Corolario de la nueva visita de los técnicos del FMI

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia

La llegada de dos misiones consecutivas mediando muy poco tiempo entre ellas hace
suponer que existen motivos no divulgados para acentuar la vigilancia, pese a que hay tres
funcionarios establecidos en forma permanente en el país

La realización de dos visitas consecutivas mediando muy poco tiempo entre ellas hacen suponer que existen motivos no divulgados para acentuar la vigilancia pese que hay tres funcionarios establecidos en forma permanente en el país.
Al margen de que hay técnicos del Fondo Monetario Internacional instalados en el Banco Central, es llamativo que en los dos meses se hayan concretado otras tantas visitas de funcionarios del organismo sin dejar trascender las causas de tanta frecuencia. Lo único que sí se hizo público es el disgusto que causó la utilización, sin consulta previa, de alrededor de US$2.000 mil millones para tratar de calmar la plaza financiera y, por tanto, exigieron que se apele al primer pedido de un virtual perdón por haberlo hecho violando limitaciones expresas del acuerdo.
Dichos técnicos consideran, según surge de sus dichos, que es indispensable acotar los riesgos en todo lo posible y que los mayores se localizan en factores políticos por lo que cuanto antes se deberá lograr sólidos consensos para evitar mayores dificultades.
Los dos funcionarios del Fondo que dirigen todo lo relativo a la relación con Argentina, en una conferencia de prensa realizada en Washington, pusieron en duda la viabilidad de la relación debido al muy fuerte grado de ajuste que se ha impuesto. Uno de aquellos admitió: “Esperamos que sobre los elementos de política que están incluidos en el programa se logren consensos. Los argumentos que hicieron las autoridades argentinas en las últimas semanas fueron convincentes tiene un nivel de viabilidad en términos de implementación alta”.

En dicha oportunidad agregaron que tienen la convicción de que todas las medidas que se han discutido son “factibles y realistas” y requieren un “fuerte compromiso de toda la sociedad argentina”.
Cabe dejar constancia que los mismos entienden que el monto total del crédito acordado supera las reales necesidades y con él se debe lograr incluso que se afronte cualquier eventualidad aún si se complican las condiciones de los mercados externos o si se reitera una nueva sequía. Luego de recordar la situación reinante en la que se concretó el último anterior acuerdo (2001) caracterizado por la ley el régimen de “déficit cero” simultáneamente aplicado con el denominado “corralito” y el default de la deuda, “la situación era notoriamente más grave que la actual” y señalaron enfáticamente que “la economía argentina de hoy es muy diferente a aquella”.
Además, adjudicaron a las condiciones de los mercados externos y a la dificultad para movilizar los recursos disponibles pero ponderaron la celeridad con que se ha actuado en la tarea de obtener diligentemente créditos de importancia; lo cual según sostuvieron, “va a ayudar a que el rebote económico sea más rápido”.
En tal sentido, señalaron que el programa que se ha comenzado a implementar en menor tiempo coadyuvará a la recuperación de los índices de inversión normal y a reinstalar un clima de confianza generalizado. En cuanto a la hipótesis de inflación para 2019, consideraron que es posible cumplimentarlo siempre que el Banco Central pueda operar en plenitud y sin interferencias.

Los funcionarios argentinos creen esencial lograr un acuerdo que extienda el ajuste a todas las administraciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en especial “revisando los planes de construcción de viviendas, hospitales escuelas y programas de vialidad”.
Debe tenerse muy en cuenta que mientras el déficit de la administración pública nacional, incluyendo los intereses derivados de la deuda, se estima que será de –5,2, en el conjunto de provincias sólo llegaría a –0,4%. El Ministro de Hacienda de la Nación y coordinador interministerial advirtió: “Se viene un nuevo consenso. Habrá que analizar las responsabilidades de cada nivel de gobierno en cada jurisdicción”.

