Ciberproteger: por un Estado que garantice nuestros derechos

8 mayo, 2020

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Por Marcelo Cossar (*)

Sabemos que los datos privados son escrutados y perseguidos por las empresas desde hace mucho tiempo y que el humor social se mide en múltiples disciplinas, incluso desde la academia. La emergencia desnuda conflictos sociales que preexistían pero no puede ser la excusa para salidas rápidas que representen avanzar sobre derechos civiles, sea mediante el uso con otros fines de nuestros datos personales o limitando la libertad de expresión. La tecnología, en tanto machine, no tiene ética. La ética le pertenece a personas, sociedades y gobiernos que la utilizan.

A poco del inicio de la llamada “cuarentena” en Argentina, nos enteramos de la causa penal que se le abrió a Kevin Guerra, de 20 años, por hacer una broma (1) en Twitter a partir de una publicación personal en la que mencionó la palabra “saqueo”.

¿Una causa penal por tuitear? Si, es posible. Desde hace algunos años en nuestro país se realiza lo que vulgarmente se denomina ciberpatrullaje. Esto es, el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina sin mediar causa judicial o denuncia previa lee, no manualmente, se hace vía productos de software específicos, lo que se escribe en las redes sociales en la búsqueda de delitos.

El tema fue puesto nuevamente en discusión pública a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, respecto de las tareas de ciberpatrullaje y mediciones del humor social como políticas de prevención en el marco de la emergencia nacional dispuesta por la pandemia de Covid-19. y encendieron el alerta de las organizaciones de derechos humanos a nivel regional.

La Inteligencia de fuentes abiertas, que es el nombre correcto de esta práctica, no es necesaria si no median justificaciones. Como menciona (2) Javier Pallero, analista de políticas públicas referidas a Internet y activista por los derechos humanos en línea: “Si hay causa legal y es necesaria y proporcionada, la intromisión en la intimidad es posible”. Pero, es la Justicia la que habilita las intromisiones y no las intromisiones injustificadas las que la convocan.

En el mismo sentido se expresó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre: “Existe una expectativa de privacidad, aún en la esfera pública. Puedo estar en la vereda, pero eso no habilita a fotografiarme y seguirme” aclaró. (3)

La misma ministra Frederic decidió reunir la voz de especialistas para establecer líneas consensuadas respecto de las actuaciones preventivas de la emergencia que culminó con el comunicado que emitieron las organizaciones participantes rechazando la propuesta de reglamento del Ministerio, solicitando la derogación de la normativa y reclamando “ una normativa acotada a determinados delitos de gravedad, con las consideraciones aportadas en este documento, hasta tanto sea posible la discusión democrática que exige la Constitución Nacional en el seno del Congreso de la Nación” (4).

Nuestros datos, nuestra decisión
Transparencia Internacional y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (5), hicieron públicas sus preocupaciones respecto de las medidas adoptadas por los gobiernos de distintos países, entre ellos Argentina en el marco de los estados de excepción. La discusión de teorías sobre qué cosa es privada y qué cosa es pública en Internet, sobre si debe legislarse o no al respecto, sobre qué corresponde a empresa y qué a estado en el ciberespacio, no es nueva. Lo nuevo es que Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad urgente de sentar bases sobre ello para lo que viene.

Es el Estado quien debe velar por nuestras garantías civiles en democracia. Es el Estado el garante social de lo individual. No puede el Estado traicionar esa condición. El uso de datos privados sin consentimiento expreso y/o sin orden judicial que justifique tal decisión vulnera nuestros derechos personales y nos deja, como ciudadanos, en absoluta soledad. Si es cierto que el Estado está presente, entonces debe estar presente con nosotros.

Sabemos que nuestros datos personales permiten rastrear nuestras relaciones, nuestros comportamientos, nuestras emociones. No queremos que el Estado sea cómplice de las empresas que cazan datos privados, ni disponer del uso de datos privados que los ciudadanos hayan brindado a empresas por servicios con otros fines, ni utilizar los datos privados a los que tiene acceso para limitar nuestros derechos.

Un ejemplo de tal contradición resultó, hace unas semanas, la decisión del gobernador de Chaco, Argentina, Jorge Capitanich, de solicitar a empresas de telefonía móvil la información de ubicuidad de los ciudadanos chaqueños para realizar seguimientos de movilidad diaria y “corregir comportamientos” y que derivó en un pedido de explicaciones de carácter público por parte de diputados radicales (6).

Más recientemente, encontramos la controversia generada entre Televisión Pública de Argentina y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por la supuestas regulaciones de contenidos que el ente se encargó de desmentir (7) después o la solicitud de informes que diputados opositores al gobierno de Alberto Fernández hicieron llegar luego de tomar conocimiento de que la app del Ministerio de Salud pública que realiza autotest de coronavirus permite controlar a los usuarios a través de geolocalización.

Si vamos a prevenir saqueos, controlemos a las empresas que saquean las bases de datos particulares de los ciudadanos para fines desconocidos por sus titulares. Si vamos a dar batalla, que sea al virus y no a los ciudadanos. Si vamos a patrullar, que sea para proteger derechos y no para avasallarlos. Ese el Estado que necesitamos, el que tutele nuestros derechos y no que nos espíe ni mucho menos nos censure.