ESCUCHARLa negación (y posterior gestión) de la pandemia de covid-19 en Brasil genera desde el año pasado airadas críticas al presidente Jair Bolsonaro. Los cuestionamientos de distintos sectores se suman y mañana, en diferentes puntos del país vecino, se llevará a cabo una marcha para pedir la renuncia del mandatario, justo en momentos en los cuales Brasil superará el medio millón de muertos por coronavirus.
Ante ese panorama, Bolsonaro lanzó una contraofensiva con la que pretende cuestionar la vacuna china CoronaVac y anunció que prorrogará las ayudas para enfrentar la pandemia. Cabe recordar que siempre desechó esa posibilidad.
Analistas brasileños afirman que estas últimas decisiones de Bolsonaro representan un intento por recuperar su posición en las encuestas relativas a las elecciones de 2022, en las que aparece favorito el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La reacción de Bolsonaro ocurre, también, cuando la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre la pandemia confirmó con videos institucionales que, en enero y en pleno colapso hospitalario en la capital de estado de Amazonas, Manaos, el Gobierno envió una misión de médicos cercanos a Bolsonaro para convencer a representantes del sistema público de adoptar un tratamiento que no estaba comprobado científicamente: el uso de cloroquina en pacientes con covid-19, en lugar de fomentar las medidas de distanciamiento y la llegada de vacunas.
En el centro de la investigación está el exministro de Salud Eduardo Pazuello, general en actividad, quien actualmente es subsecretario de Estudios Estratégicos de la Presidencia y trabaja al lado del presidente.
En ese marco, un documento desclasificado del Palacio de Itamaraty (cancillería) en poder de la CPI indicó que Pazuello le dijo en un cable a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los contagios en 2020 se habían reducido 70% a causa del éxito de la cloroquina, sin presentar evidencia científica.
“Ningún anticuerpo”
Estas situaciones se suman a una política errática del gobierno brasileño con las vacunas.
Luego de haber desestimado una oferta de Pfizer de 70 millones de dosis por no creer en la inmunización, Bolsonaro cambió su postura. Al respecto, elogió la vacuna estadounidense y redobló sus cuestionamientos contra la CoronaVac, con la que se inmunizó a 52% de la población del país hasta el momento.
«La segunda vacuna más utilizada aquí en el país tiene una vida útil de alrededor de seis meses y mucha gente la tomó y no desarrolla ningún anticuerpo», dijo Bolsonaro en una entrevista en televisión.
CoronaVac fue desarrollada por el Instituto Butantan de San Pablo en colaboración con la farmacéutica china Sinovac, y las afirmaciones de Bolsonaro se adjudican principalmente a la crítica contra quien negoció la llegada de esa vacuna al país, el gobernador de San Pablo, João Doria, quien se lanzó a la presidencia 2022 como el candidato “de la derecha no negacionista”.
«Esa vacuna no tiene comprobación científica aún», agregó Bolsonaro, desmintiendo a los controladores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que autorizó el uso de Sinovac, que tiene 50,3% de eficacia general y prevención de 100% para casos moderados y graves de covid-19.
Como contracara de ese ataque, defendió su reciente negociación con Pfizer para acelerar el contrato de 200 millones de dosis adquiridas por Brasil.
«Propongo hacer un test científico, vacunemos a una ciudad con Pfizer y a otra con CoronaVac para ver los resultados. Voy a proponer esa idea a Marcelo Queiroga” (el ministro de Salud), dijo Bolsonaro a una radio del estado amazónico de Rondonia, vecino a Bolivia.
El discurso de Bolsonaro -seguido de una caravana de motos de militantes ultraderechistas realizada en San Pablo el sábado pasado- apuntó a tener la hegemonía dentro del espacio de la derecha para consolidarse como opción, según explicó el analista político Albero Almeida, del Instituto Brasilis.
«(Bolsonaro) busca dar un mensaje para confirmar a su propio público, para mantenerlo a su lado», explicó Almeida.
Enfrentados
El gobernador paulista Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), entregó un millón más de dosis de CoronaVac importadas por el Instituto Butantan, con lo cual ya fueron aportados al programa nacional de vacunación 50 millones de dosis de esa vacuna.