El acuerdo y la actitud de las provincias
A modo de advertencia, Nicolás Dujovne afirmó que se han girado a las provincias alrededor de $500 mil millones por sobre lo previsto en concepto de coparticipación que, según los datos oficiales, implica un 18% de recursos considerados “extras”. Dado que se aproximan las fechas de elecciones, en todas las jurisdicciones seguramente se dilatará la concreción de “recortes” y se tratará que en dichos distritos se continúen ejecutando los proyectos en marcha. Los recursos adicionales de US$6.500 millones, obtenidos al margen del Fondo, también se afectarán a movilizar obras que de otra manera deberían paralizarse.
Inicialmente se comenzó por definir jurisdicciones y medida de los respectivos cortes a realizar en materia de gastos, aunque los gobernadores consideran que no les corresponde hacerlos en sus finanzas locales porque no acusan déficit importantes y para el año próximo se comprometen a eliminarlos totalmente.
El corte inicialmente fue estimado en alrededor de $200 mil millones que luego se elevó a $ 300 mil millones, que en un 50% se pretendió se concretaran en las provincias, lo cual éstas rechazaron.
Las áreas más afectadas han sido resueltas por medio de sendos decretos. Debe advertirse que sólo cuatro gobernadores apoyaron explícitamente lo acordado (Salta, Chaco, San Juan y Entre Ríos).
Desde la Casa Rosada se convocó a todos los gobernadores opositores con los que se mantienen mejores relaciones para lograr un apoyo explícito, el que formalizaron sin formular objeciones los gobernadores de Tucumán y Catamarca.
En cambio, el consenso para crear la Junta de Gobernadores fue mayoritario, salvo por el de San Luis que se expidió peyorativamente respecto todo lo actuado en función de la relación con el Fondo. Las discrepancias en este caso se refirieron a los achiques planteados respecto a una serie de obras públicas y también en el tratamiento del Fondo del Conurbano.
Las mayores disidencias surgieron en el tema “tarifas”, pues se resistió la pretensión de unificarlas sin considerar las notorias diferencias existentes.
Dado que estos aspectos serán insertos en el próximo Presupuesto de la Administración Pública Nacional, se supone que se plantearán las principales objeciones durante el tratamiento parlamentario; desde meses atrás los funcionarios federales han optado por lograr el apoyo de ciertos gobernadores para que comprometan el voto de sus legisladores y se avengan a aprobar el texto original sin propiciar enmiendas cuando sea sometido a su consideración. El deseado realineamiento no será nada fácil de lograr porque los potenciales protagonistas estarán muy pendientes de su trascendencia en el denominado “año electoral”.
El Ministro de Hacienda instó a usar el acuerdo con el Fondo para “apuntalar el crecimiento” y discutir una “agenda del desarrollo”, pero esta visión no es la generalizadamente compartida. La opinión de tales funcionarios de que el pacto con el FMI supone apuntalar el crecimiento no ha sido aceptado en forma unánime sino, por el contrario, acentuó las desavenencias.
En consecuencia, se espera que habrá una extensa discusión pues, si bien hay una importante cantidad de senadores que está dispuesto a votar el Presupuesto 2019, exigirá que se atiendan adecuadamente sus principales planteos y objeciones. La insistencia del antes citado ministro al reiterar en que “el Pacto con el Fondo supone un colchón financiero para encarar un plan de desarrollo” es motivo de repulsa en la mayoría de la población.

Las reales perspectivas del año 2019
En función de las normas insitas en el acuerdo, surgen conclusiones nada tranquilizantes sobre lo que puede suceder el año próximo respecto a la evolución de nuestra economía. Muchos analistas coinciden en que la reducción proyectada en la emisión monetaria permitirá para entonces reducir la actual presión inflacionaria, pero paralelamente advierten sobre que se contraerá severamente el crecimiento.
Se aconseja, casi por unanimidad, dar prioridad absoluta a la eliminación del déficit fiscal y evitar su monetización a través del Banco Central para prevenir las corridas bancarias.
Menos seguridad y convicción se advierte respecto de la posibilidad para impulsar la actividad general, pues al apuntar a una baja apreciable de la tasa de interés, que se elevó para poner freno a las sucesivas corridas, tal decisión se volverá incompatible con la concreción de un índice de crecimiento del producto bruto superior a 1,5%, que ha sido considerado como “piso”.
Este pronóstico ha creado gran preocupación en el seno del Gobierno nacional por ser 2019 un año electoral que se considera muy importante. Como los técnicos del FMI prescinden de ese tipo de consideraciones ha quedado planteada una fuerte disidencia pues las prioridades en dichos ámbitos son evidentemente inversas.
En el sector público nacional el deterioro general de las remuneraciones ha creado un agudo malestar y la continuidad de esa modalidad puede acrecentar los reclamos, aunque en el ámbito privado procurarán que los niveles de los salarios evolucionen equilibradamente con respecto al índice de inflación, ya que el Fondo pretende no supere un 17%; más para exhibir un éxito relativamente inmediato que por una eventual mejora operativa real y consistente que saben es imposible de alcanzar en un plazo menor de tres años.
Por tanto, han renunciado a exhibir lo que se haga como una reconversión económica-financiera pues ello es conocido que siempre requiere bastante más tiempo para concretarse.
La variable consumo continuará en repliegue y afectará muy especialmente las actividades crédito-intensivas. Los créditos hipotecarios se supone que se amesetarán, pues se considera muy poco probable que registren crecimiento evaluados a valor constante. Al momento de ajustar se debe procurar que la distribución sea razonablemente justa y que no se incurra en exclusiones o se “marquen” sectores para que carguen con los ajustes.
Obviamente, el “clima electoral” que primará en 2019 no podrá pasar desapercibido, pues los partidos opositores centrarán sus argumentos obviamente descalificantes del Gobierno en los numerosos y conocidos errores en los que éste viene incurriendo.
En materia de inversiones en infraestructura, las mismas se pretende que sean desarrolladas bajo el régimen identificado como P.P.P. (Participación Público Privada) que supone financiamiento integral privado en lo inmediato con derecho a explotar los nuevos servicios que surjan de dichas obras y proceder después de un plazo plurianual convenido tanto a pagarlas como a comenzar a administrarlas en forma directa. Muy posiblemente esa virtual “herencia” que pudieran recibir será motivo de muchos arduos debates porque condicionarán la gestión de quienes asuman y que además contra su voluntad, deberán aceptar las permanentes auditorías del FMI.

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