ESCUCHARPor José Emilio Ortega y Santiago Martín Espósito (*)
La elección
El costarricense -o “tico”- es sereno y cordial. Te mira a los ojos y ante el agradecimiento, responde amablemente: “con gusto”. Es sencillo entablar un diálogo y dejarse llevar por las corrientes, algo frescas durante febrero en la altura sobre el nivel del mar de San José, que sin impactar como la de Ciudad de México o Quito, es análoga a la de Salta y tres veces la de Córdoba.
Conversando con amigos entrañables, consultando lúcidos colegas universitarios, trajinando los cafés populosos del Paseo Colón y el Mercado Central, o los más elegantes de la Sabana, se anticipó la dispersión.
Y ese “tico” afable cuyo lema es -ni más ni menos- que “pura vida”, muestra sin ambages su fastidio frente a una dirigencia que se ha aislado de sus bases, posiblemente más que en cualquier otro período contemporáneo de este país, que al independizarse de España en 1821 fue parte de un ensayo federal centroamericano por pocos años, organizándose como Estado libre y finalmente como República (1838); a mediados del siglo XX, tras sortear un enfrentamiento civil, se refundó (1949) aprobando una constitución reformista y democrática, que además de abolir el ejército, consolidó al servicio electoral como un cuarto poder independiente.
Inmersa en esta decepción, Costa Rica requerirá de un balotaje para elegir presidente; sin candidatos de los partidos que condujeron al país desde 1949 (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana). La primera vuelta mostró el ascenso de tendencias refractarias a la política tradicional: dirigentes muy jóvenes, con presencia en los medios. Mejor posicionado, Fabricio Alvarado Muñoz (25%), comunicador evangelista -aliado con la iglesia Católica- se mostró enérgicamente opuesto a cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto. Su contendiente es el oficialista Carlos Alvarado (21,7%) formado en esta primera gestión del Partido de Acción Ciudadana -creado en el año 2000-.
Los dos parten de un piso pero el techo es una incógnita.
El primero creció meteóricamente, a partir de su intransigencia, y no está claro si sus pies, finalmente, son de barro. El segundo debe remontar el descrédito -supuestos hechos de corrupción- de la actual gestión.
El triunfador lidiará con una Asamblea Legislativa (unicameral) que ya eligió a sus integrantes, mostrando la heterogeneidad característica del comicio.
El balotaje
Será otra elección latinoamericana decidida por este instituto. Su etimología remonta a la votación con balotas, atávicamente empleada por organizaciones discretas -masónicas-.
Es creencia que se reglamentó por primera vez en 1852, cuando el emperador francés Napoleón III lo instaló para una elección legislativa, promoviendo la presentación de varios candidatos republicanos en la primera vuelta y asegurarse la presencia del suyo en la segunda. Aunque ya lo encontramos en la Constitución del Año I de 1793 -Primera República Francesa-, para diputados a la Asamblea. En 1958, después de la desastrosa experiencia de la IV República, De Gaulle lo retomará, imprimiéndole las características actuales: es utilizado para la elección presidencial y miembros (en circunscripción uninominal) de la Asamblea Nacional (equivalente a nuestra Cámara de Diputados).
En América Latina, salvo Haití -que adopta el modelo francés-, se implementa sólo para las elecciones presidenciales. Lo establecen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Nicaragua, Daniel Ortega decidió eliminarlo. Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela no lo incorporaron.
En Costa Rica, el candidato más votado debe lograr en primera vuelta un piso electoral de 40%. Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Uruguay, El Salvador y Perú también requieren mayoría absoluta en la primera ronda. Argentina, Ecuador y Bolivia consagran fórmulas flexibles que combinan piso con margen de diferencia.
Comenzamos el raid electoral americano finalizando 2017, con Chile y Honduras, sumando a Costa Rica -cuya segunda vuelta es en abril-. Hasta octubre, continúan Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil.
El balotaje ya se utilizó en dos oportunidades; al menos dos países más también lo emplearán.
En Latinoamérica, las instituciones jurídicas suelen importarse. Tomado de un sistema semipresidencialista foráneo, este balotaje híbrido o incompleto se emplea para reforzar la legitimidad del Ejecutivo. Los fracasos de los partidos tradicionales impulsan nuevas expresiones políticas en un contexto de dispersión; al no lograr mayorías en primera vuelta, se aplica el instituto.
¿Qué ocurre al no corresponderse la mayoría “ejecutiva” lograda en la segunda vuelta con las mayorías y minorías “legislativas” consagradas en la primera? Presión adicional y descompensación entre las identidades partidarias de ganadores y perdedores. Creación de bloques legislativos distintos al originalmente votado, realineamientos frente a situaciones límite -leyes clave e incluso el impeachment-, intento de cooptación de mandatarios subnacionales; transfuguismo u otras maniobras que resienten la calidad de la democracia. La experiencia enseñará si en futuras renovaciones constitucionales, el instituto puede sostenerse en su actual versión.
Aunque en Costa Rica, tierra de civismo, los dos candidatos presidenciales podrán explorar la oferta a la ciudadanía de “gobiernos de unidad nacional”, en los cuales los diferentes partidos tengan representación en el Ejecutivo (gabinete), haciendo coalición en la Asamblea. Alternativa factible de afirmarse, mediando práctica institucional y un encuadramiento constitucional más explícito.
(*) Docentes de Derecho Público Provincial y Municipal, UNC.
