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El Senado nacional discute un proyecto que establece la exigencia a las grandes firmas de medir el impacto social y ambiental de sus acciones. Otros distritos recorren el mismo camino, mientras en Córdoba la cuestión se topa con obstáculos en el Gobierno provincial.
Dos provincias argentinas avanzan con proyectos de establecer exigencias de elaboración de balance social en sus empresas, mientras en Córdoba iniciativas similares duermen el sueño de los justos. Efectivamente, mientras la provincia de Mendoza acaba de aprobar una ley de responsabilidad social que obliga a las empresas a incluir en sus memorias y balances el impacto que ejerce sobre la sociedad su acción productiva, económica y laboral, la Legislatura jujeña analiza una iniciativa similar.
Ambas provincias se encuentran gobernadas por representantes del Frente para la Victoria, fuerza que impulsa en el Senado nacional una ley de balance social que fue ingresada a mediados del año pasado. La ley mendocina, Nº 8488 de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), es la primera norma en su tipo en todo el país y promueve la creación y la publicación de un balance social y ambiental empresarial.
Este reporte de sustentabilidad es una herramienta que las entidades utilizan para medir y comunicar su impacto económico, social y ambiental a todos los públicos con los que la empresa trabaja.
La norma provincial fue aprobada en noviembre de 2011 y comenzó a regir un mes después. Consta de sólo 18 artículos, que establecen la obligatoriedad del balance social para toda empresa que cuente en su planta de personal con más de 300 trabajadores (grandes empresas) y que abren la posibilidad de que el resto de las pymes mendocinas (unas 23 mil) adhiera voluntariamente a ella.
Tras definir la RSE y las condiciones que debe reunir un balance social, remitiendo al Global Reporting Initiative (GRI), la norma crea en el ámbito provincial un índice de RSE y las exigencias para que una empresa ingrese a éste, mediante la obtención de un certificado de empresa socialmente responsable.
Pero el gobierno mendocino no se conformó sólo con esa ley. Una mesa intersectorial se encarga del monitoreo del nuevo programa creado a partir de ella, incluyendo actualización del marco regulatorio así como de la modificación de algunos artículos de la ley que deben ser ajustados.
Forman esta mesa de trabajo el ministro provincial de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg; representantes mendocinos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; de la Asociación Ejecutivos; de la Federación Económica; del Consejo Empresario; de la Unión Comercial e Industrial; del grupo Sancor Seguros; de universidades públicas y privadas y de Valos, una organización cuyana referencial en materia de RSE.
En Jujuy
La Legislatura jujeña analiza, por su parte, un proyecto de ley asumido por el bloque mayoritario del Frente para la Victoria, pero que viene impulsado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas local. Recientemente, el vicegobernador de la provincia, Guillermo Jenefes, se reunió con miembros del colegio profesional de contadores y administradores encabezados por su presidenta, Blanca Juárez, quienes presentaron y detallaron los antecedentes del anteproyecto de ley referido al Balance Social. Al término del encuentro, Juárez expresó a la prensa que la “intención es avanzar sobre el tema de Balance Social, un proyecto que se viene trabajando a nivel nacional desde nuestra federación, acompañando lo que es responsabilidad social empresaria, que entendemos es un tema muy complicado y sensible en la sociedad”, expresó.
Juárez sostuvo que “el Balance Social es un análisis que se hace a partir de los estados contables, donde nosotros dictaminamos habitualmente por una cuestión de incumbencia, pero actualmente la intención es analizar el impacto que tiene la empresa en el medio en que se desempeña, no sólo con el impacto en el medio ambiente, sino con la cuestión interna, del compromiso que tiene la empresa para con el recurso humano que depende de ella y el impacto y vinculación que tiene con la sociedad”, informó.
La iniciativa tomó estado parlamentario y fue girada a las comisiones de Finanzas y Economía, que se comprometieron a convocar a audiencias abiertas sobre la cuestión, para el perfeccionamiento del instrumento legal antes de su aprobación.
¿Y Córdoba?
En tanto, en Córdoba el tema ha sido tomado también por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ha realizado presentaciones y capacitaciones diversas sobre esa problemática. En la Legislatura provincial, tras la efímera vida de un proyecto de Ley de Responsabilidad Social que supo ingresar el ex legislador Pedro Ochoa Romero, que no logró el respaldo de sus pares, la titular de la Comisión de Industria y Minería, Nancy Lizzul, impulsó a instancias de la Cámara de Industriales Metalúrgicos una iniciativa en esa línea, que se topó con la negativa del Gobierno provincial a ceder cualquier beneficio a empresas que certifiquen RSE. Esa negativa abortó el proyecto de ley antes de su presentación formal.
Mientras tanto, Córdoba y sus miles de empresas deberán esperar para tener una norma de balance social o de RSE.
