ESCUCHARLa denominada Ley de Memoria Democrática prevé dotar al Estado español de recursos para recuperar restos de las fosas comunes
El Gobierno de España aprobó el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática, que prevé declarar nulos los juicios, sin garantías, del franquismo e incorporar en los planes de estudio materias sobre los años previos a la dictadura de Francisco Franco y la Guerra Civil Española (GCE, 1936-1939). La norma dota al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.
También pretende transformar el llamado “Valle de los Caídos” (foto) -basílica que ordenó construir Franco, que hasta el año pasado albergó sus restos- en un cementerio civil. Por otra parte, crear un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas.
Del mismo modo, la normativa busca habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre los fusilados y exiliados por la GCE y la posterior dictadura.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros de ese país prevé además crear la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para proteger los derechos de las víctimas de la represión, según consignó el diario La Vanguardia.
El texto, que deberá ser debatido ahora por Diputados, actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, según adelantó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se plantea aplicar en etapas que garanticen su “viabilidad presupuestaria” y culminar la reparación de las víctimas del franquismo.
En una entrevista con el diario El País, Calvo explicó que se trata de una ley con 66 artículos, con la que se pretende “construir una memoria democrática común de todos los españoles”. La ley sancionará el incumplimiento con multas que van de 200 a 150.000 euros, según la gravedad del hecho.
En conferencia de prensa, Calvo amplió el concepto y afirmó: “(España) no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta».
En el anteproyecto se establece la búsqueda de personas desaparecidas por «responsabilidad de Estado» y medidas como el impulso del mapa de fosas y del protocolo de exhumaciones, según indicó la Vicepresidencia en sus redes sociales.
Prevé que el sistema educativo, incluida la formación del profesorado, contenga en su currícula el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática española” y la lucha por los valores y libertades democráticas.
Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, junto a otras asociaciones, sostenidas con recursos públicos, que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales.
La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso de la investigación de episodios históricos represivos e incluso el retorno a España, del exilio, de fondos documentales también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.
Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.
«La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado. Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad», celebró en Twitter el presidente del Gobierno español, el socilista Pedro Sánchez.
El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, destacó: «Es un día de orgullo democrático». Y subrayó que con la normativa España reconocerá a “las heroínas y los héroes de la lucha por la democracia, con justicia y memoria”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, afirmó que se enteró «por la prensa» del anteproyecto de ley y lo criticó al asegurar que la Ley de Memoria Democrática es una «ley liberticida».
Chicharro Ortega dijo que la fundación que dirige tiene «carácter y vocación histórica» y que cuenta «una verdad» tal y como la entienden. «Los jueces van a tener un problema porque recurriremos a los tribunales», afirmó.
«En el fondo de la cuestión, esta ley lo que hace es rematar la vigente Ley de Memoria Histórica, que les ha parecido corta. Lo que quieren es borrar de un plumazo el franquismo y la Transición y llevarse por delante la monarquía», consideró Chicharro Ortega.
En Argentina
Recientemente, integrantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo se mostraron «optimistas y esperanzados» ante la posibilidad de que la jueza federal María Romilda Servini dicte el procesamiento del ex ministro español Rodolfo Martín Villa, a quien la magistrada indagó hace unos días por su supuesta implicación en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978.
En los tribunales argentinos se impulsa una querella desde hace más de una década. La presentaron familiares de víctimas españolas de crímenes cometidos entre el golpe de Estado de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil, y 1977, dos años después de la muerte del dictador Franco.
Villa, de 85 años, se presentó el jueves 3 de septiembre ante el Consulado General de Argentina en Madrid para declarar por su responsabilidad en hechos represivos ocurridos en España entre 1976, 1977 y 1978, cuando ejercía el cargo de Ministro de Relaciones Sindicales y luego de la Gobernación.
Se trata de casos que sucedieron después de la muerte de Franco, cuando España se encontraba en un período de transición al régimen de monarquía constitucional, actualmente vigente.
Villa dio ante la magistrada su versión de los hechos a través de la plataforma Zoom, en un trámite que se extendió por más de cinco horas.
“En la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio», afirmó Villa.
Durante la indagatoria, el fiscal Ramiro González le imputó a Villa su implicación en ocho hechos, el primero de ellos la matanza de cinco trabajadores en los denominados sucesos de Vitoria, en España, el 3 de marzo de 1976, cuando cinco trabajadores fueron asesinados a tiros en una asamblea que se disolvió en medio del accionar de las fuerzas policiales.
Además, el Ministerio Público Fiscal lo acusó en la audiencia de haber ordenado una represión en Pamplona que dejó un muerto y seis heridos, tras la finalización de una corrida de toros realizada el 8 de julio de 1978, durante los festejos de San Fermín.
