"Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario público corrupto"

Se reanuda hoy en Córdoba el juicio por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo. El funcionario judicial Antonio Gustavo Gómez asegura que este caso sentará precedentes y servirá para que muchos “pongan las barbas en remojo”.

“Cuando tenía 29 años y me nombraron fiscal federal en la provincia de Chubut, me encontré, a los pocos días de asumir, con una gran contaminación de petróleo que afectó unos 17.000 pingüinos. En esa oportunidad recuerdo que, para los chubutenses -que éramos muy pocos- era normal que el petróleo afectara nuestras costas pero vinieron muchos extranjeros a filmar, a tomar notas y nos decían: ¿la Justicia no hace nada? ¿qué pasa con la Justicia? Y como escoba nueva barre bien y yo estaba recién designado, propuse empezar una investigación. Así lanzamos la primera averiguación con apoyos importantísimos de organizaciones no gubernamentales. Hicimos un buen trabajo en función de prueba y error porque nada estaba escrito en el país en ese momento. De ahí en más, me comprometí a investigar a fondo los delitos ambientales”.

Así relataba a Comercio y Justicia el fiscal General en la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, sus primeros pasos como funcionario judicial y su especial interés en el medio ambiente. Tras más de 30 años de trayectoria y unas 200 investigaciones penales en la materia, Gómez se refirió al primer juicio por fumigaciones clandestinas en barrio Ituzaingó Anexo que se reanuda hoy en Córdoba.

– ¿Qué opinión le merece este juicio que se realiza en Córdoba por fumigaciones clandestinas?

– Es ejemplar, la actividad del fiscal de Instrucción, Carlos Matheu, ha sido modelo. Hay que tener en cuenta que este tipo de delitos, donde los intereses económicos y de funcionarios corruptos están del mismo lado, son muy difíciles de investigar. Yo tengo un axioma que siempre repito: «Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario público corrupto». Creo que este juicio sirve para que muchos funcionarios pongan las barbas en remojo; sin dudas esto produce un efecto positivo y a este caso lo vamos a recordar como el puntapié inicial para terminar con las fumigaciones clandestinas.

– ¿Por qué es tan complicado que las causas por delitos ambientales lleguen a juicio?

-Ocurre que los delitos ambientales son los más difíciles de investigar, incluso más que los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura o los económicos. La razón no es otra que el dinero en juego: hoy en el mundo se hace dinero contaminando y mientras más se contamina más dinero se obtiene. Con ese dinero estas empresas pueden comprar voluntades y esto genera sin dudas una impunidad increíble.

Creo que la falta de investigación o de juzgamiento de los delitos ambientales no tiene que ver con que el Código Penal no contemple figuras penales que pueda alcanzar a quienes contaminan, lo que hay es falta de acción. La ley 24061 es muy importante y lo que se debe hacer es aplicarla antes de pensar en cualquier reforma del Código. Los argentinos nos caracterizamos por ignorar las leyes y rápidamente pedir que se cambie el Código.

-¿No cree que la Corte Suprema avanzó mucho en la concientización de lo que significan los delitos ambientales?

– Sin dudas, la Corte ha dado pasos muy importantes en materia de delitos ambientales sobre todo en lo que a prevención del daño se refiere pero no está haciendo nada sobre derecho Penal Ambiental. Nunca ha girado una causa ambiental a la Procuraduría bajo el precepto de que se puede estar cometiendo un hecho ilícito. Creo que esto tiene que ver con el perfil que tienen en la materia. Hay quienes creen que el derecho Penal no puede proteger el medio ambiente y que hay otras herramientas como la administrativa o la aplicación de multas. Otros, entre los que me encuentro, piensan que lo único que sirve para terminar con los delitos ambientales es la cárcel. Las multas ya no sirven de nada, las empresas multinacionales pueden pagar multas millonarias y seguir contaminando.

-En ese marco ¿cómo evalúa que estamos respecto de otros países de la región?

– Muy mal. Estamos en una situación crítica. En Brasil hay 700 fiscales dedicados a la investigación de los delitos ambientales; un país pobre como Paraguay tiene a un cuarto de sus fiscales dedicados a esta materia.

-¿Argentina debería tener fiscalías especializadas para la instrucción de estos delitos?

– Creo que lo que tenemos es suficiente para investigar, al menos para esta primera etapa. Después, cuando contemos con profesionales especializados, podríamos pensar en esto pero lo importante es que aumenten las causas y que se investiguen.

– ¿La gente denuncia poco, los fiscales instruyen poco, cuál es el problema?

-Antes, la gente no denunciaba pero ahora cada vez hay más conciencia del ambiente. Ocurre que la gente es escéptica respecto de los resultados y se desmotiva. No obstante, cada vez más se da el fenómeno de los ciudadanos que siguen en persona las denuncias y exigen a la Justicia que actúe. Yo siempre digo que la administración de Justicia es demasiado importante para dejarla en mano de los abogados o los fiscales. Los ciudadanos han entendido eso y actúan en consecuencia.

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