesan. El problema lo plantea Polka, la productora de la que forma parte Adrián Suar, que decidió publicar renombrados programas de su archivo en la plataforma de videos YouTube, para que el público pudiera disfrutar de ellos y recrear el tiempo libre en casa.
Pero los responsables de la productora no consideraron que dicha decisión podría ocasionar el malestar de los actores que formaron parte de dichas tiras televisivas de archivo. Una de las publicadas fue Poliladron y uno de los actores del elenco, Federico D´Elía, no tardó en manifestar su malestar por redes sociales. Citó la publicación en la que se anunciaba que Polka publicaría en YouTube sus ficciones más emblemáticas: “Una pena que lo hagan por YouTube y no en la pantalla del canal, de esta manera los actores no vemos un centavo ni siquiera por derecho de imagen”.
En la publicación del reproche el actor arrobó la cuenta oficial de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), que es el único organismo autorizado para gestionar y administrar en forma colectiva los derechos intelectuales de actores y bailarines. Los pagos son obtenidos por parte de los canales de televisión, operadores de cable y salas de cine que al difundir públicamente las obras audiovisuales se encuentran obligadas al pago. Luego los derechos son distribuidos entre los artistas en función de criterios objetivos y proporcionales.
Sucede que la situación de crisis ha golpeado a todos y, entre ellos, también a los actores y músicos, quienes se vieron obligados a cancelar funciones y representaciones por el aislamiento obligatorio. Por ello es que actores argentinos habían solicitado a las productoras de televisión que repitieran ficciones exitosas para obtener, al menos, el rédito por derecho de autor.
Pablo Echarri, quien se desempeña como tesorero de Sagai, replicó el reclamo de D´Elía y agregó: “Sagai está en litigio con YouTube por el pago de derechos. También está en conversaciones con Netflix por el mismo tema.
Este último, mucho más cerca de un arreglo extrajudicial. Solo será cuestión de tiempo. La pregunta es cuánto”. También expresó: “Es una cuestión de ajuste legislativo. La gran mayoría de derechos que recibe Sagai es por cable y aire, y estos cobros se achican día tras día. La solución es lograr incluir a las plataformas digitales”.
Ambos actores se preocuparon por aclarar que la disconformidad es con YouTube, que es quien rehúye del pago de los derechos, y no con la productora.
La reproducción de obras en plataformas digitales es uno de los grandes inconvenientes del derecho de autor en la actualidad, ya que su control es muy complejo y siempre perjudica a los titulares de dichos derechos. Tanto la legislación como la justicia en la materia deben amoldarse a los nuevos paradigmas para intentar dar un marco de contención de mayor solidez, ya que de lo contrario comenzaremos a perder el empeño de grandes artistas que, al verse afectados por la novedad, pierdan el interés de dejarnos disfrutar de su arte.

(*) Agente de la propiedad industrial. (**) Abogada.

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