Educación, pandemia y debate público

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

Como dijimos en otras oportunidades, la dicotomía planteada en razón de la pandemia, salud–economía, es errónea. Se trata de una formulación reduccionista y superficial de una situación mucho más compleja y que pone en tensión diversas aristas.

A estas alturas del devenir de la pandemia resulta claro que el problema que generó del covid-19 fue mucho más amplio que la disyuntiva señalada, ya que se vieron afectados otros derechos y necesidades sociales como la seguridad y la educación.

Justamente, respecto al problema de la educación, si bien está formalmente puesto en la vidriera de las inquietudes sociales, parece considerarse en la práctica, lamentablemente, en un plano un tanto inferior. Como pasaba de costumbre en tiempos normales. Ya es un lugar común en los actores públicos alabar a la educación con frases vacías, generales y difusas que nunca van acompañadas luego de propuestas concretas de cambio o superación de sus problemas.

Desde los inicios de la pandemia no ha variado el enfoque en dicha área, centrado en depositar en la educación remota por medios informáticos casi la totalidad de la respuesta a la crisis. Si bien esta modalidad ha permitido sostener de alguna forma el sistema educativo, dista de poder mantenerse en el tiempo. Mucho menos, de poder reemplazar a la presencialidad en cuanto a eficacia en la formación de los estudiantes en ambientes áulicos y evaluaciones. Corremos el peligro de pretender otorgar, como ha pasado con otras cosas como sociedad, a un parche de ocasión la categoría de solución definitiva. Y por esa senda, vamos mal.

Se calcula que desde el 16 de marzo (fecha en que se suspendieron las clases presenciales), más de 10 millones de estudiantes y casi 900.000 docentes de nivel inicial, primaria y secundaria dejaron de encontrarse en las aulas de las escuelas. A tales cifras hay que sumarles, todavía, la educación universitaria.

Como consecuencia de ello los estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse al uso de internet para sostener de alguna manera la educación. Sin embargo, nos encontramos con el primer escollo para ello ya que como señala un informe de Unicef: “El 18% de los adolescentes entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares. Este valor aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales”.

Esto ha generado, según la misma organización, que quienes no cuentan con estos recursos se enfrenten con mayores problemas para realizar las tareas escolares, para mantener el contacto con los docentes, y para recibir las correcciones de sus tareas. Por no hablar del cansancio y sobrecarga de trabajo que tienen los docentes, muchos también con problemas para acceder a computadoras o conectividad adecuadas.

Por ello, muchos especialistas en educación han planteado la necesidad de volver a las aulas (siempre cuidando al máximo evitar los contagios), llegando a señalar que el año escolar está perdido o puede llegar a perderse. Con relación a la vuelta a las clases presenciales, hay voces autorizadas en el mundo que ven como posible el llevarlo a cabo.

Por ejemplo, Martin Kulldorff, epidemiólogo de Harvard, ha señalado que no hay razones científicas para seguir manteniendo las escuelas cerradas, poniendo como ejemplo los países en los que se siguió o se retomó el dictado de clases (Suecia, entre otros), en los que los niveles de contagio en alumnos y docentes ha sido extremadamente bajo. Sin embargo, plantear cosas así parece transformar a quien lo afirma en un enemigo público al que no le importa la salud de los demás. Otro falso dilema.

Nada va a mejorar en nuestra sociedad, si no podemos discutir libremente los asuntos de la vida pública.

En el fondo, lo que subyace a todo esto es la imposibilidad o al menos la dificultad de plantear debates serios sobre qué camino a seguir, en los que se puedan expresar y, fundamentalmente, ser escuchadas todas las voces, sin considerar como enemigo a quien opina diferente.

Ser abiertos a discutir las cuestiones sin etiquetar para mal al otro no es algo optativo en una democracia. Además, resulta algo mucho más necesario en tiempos de pandemia en que la expresión pública está ya, de por sí, severamente limitada por las circunstancias del aislamiento.

Nada va a mejorar en nuestra sociedad, si no podemos discutir libremente los asuntos de la vida pública. La raíz de muchos de nuestros males está en la incapacidad o la negación de discutir ideas. Muchos actores públicos prefieren, en lugar de eso, descalificar, recurrir a lugares comunes o patear al córner el tema.

No hay mejora social posible ni calidad democrática, con poder sólo expresar ideas polémicas o distintas del pensamiento mayoritario o establecido. Se requiere que también ellas sean atendidas, consideradas desde todos los puntos de vista, ya sea para aceptarse, rechazarse en parte o descartarse in totum.

La libertad de expresión implica discusión sana y de calidad de las ideas. Es lo que impide que los gobiernos o los poderosos privados de turno controlen nuestros pensamientos o limiten nuestros actos. Y en tal sentido, no hay en el presente discusión más necesaria por dar que lo referente al camino a seguir y las opciones disponibles en materia educativa. Algo tan central para nuestro futuro, como las medidas de manejo sanitario de la pandemia. Aun cuando pocos, por obra de esa otra pandemia crónica argentina de la coyuntura cortoplacista, lo vean de esa forma.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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