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El periodismo ejerce la representación implícita de la sociedad y tiene, en la dinámica de una democracia republicana, la función básica de informar veraz, objetiva y oportunamente a la sociedad sobre hechos de interés público. En ello también ayuda a facilitar la expresión de distintas voces en el debate social y vigila al poder, denunciando abusos y corrupción.
En dicha tarea, garantizada constitucionalmente, investiga, contextualiza, recibe informaciones y opiniones y las difunde, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Todo ello permite a las personas comprender los hechos y ayuda a formar una sana opinión pública.
Ataques de Milei al periodismo
Sin importarle lo antes referido, el presidente Javier Milei, sistemáticamente, ataca al periodismo y a sus funciones. En sus discursos, conferencias y en redes sociales, utiliza palabras insultantes contra periodistas y medios en general y particularmente a los que son críticos. En su descalificación serial y constante los trata, con vehemencia, de “mentirosos”, “farsantes”, “delincuentes con micrófono”, “ensobrados”, “sicarios mediáticos”, “periodismo militante”, “basura kirchnerista”, “mercenarios del micrófono”, “soretes”, “ensobrados”, “corruptos”, “extorsionadores”, “basuras”, “zurdos de mierda”, “envenenadores de la vida de la gente con mentiras”, entre muchos otros modos ofensivos. Ha llegado a decir que “no se odia lo suficiente a estos sicarios, supuestos periodistas”, incitando, obviamente, a la violencia en contra de quienes informan, ya que, para tener una sociedad desinformada y dominada hay que matar o desacreditar a quienes informan..
Incluso, para denigrar más la tarea periodística, el Ministro de Economía Luis Caputo dijo, el pasado día 2, que el periodismo es “una profesión que tiende a desaparecer”.
Los ataques al periodismo incluyeron, además, hostigamiento con denuncias penales sin fundamento contra medios y/o periodistas.
Aún más, el referente del Gobierno en las redes sociales Daniel Parisini, conocido como el “gordo Dan”, pidió que el Presidente meta presos a periodistas por decreto.
Agresiones físicas e intimidaciones
En ese clima de odio, el periodista Roberto Navarro, director del portal de noticias web argentino “El Destape”, el pasado 21 de abril fue víctima de una violenta agresión mientras se encontraba en el lobby de un hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires. El ataque comenzó cuando un hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra. El traumatismo le causó una hinchazón muy grande en la cabeza, tuvo dificultad para el habla y debió ser hospitalizado por varios días.
También, el pasado 29 de abril, Santiago Caputo, asesor cercano a Milei, que tiene mucho poder en el gobierno, dado que le sacó una foto el fotógrafo Antonio Becerra, del diario “Tiempo Argentino”, le manoteó la credencial que lo identificaba, y le sacó a ésta una foto con el celular misma, con gestos de amenaza como diciendo, “ojo, ya sé quién eres”.
Todo ello busca generar miedo y autocensura.
Al punto tal, que el legislador porteño por la Coalición Cívica Facundo del Gaiso presentó una denuncia penal contra el Presidente por “incitar a la violencia”.
Precarización laboral
A su vez, nunca, como ahora, las y los periodistas sufren tanta precarización laboral, bajos salarios, incertidumbre y con más cúmulo de tareas, tanto en la realización del contenido de la información como en el trabajo de ésta, ya que se busca que el o la periodista, en breve tiempo y simultáneamente, haga la nota, saque la foto o filme, suba el material a la web y comente la noticia, entre otros requerimientos.
Además, el Gobierno -unilateralmente y de manera ilegal- ha suspendido los fondos propios de la publicidad oficial, que no son subsidios, sino que integran los dineros destinados a garantizar la información pública para todos los sectores de la sociedad, a través de los diversos medios de difusión. Dinero que debe repartirse equitativamente y no sólo beneficiando a las empresas mediáticas poderosas económicamente, como se ha hecho desde siempre.
Restricciones al acceso a la información
También en la línea de falta de transparencia y desinformación el Gobierno cerró la agencia pública Télam de noticias, transformándola en una empresa de publicidad estatal.
Además, ha condicionado y condiciona la actuación de la Radio y Televisión Argentina (RTA SE). Ésta es una empresa estatal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. Dichos medios son un servicio público básico.
El Gobierno, también, sin explicación alguna, cerró las redes sociales de todos los medios públicos y de esa manera, destruyó la información estatal en las redes sociales.
Todo lo antes mencionado facilitó y facilita la concentración mediática y opera en contra del pluralismo informativo necesario.
Por su parte, el Presidente dictó el decreto 780/2024, (B.O. 02/09/2024), por el que modifica la reglamentación de la Ley Nº 27275 de Acceso a la Información Pública. Él mismo desnaturaliza la ley, con una serie de acciones que coartan, limitan, entorpecen y fundamentalmente, desalientan la posibilidad de acceder a la información pública, exponen a los periodistas a posibles represalias legales, creando un clima de autocensura y temor y se priva del control ciudadano al poder.
