Por Lucas Croce (*)
La enésima crisis económica de Argentina acaba de parir un nuevo programa de emergencia que, bajo el rimbombante nombre de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, dará el marco al flamante primer mandatario, Alberto Fernández, para continuar el ajuste de las cuentas públicas solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), iniciado por el expresidente Mauricio Macri.
Recurriendo a una épica retórica que mezcla convenientemente la crítica herencia recibida, que al kirchnerismo le gusta llamar “tierra arrasada”, con la exigencia de solidaridad “a los que más tienen”, estamos en presencia, en realidad, de una devaluación escondida detrás de un tributo a la compra de dólares, de un desdoblamiento del mercado cambiario, de un impuestazo a la clase media, de un aumento a los derechos de exportación de productos agroganaderos, y de un congelamiento de las jubilaciones del sistema general (ya que jueces, funcionario y ex funcionarios, seguirán actualizando las suyas como si nada hubiera pasado).
En términos económicos al alcance de todos, podríamos explicarlo así: el plan del nuevo gobierno, que tiene como fin loable converger al equilibrio fiscal sin recurrir a la emisión descontrolada de dinero, para luego renegociar la deuda pública con expectativas de éxito, pasa por generar un salto en la recaudación fiscal (vía retenciones a las exportaciones e impuesto a los bienes personales), y redistribuir esos recursos entre los sectores más afectados por la crisis, mientras licúa el gasto social en términos reales, desindexándolo, pero guardándose para sí la potestad de dar aumentos discrecionales, que le reditúen políticamente.
Dentro de pocos días (el paquete de leyes debe promulgarse antes del 31 de diciembre, para que las nuevas alícuotas puedan aplicarse al período fiscal a punto de terminar) comenzaremos a saber si las medidas generan el efecto deseado.
El tan mentado “veranito” de consumo, dado como un hecho hace unos días, ya no se ve venir con la misma claridad, toda vez que, mientras muchos recibirán un alivio en forma de bono de fin de año, tantos otros deberán restringir aún más sus gastos para pagar impuestos más altos.
Los mercados financieros, como no podía ser de otra manera, se movieron durante la semana con importantes niveles de volatilidad. El dólar oficial, como consecuencia del duro cepo, sigue prácticamente congelado; pero el dólar MEP (o bolsa), el contado con liquidación, y el blue o informal mostraron subas respecto de la semana anterior.
Las estrellas fueron los títulos públicos, cuyos precios reaccionaron muy favorablemente a la noticia de que el Banco Central le prestará dólares de sus reservas al Tesoro, a cambio de Letras Intransferibles, para afrontar próximos vencimientos por US$4.571 millones de dólares. Eso ocasionó una baja del riesgo país, que se detuvo el viernes, luego del anuncio de la postergación de los pagos de las letras en dólares (letes).
También las acciones dieron un paso adelante y el S&P Merval, medido en pesos, alcanzó los 38.632 puntos, a 5.870 puntos del máximo previo a las PASO. Medido en dólares (contado con liquidación), el índice cerró el viernes en 528 puntos, muy lejos de los 969 que fueron el máximo anterior a las elecciones primarias de agosto.
El próximo desafío a afrontar por el equipo económico encabezado por Martín Guzmán será avanzar en un acuerdo con los bonistas, en especial aquellos tenedores de deuda con jurisdicción extranjera. Ese duro proceso difícilmente lleve menos de tres meses, y de su resolución dependerá, en gran medida, la suerte económica del Gobierno.
Como se ve, el año 2020 será uno lleno de incógnitas, de no ser por una certeza absoluta: una vez más todo el peso del ajuste cae sobre el sector privado, en especial sobre los sectores más dinámicos y productivos.
Ojalá tengamos suerte, pero ningún país venció la pobreza estructural por ese camino.
*Asesor financiero de DLC Inversiones