Doria había anunciado que será precandidato del PSDB para las presidenciales de 2022 luego de haber sido aliado de Bolsonaro en 2018, cuando ambos se eligieron en sus cargos. Con disputas políticas y un diferente enfoque de la pandemia, Bolsonaro y Doria buscan diferenciarse y capitalizar votos en los comicios del año próximo, en una disputa que llevaron casi al plano personal.
La confrontación se hizo más evidente en el fin de semana pasado cuando Doria multó a Bolsonaro con 110 dólares por manejar una motocicleta sin tapaboca, violando las normas de seguridad sanitaria.
Además, Doria propuso instalar en Brasil un pasaporte sanitario para poder recibir a turistas extranjeros con certificado de vacunación contra el covid-19, algo a lo que se opone Bolsonaro, quien amenazó con vetar cualquier ley en ese sentido.
Con el país encaminado a cumplir el fin de semana 500.000 muertos por covid-19, Bolsonaro también dio un giro en su postura con respecto a la agenda social. Hace dos semanas afirmó que quien quisiera más ayuda social debía «ir al banco y pedir un préstamo», porque el Estado estaba “quebrado con el déficit fiscal”.
Ahora, el ultraderechista adelantó que planea extender por tres meses y «hasta que termine la vacunación», en septiembre u octubre, la ayuda de emergencia de entre 30 y 50 dólares mensuales que termina en julio.
Por otra parte, también anunció cambios en el plan social Bolsa Familia (Beca Familia), medida emblema del Partido de los Trabajadores de Lula.
Anticipó que lo aumentará 50% hasta un equivalente a 40 dólares mensuales a partir de enero, luego de que congeló el monto durante los tres primeros años de gestión.
El frente energético
Mientras tanto, algunas de las decisiones del gobierno brasileño, no exentas de cuestionamientos, se mantienen vigentes. El Senado inició una sesión clave para determinar la privatización de la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras, cuya transferencia de acciones al sector privado es uno de los principales proyectos del gobierno de Bolsonaro y su superministro de Economía, Paulo Guedes.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, convocó a la sesión para tratar el decreto provisorio de privatización del presidente Bolsonaro, que vence el 22 de junio en caso de que no sea aprobado por aquél.
La Cámara de Diputados ya aprobó rápidamente la propuesta, que tiene como objetivo la desestatización de Eletrobras mediante la venta de acciones y la acción de oro en manos del Estado.
Parte de la oposición de izquierda y derechistas liberales anunciaron que se opondrán al proyecto, que tiene como miembro informante al bolsonarista Marcos Rogério, del partido oficialista Democratas.
Uno de los puntos más polémicos de la privatización es el destino de los futuros trabajadores despedidos, la previsión de un aumento de la tarifa y la vía libre para instalar torres de transmisión de energía en reservas indígenas amazónicas.
Para defender la iniciativa, Bolsonaro afirmó que habrá «caos energético» en el país si no se vende Eletrobras, cuya privatización es clave para Guedes, quien no pudo privatizar empresas de mayor tamaño.
En este marco, la cuenca del Paraná está sufriendo la peor crisis hídrica en 91 años, lo cual aumentó las multas a los consumidores por la sequía de las centrales hidroeléctricas. Casi 80 por ciento de la generación de energía en Brasil es de matriz hidroeléctrica.
Posicionamiento
El año electoral parece haberse adelantado en términos políticos y este escenario se percibe con la convocatoria oficial de toda la oposición y movimientos sociales -incluso algunos de la derecha liberal- a un acto el próximo sábado en todo el país con el lema «Fora (fuera) Bolsonaro». Los organizadores de la manifestación afirman que el mandatario es el responsable de un “genocidio” durante la pandemia y del derrumbe del ingreso básico universal a 120 dólares mensuales.
El gobierno espera que el crecimiento superior a 4,3% de la economía en 2021, proyectado por el mercado financiero ante el Banco Central, y la caída que está experimentando el dólar pueda impactar en todos los niveles de ingresos en las encuestas para su reelección en 2022.
Por ahora, según Datafolha, el expresidente Lula domina el escenario electoral para la primera y la segunda vuelta de octubre de 2022.
