Por Luis Carranza Torres * y Carlos Krauth **
No somos nada originales si decimos que hemos vivido unas últimas semanas muy convulsionadas. Distintos conflictos han alterado la de por sí sobresaltada vida habitual de los argentinos.
Uno de esos conflictos se ha dado en el seno de las Universidades Nacionales, y puntualmente, en de la de Córdoba; uno que sigue vigente con las tomas de los edificios de distintas facultades y, principalmente, por su valor institucional y representativo, el del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Es muy impresionante, aunque no debiera sorprendernos, constatar el hecho de que nuestros conflictos son tan erráticos como el común de las actitudes de muchos. Lo que inició hace unas semanas atrás ante el estancamiento de las negociaciones entre los gremios y las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación por el aumento en los sueldos de los docentes, reclamo por demás legítimo, luego comenzó a incorporar a otros sectores de la comunidad universitaria y no universitaria. También, a incorporar a los reclamos cuestiones que nada tenían que ver con el inicial conflicto salarial. No pocas de ellas, reclamaciones más testimoniales que producto de hechos efectivos que las desencadenen.
Se habló entonces de que debía defenderse la Universidad en peligro primero y luego que la educación pública en general estaba en peligro. Un peligro que nunca se puntualizó más allá de la aversión ideológica al gobierno del turno. A la huelga docente y suspensión en el dictado de clases se le adicionaron marchas, asambleas y, en algunas Facultades, tomas de sus edificios.
El entredicho salarial se superó y la huelga docente llegó a su fin por acuerdo de las partes involucradas. Pero las tomas siguieron, especialmente la del emblemático Pabellón Argentina. El corazón y el alma institucional de la Ciudad Universitaria pública cordobesa, nada menos. Ahora quienes protestan nada tienen que ver con la reclamación inicial ni tampoco lo que se reclama guarda mucha relación con el ámbito universitario.
En los últimos días, a la protesta de los de adentro que sostienen la toma, se le sumó la protesta de los de afuera: sectores estudiantiles que la rechazan con pancartas como: quiero mi título o quiero estudiar.
Digamos que la toma del Pabellón Argentina no es algo gratuito y perjudica principalmente a los propios estudiantes. Al menos, los que han terminado con sus estudios y que no pueden tener firmados sus títulos ni llevarse a cabo los actos de colación. También, por la falta de funcionamiento de la Secretaría de Extensión, tampoco pueden llevarse adelante las múltiples actividades que la Universidad brinda a la comunidad externa a su ámbito.
Desde los sectores que sostienen la toma se reivindica que ello fue decidido en una “asamblea interfacultades”. Un colectivo fruto de las circunstancias y que no tiene sustento en ninguna parte del Estatuto Universitario. En la última de sus reuniones participaron, de acuerdo con sus organizadores, unas 300 personas. Un número ínfimo frente a los 130 estudiantes de la comunidad universitaria, sin contar profesores o no docentes.
A estas alturas, no pocos, dentro de la misma Universidad, enrostran a los sostenedores de la toma el tener de rehén a un símbolo de la universidad pública y condenarla al inmovilismo por no poder funcionar sus órganos centrales, todo ello en pos de mantener una visualización egoísta de las ideas que pregonan de cara a la sociedad. Se expresa que en el fondo se trata de una acción política no universitaria de grupos que no respetan la institucionalidad sino que quieren imponer sus ideas a la fuerza. Y cuyas acciones terminan perjudicando severamente a esa universidad pública y esa educación pública que dicen defender.
No es poca cosa y, ciertamente, son graves tales puntualizaciones. Una democracia se actúa por sus instituciones. Así como la ley de la selva no es libertad sino todo lo contrario, cuando los grupúsculos de esclarecidos que se sientan sobre medidas de acción directa injustificadas, dando cátedra de cómo debe ser la sociedad y abrogándose su representación y guía, tampoco es ninguna conducta democrática sino todo lo contrario.
Por último, la violencia puede ser activa o pasiva. Y entre estas últimas, no hay peor ni más pérfida categoría que aquella por la cual unos pocos agravian el derecho de la mayoría a desarrollar en paz su vida diaria.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas
(**) Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica