¿De dónde venimos?, ¿adónde vamos?

A partir de una decisión tomada en la Facultad de Derecho de la UNC, de poner a disposición una Cátedra Abierta de Gestión, Mediación y RAD, involucrando a la mayor cantidad de personas que en el pasado o en el presente hayan sido o sean parte del proceso de gestación, funcionamiento, desarrollo y proyección de la mediación en Córdoba, nos pusimos a reflexionar sobre lo que ha sucedido desde que se comenzó a hablar de este tema en nuestra Provincia y estando a fin de año, parece un buen momento para hacerlo.

Hoy, tratamos -sin pretender hacer un análisis exhaustivo ni historiar antecedentes de otras latitudes- de pensar y establecer cuál fue el punto cero de la mediación de Córdoba. Tratamos de identificar de dónde venimos, para aprovechar las experiencias nuestras y de otros ya vividas, utilizando y capitalizando todo lo bueno, en la espera de no repetir errores.

Si tuviéramos que poner un momento, lo estableceríamos en el 18 de octubre de 1995, día en el que fue presentado por el senador provincial Jorge Savid, en la entonces Cámara el proyecto que “Establecía la Mediación Prejurisdiccional Obligatoria para todos los Juicios (…)”. Analizando -a casi 30 años de ese día- lo que pasó y lo que hicimos ¿es poco? ¿es mucho? ¿es suficiente? A su vez, ¿es mérito de quién?

Esta nota busca, además, recordar y reconocer a los operadores, funcionarios, organismos. instituciones. abogados, mediadores y a todos los que directa o indirectamente hemos aportado un granito de arena para que hoy tengamos instituida en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba y sea de interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la mediación.

Recordemos el contexto histórico: en el año 1995 soplaban vientos de requerimientos y novedades del Ministerio de Justicia de la Nación. Institutos que, a un costo muy alto, capacitaban en maratónicas clases a nuevos mediadores. Eran tiempos -a decir de los sociólogos- de la sociedad líquida, globalización, internacionalización y también de aumento exponencial de la conflictividad, de la litigiosidad. 

Esa complejización, la problematización y la excesiva judicialización de la vida social, necesitaba respuestas. Los sectores involucrados tomaron nota de esa realidad y, por ejemplo, la Facultad de Derecho empezó a diseñar un nuevo plan de estudios, que acababa con más de 43 años de inmovilidad curricular. Así se avanzó en la modificación del perfil del abogado que “podría asumir el rol de mediador de conflictos, además de asesor investigador y litigante”. En ese tiempo se dictó la primera formación básica a través de posgrado: la Cátedra de Familia iniciaba su camino en la capacitación. El Colegio de Escribanos hacía una importante tarea enseñando y expandiendo la temática. Se genera como parte de la currícula una materia específica sobre mediación. Iguales ideas generaron las universidades Blas Pascal, Siglo 21 y Católica. En tanto el Colegio de Abogados también asumía el desafío de crear la Escuela de Mediación.

Llegamos al año 2000 con más de 500 mediadores capacitados. En tanto que al tratamiento legislativo se sumaban otros proyectos de mediación y de creación de un centro público.

Fueron tiempos de mucho trabajo, debate y diferentes posiciones. Obligatoriedad ¿casi una herejía? Quienes podrían ser mediadores: ¿sólo abogados? Fueron surgiendo los instrumentos legales nacionales: se dictó la ley N° 24573 con fecha de vencimiento de 5 años, que fue prorrogada sucesivamente por las leyes Nº 25287, 25661, 26094, 26368 y finalmente la 26589, que establece la obligatoriedad. 

En tanto, en Córdoba, Savid diseña junto a su equipo de trabajo un sistema de RAD Completo para Córdoba, y así propuso leyes para mediación familiar, mediación laboral, mediación comunitaria, modificaciones a la ley 5805, una Superintendencia de Mediación y hasta un Código de Ética para mediadores. De todo eso sólo fue sancionado lo que fueron las leyes N° 8612 y 8613, vetadas en su momento.

A partir de ahí, se comenzó con una experiencia piloto que devino en la ley provincial N° 8858 (que propone la mediación intrajudicial y la extrajudicial) y la N° 10543 (que regula la mediación prejudicial, aplicable por ahora sólo en las jurisdicciones Capital y Río Cuarto). Con esta última, el resurgimiento de los centros privados de mediación como una alternativa para el acceso al sistema.

Aquí detendremos nuestro repaso de la historia, para analizar dónde estamos ahora y adónde queremos y podemos llegar, y también qué requiere la sociedad y sus integrantes a los operadores y al sistema de gestión y resolución de disputas.

Hoy nos encuentra transitando casi unos jóvenes 30 años, es decir que hemos crecido, evolucionado y madurado conceptos, vivencias y experiencias que nos permiten tomar perspectivas y en condiciones de pensar y proponer ideas superadoras, que ahora nuestra sociedad requiere, pide y exige, abriendo el sistema a nuevas formas que no encorseten o burocraticen el sistema.

Es nuestra obligación, también, analizar el camino realizado: lo que fue en ese lejano tiempo un sendero abierto entre la incredulidad, la incertidumbre y los rigorismos y rigideces posicionales -producto del esfuerzo y dedicación de muchos soñadores- permite que hoy el camino aparezca casi pavimentado, con varios carriles de circulación en todas las direcciones. En ese camino hay muchos objetivos comunes, estamos dentro de colectivos que buscan ofrecer la mejor de las herramientas a partir de una praxis responsable. Tenemos interdisciplina, mediación pública y privada, prejudicial, intrajudicial y extrajudicial, Asociación de Mediadores, mediadores con especialización en penal, familiar, comunitaria… Córdoba es un ejemplo en muchas de las experiencias de gestión de conflictos a través de prácticas participativas.

Sin embargo, hoy es tiempo de redoblar esfuerzos, de comprometer más garra, más dedicación; de encontrar las mejoras para que el sistema sea una herramienta eficiente en la democratización de derechos e instrumento de paz, teniendo en cuenta el difícil contexto socioeconómico en el que nos encontramos.

Un reconocimiento para todos los que creímos en su momento y trabajamos para que hoy la Mediación sea una realidad útil para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero también un pedido para los que hoy descreen que las personas -en su autogestión y autodeterminación- sean capaces de autocomponer las diferencias que tengan: a todos ellos que le den una oportunidad al sistema, porque vale la pena.

Por último, esperamos que quienes creen y están convencidos de que cada uno puede ser protagonista de sus soluciones y que es mejor sentir al prójimo más próximo, nos sigamos encontrando en una senda constructiva para la gestión del conflicto y su resolución.

(*) Mediadores, abogados y profesores universitarios