Colonización mental y represión
Milei debe hacerse cargo de las consecuencias civiles, penales y políticas que tienen sus actitudes y afirmaciones. Sus dichos insultantes implican diversos tipos penales como incitación al odio y a la violencia, instigación al delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas o intimidaciones, etcétera. Pero, fundamentalmente, su accionar imposibilita la convivencia democrática y merece una urgente respuesta legal y política contundente de todos los sectores de la sociedad.
Hay que señalar que, al respecto, no alcanza con meras declaraciones de repudio o de acompañamiento a los o las afectadas, ya que el Presidente y su gobierno atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, estructura básica de la democracia, garantizados por la Constitución Nacional.
Cabe reparar que, por ejemplo, a los jubilados y a quienes los acompañan, por el mero hecho de reclamar ejerciendo su libertad de expresarse, son reprimidos injustamente por la policía. Tal es el caso que se ha dado contra el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante del grupo de curas en opción por los pobres, que el pasado día 7 fue a respaldar la marcha de los jubilados y lo hirieron en la cara, al tratar se asistir a una jubilada caída en el suelo. En este aspecto, no podemos olvidar tampoco, que durante la movilización del pasado 12 de marzo se impactó con una granada lacrimógena en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo.
Evidentemente, se busca colonizar las mentes y generar odio, miedo y desesperanza en la sociedad, imponiendo un discurso único, que no permite que se discuta, al servicio de un verdadero colonialismo mental inaceptable, que implica una ruptura de nuestra soberanía en todos los aspectos. Se trata de demoler al Estado-Patria y generar una subordinación a intereses foráneos contrarios a las necesidades de nuestro pueblo, en un verdadero golpe de Estado a cielo abierto, que afecta gravemente la salud democrática y la vigencia de los derechos humanos en Argentina.
(*) Abogado constitucionalista y periodista de opinión
La libertad de prensa no es impunidad mediática: una respuesta al artículo parcial y tendencioso
El artículo que se presenta como una defensa de la libertad de prensa y los valores republicanos incurre, en realidad, en una serie de omisiones, exageraciones y tergiversaciones que no resisten un análisis mínimamente objetivo. Lejos de defender la democracia, lo que hace es victimizar a sectores del periodismo hegemónico que durante décadas no han ejercido la libertad de prensa, sino el privilegio de influir y condicionar gobiernos, manipular a la opinión pública y proteger intereses concentrados.
El Grupo Clarín y La Nación, entre otros, se valieron durante años de su poder mediático para disfrazar operaciones políticas de información veraz. Bajo consignas nobles como “la defensa de los trabajadores” o “la pobreza”, no hicieron más que desinformar a la ciudadanía para sostener estructuras de poder económico y político, muchas veces contrarias al verdadero crecimiento del país. Mientras denunciaban corrupción ajena, silenciaban la propia; mientras hablaban de libertad, callaban o tergiversaban voces disidentes.
El rol del presidente: coraje frente al monopolio mediático
Hoy, ante ese poder cada vez más debilitado por el avance de las redes sociales y el acceso directo de la ciudadanía a la información, el presidente Javier Milei se anima a decir lo que millones de argentinos ven y sienten desde hace años: que esos medios no informan, sino que operan. Sus críticas no son ataques a la prensa libre, sino defensa frente a una maquinaria mediática que, al verse desplazada del centro de gravedad del poder comunicacional, reacciona con desesperación.
¿Acaso no es legítimo que un presidente cuestione a quienes mienten sistemáticamente, que desenmascare operaciones evidentes, que no se someta a la narrativa de quienes se creían los dueños de la verdad? La libertad de expresión es un derecho de todos, incluido el presidente. Lo que estos medios llaman “ataques” no son otra cosa que respuestas. Lo que denuncian como “violencia simbólica” no es más que la pérdida de su impunidad discursiva.
Redes sociales y democratización comunicacional
La verdad es que el ecosistema informativo está cambiando, y eso molesta. Las redes sociales permitieron democratizar el acceso a la palabra, pulverizando el monopolio de los grandes medios. Hoy, cualquier ciudadano puede contrastar versiones, buscar fuentes, formarse una opinión propia. Ya no se necesita del locutor estrella o del editorial solemne para saber qué pasa. Esa pérdida de centralidad es la que los irrita.
Se habla de precarización laboral en el periodismo, como si fuera un fenómeno nuevo. ¿No fue durante los gobiernos anteriores que se despidieron cientos de trabajadores de prensa sin cobertura, sin convenios y con connivencia empresarial-sindical? ¿No fue en esos años cuando se multiplicaron los “ensobrados” y las agencias de prensa encubiertas?
Lo que realmente está en juego
Lo que molesta no es el autoritarismo del gobierno, sino su falta de sumisión. Lo que se pretende es condicionar al poder político con el poder de la palabra manipulada. Pero eso ya no funciona como antes. La ciudadanía tiene memoria y herramientas para ver más allá del titular escandaloso.
Es hora de sincerar el debate: la libertad de prensa no puede ser una excusa para mantener privilegios ni para blindar negocios. No hay república posible si la verdad se subordina a la línea editorial de una empresa. Y no hay democracia sin pluralismo, tampoco sin transparencia en el periodismo.
El verdadero peligro para la democracia no es un presidente que se defiende con firmeza, sino los que usaron la mentira como método y ahora se horrorizan porque ya no tienen el monopolio de la palabra.