De una oscura crisis puede surgir una gran epopeya

Por Luis Alberto Esterlizi (*)

Existen varias definiciones que nos explican el significado de una crisis. Simplificando, me quedo con dos. Una de carácter general que dice: “Momento de máxima dificultad en un proceso, negocio o situación.” Y otra más específica sobre crisis política que señala: “Falta de orden en el sistema político y sociedad, con desequilibrios en el enfoque macro socio-político de un país o región”.
Relacionando estas definiciones con la situación que vive Argentina, resulta indudable que estamos inmersos en una crisis y que para salir de ella es imprescindible detectar las causas que nos han traído ante semejante trance para decidir qué políticas públicas necesitamos para que el esfuerzo de todo el pueblo se convierta en una epopeya y no en la profundización de la mencionada crisis.

La democracia anquilosada
En una genuina expresión democrática, la dignidad social es esencia de su razón de ser ya que resulta una falacia reconocer legitimidad en la gobernanza de un régimen cuando la pobreza, la falta de vivienda, de salud, de educación, de trabajo digno y producción reflejan el estado de una verdadera descomposición institucional.
En este largo proceso de devastación política, economía y social que se iniciara a partir del golpe de Estado de 1976, primó la preferencia de las elites por el manejo discrecional de los dineros públicos y la implantación de políticas de Estado en función de proyectos particulares y corrupciones al margen de la efectiva realización de la sociedad en su conjunto.
Y en esa época nace la historia en la cual –desgraciadamente- las jóvenes generaciones la asumen como basamento de sus visiones y proyectos; época en la que se produce el abandono de valores y principios esenciales en nuestra comunidad, por invasión de una cultura que nos empuja hacia el materialismo, el consumismo y un individualismo que menoscaba el sentido de pertenencia, trascendencia y responsabilidad social que debemos profesar como ciudadanos identificados por un destino común.

A partir de 1983 – incomprensiblemente– este legado no pudo ser superado y paulatinamente dicho proceso terminó por contaminarnos mediante un modelo democrático involucionado dada la degradación de los partidos, la desvirtuación de las representaciones institucionales y la falta de participación eminente de la comunidad en las definiciones estratégicas.
Esta decadencia política -que, sin duda, forma parte de la herencia recibida – es particularmente asimilada por una gran parte de la dirigencia cuando deciden que las políticas de Estado esenciales siempre las imponen los fuertes personalismos muchas veces prefabricados o las corporaciones de intereses particulares.
A esto se le da valor constitucional por medio de la reforma de 1994, imponiendo la norma que determina que el Pueblo únicamente puede expresarse y deliberar por medio de los representantes elegidos por los partidos. Hoy dichas instituciones están vaciadas de contenido, sin estructuras orgánicas, olvidados de sus doctrinas y bases programáticas y, lo que es peor, al servicio exclusivo de grupos cada vez más selectivos.
De esta forma se dejó sin chances a las organizaciones intermedias sectoriales y sociales de participar institucionalmente, por lo que se vieron obligadas a jugar en un escenario electoral pleno de especulaciones y componendas que se ponen de manifiesto cada vez que se realiza una elección.

Y así fuimos llevados de un lado para otro según los matices e intereses particulares, pasando de las privatizaciones a las estatizaciones, del aperturismo total a un proteccionismo asfixiante, frente a un mundo en plena revolución tecnológica, donde también las potencias no regalan nada, enfrascados en la lucha por ser parte de un nuevo orden mundial.
Hoy dentro de este modelo no quedan más alternativas para cambiar tan desgraciada circunstancia por lo que resulta inevitable producir un verdadero cambio de época que en Argentina comience con la eliminación definitiva de la especulación y corrupción en dirigentes e instituciones para que de esa forma el pueblo –por medio de ellas- ejerza el derecho de ser parte de las soluciones por medio de la elaboración y ejecución de las políticas públicas.

Ya nadie cree en las promesas
Las promesas de campañas que han sido sistemáticamente revertidas por la realidad de hechos y acontecimientos no tenidos en cuenta o irresponsablemente no previstos y que fuera la constante reiterada en casi todos los gobiernos de los últimos 35 años, no engañan ni entusiasman más a nadie.
Para atender los graves problemas emergentes y estructurales que en el presente trastocaron las promesas pre-electorales del Gobierno nacional se tomaron decisiones que nunca fueron previstas ni planteadas, empujándonos hacia un escenario de plena especulación financiera, mayor endeudamiento, mayor inflación, recesión económica, menos trabajo y producción y más desocupación y pobreza.
Por eso hoy les toca –a empresarios y trabajadores- asumir una mayor responsabilidad reclamando su participación en los problemas concerniente al trabajo, el comercio y la producción que son los ámbitos por excelencia para la generación de la riqueza nacional, conjuntamente con el compromiso de la sociedad toda en exigir un cambio del modelo democrático restituyéndole el derecho de ser su principal protagonista.
Para ello es necesario terminar con el rigor de una dirigencia de concepciones arcaicas. Una, derivada del viejo gregarismo, creyendo que el pueblo es una masa moldeable en manos de un fuerte liderazgo. Y la otra la de instalarse como líderes infalibles e imponer las políticas de Estado, cuando su responsabilidad debería ser, lograr la unidad del pueblo detrás de un proyecto de Nación y no ser parte – lamentablemente – de una prosapia que destruyó los partidos políticos y el verdadero sentido y razón de ser de una democracia.

Por una democracia de fuerte participación social
El cambio debe asegurar -sin exclusiones de ninguna naturaleza- la participación del pueblo organizado, por ser el principal actor en la definición del rumbo del país, fijando los alcances y sentido del desarrollo social y crecimiento económico.
Esto deberá acompañarse con una reforma constitucional que permita la participación institucional de los distintos sectores organizados de la sociedad y modificaciones relevantes –en cuanto a las representaciones- en los tres poderes del Estado en las distintas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales.

La agenda común de un acuerdo nacional
Para ello, antes del llamado a elecciones, es insoslayable armonizar una agenda común fijando los ejes estratégicos de un proyecto nacional. Éste debe ser una síntesis y a su vez pródigo en contener las expresiones y compromisos de la mayoría de los sectores organizados para que conjuntamente con los tres poderes del Estado superemos la crisis actual y avancemos todos en el mismo rumbo consensuado.
Para asegurar tal propósito este proceso debe venir desde abajo, desde el mismo seno de la sociedad postergada recuperando de esta forma la calificación de comunidad organizada.
Para tal tarea, deben emerger auténticos representantes con la capacidad de conducir este proceso de cambio, detrás de un solo objetivo: lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
De no ser así, Argentina no podrá realizarse como se merece, agudizando una situación de extrema gravedad en su descomposición institucional y bajo el desamparo de su territorialidad, acosada por la lucha de intereses ajenos a la idiosincrasia y cultura nacional, que se aprovechan de pueblos empobrecidos, confundidos y desorganizados.

(*) Ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba