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Ricardo Pérez Manrique, Pte. de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Flia.
“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. La definición corresponde a Ricardo Pérez Manrique, quien en diálogo con Comercio y Justicia comparó la situación de la infancia en Uruguay con la de otros países de Latinoamérica, especialmente de Argentina.
Pobreza, exclusión social, jóvenes que no estudian ni trabajan y una mirada “criminalizadora” de los “menores delincuentes”, parece ser el común denominador de los países “del tercer mundo”.
Para todo ello aparecen soluciones mágicas de sectores que dicen representar la ciudadanía y que hablan -nada menos- que de más cárceles a una edad cada vez más temprana.
Pérez Manrique fue uno de los disertantes en el Segundo Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que se realizó en Córdoba y del que participaron 1.300 personas de toda Latinoamérica. Fue invitado por su larga trayectoria en lo que a infancia se refiere. Actualmente, Pérez Manrique es copresidente de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Familia y, además, juez del Tribunal de Apelaciones de Familia de Uruguay.
Aquí, un fragmento de la charla que el magistrado uruguayo mantuvo con este diario.
-¿Cuál es la situación de la infancia en Uruguay?
– Sobre esto hay que decir que Uruguay está atravesando una situación relativa a la infancia con un cierto viso de complejidad. Además de estar viviendo épocas de exclusión social – propias de estas sociedades contemporáneas-, hay una masa crítica de jóvenes que no estudian ni trabajan y que a veces delinquen e incurren en el consumo de drogas. Si bien desde 2005 se vienen implementando paulatinamente políticas para mejorar esta situación, con algunos resultados interesantes sobre todo en lo que tiene que ver con el combate de la indigencia y la pobreza, todavía falta mucho. Tenemos un predominio de jóvenes menores de 20 años que está en situación de pobreza, por eso se dice muy a menudo que la pobreza se “infantiliza”. Si bien el nuevo gobierno que se eligió el año pasado en Uruguay está tratando de afirmar esas políticas, todavía no ha decidido un rumbo muy claro.
– Habló de chicos que no estudian ni trabajan y que a veces delinquen. ¿Cómo repercute esto en la sociedad?
– En este momento hay un gran clamor por seguridad ciudadana, alentado por los medios de prensa y por sectores opositores. Existe una tendencia a señalar que los grandes causantes de la inseguridad ciudadana son aquellos menores de 18 años. Las cifras del Poder Judicial dan cuenta de que sólo siete de cada cien causas penales que se iniciaron en 2009 en Uruguay son por delitos cometidos por menores de 18 años. Esto quiere decir que -lejos de lo que se cree- la gran franja de delitos son cometidos por los adultos y no por los chicos. Lo que pasa es que los menores cometen delitos que nosotros llamamos de «rapiña»: esto de ingresar, por ejemplo, a un comercio a mano armada y llevarse dinero. Son delitos que generan gran conmoción social porque, generalmente, los chicos actúan de manera descontrolada o con el impulso de las drogas y, frente a la más mínima reacción, generan hechos de sangre. Por supuesto, este tipo de situaciones produce una gran reactividad de la población.
– ¿Y cuáles son las propuestas qué se hace con estos menores?
– Un partido político de la oposición pretende lanzar una campaña nacional con recolección de firmas para modificar la Constitución Nacional uruguaya y bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. El otro partido presentó un proyecto de ley para incrementar la responsabilidad adolescente entre los 16 y los 18 para que si una persona comete un delito penal, los antecedentes pasen a su vida adulta; lo cual es un absurdo y es gravísimo. Hay que destacar que nosotros tenemos un sistema de responsabilidad adolescente en el que se responsabiliza a los chicos de entre 13 y 18 años con un régimen penal especial y, a partir de los 18 años, se aplica el régimen penal de adultos.
– ¿Cuál ha sido la postura que ha asumido el gobierno frente a esta iniciativa?
– No ha habido una decisión clara, ha sido vacilante y, hoy por hoy, son muy pocas las voces que se levantan para decir «no, acá hay un rumbo equivocado”. Se pretende llevar más gente a las cárceles cuando estamos inmersos en un sistema en que el hacinamiento carcelario es brutal y el nivel de reincidencia de las personas que salen de la cárcel es de 70 por ciento. Paralelamente, las estadísticas demuestran que 70 por ciento de los presos tiene menos de 27 años. ¿Qué implica esto? Que estamos buscando una respuesta absolutamente inadecuada que va a llevar a más sufrimiento y que se lleva adelante por razones de conveniencia política. Acá, está claro que con estas iniciativas lo menos que se está haciendo es pensar en soluciones a mediano y largo plazo.
