ESCUCHARPor Luis Eugenio Roa (*)
La coyuntura económica y política llevó a principios del año 2016 al dictado, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que autorizaban el aumento de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y del gas.
Sin embargo, el reajuste del cuadro tarifario por dichos servicios fue duramente cuestionado por diversos sectores de la sociedad, especialmente por los vinculados con la defensa de usuarios y consumidores, proliferando la presentación de acciones de amparos contra dichas normativas, en las que se solicitaba la nulidad de éstas.
El principal argumento presentado para fundar los amparos sin duda recayó en la falta de realización de las audiencias públicas que está establecido como obligatorias para estos casos, según lo establecido por la ley nacional Nº 24065 “Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica” (arts. 46,48, 73,78 y 81) y en la ley nacional Nº 24076 “Marco Regulatorio del Gas Natural” (arts. 6, 18, 29, 46. 47, 67, 68, 73).
El argumento referido a la ausencia de dichas audiencias públicas pone en el centro de la escena y destaca la importancia que tiene en la actualidad la aplicación de los institutos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Nacional (art. 42 CN). También pone en relevancia los conceptos y las ideas de lo que se ha denominado “accountability social», como herramientas dispuestas para lograr acceso a la información, participación y control de políticas públicas por parte de la ciudadanía, lo cual configura en la actualidad pilar fundamental para la estructura democrática de un país.
Este concepto de “accountability social” empieza a tener trascendencia en las sociedades post- industriales y se reclama su aplicación por medio de sus distintas formas (por ejemplo, audiencias públicas o referéndum, etcétera), consiste en la idea de implementar mecanismos institucionales de mayor control y participación ciudadana de manera directa en la toma de decisiones de políticas públicas y en el derecho de dar opiniones al respecto, siendo para ello necesario contar con la posibilidad de acceder a la información de manera clara, detallada y veraz.
Estos mecanismos de control social que han sido legitimados constitucional y legalmente en el derecho argentino, siempre han sido relativizados en su importancia por los operadores jurídicos, políticos y económicos en estas latitudes.
Sin embargo, en las últimas épocas el sistema formal de pesos y contrapesos republicanos, que tienen como finalidad el control mutuo de los tres poderes establecidos (o la existencia de otros organismos estatales de control), ya no se perciben por la sociedad como suficientes para evitar que los gobiernos lleven adelante actos viciados de ilegalidad o arbitrariedad que vulneren los derechos fundamentales de sus ciudadanos y que generen, por consiguiente, responsabilidades.
Esto ha llevado a que se revaloricen los mecanismos de “accountability social” como medios por los cuales la ciudadanía tiene la posibilidad de informarse, expresar opiniones y ejercer algún control más directo sobre sus representantes, en algunos temas específicos que no pueden ser realizados de manera eficiente mediante elecciones periódicas de carácter general cada cuatro años, en las que se premia o se castiga el buen o mal desempeño de dichos representantes.
Dicho de otra manera, la sociedad comienza a reclamar de sus gobernantes y representantes que de manera específica expliquen, informen y rindan cuentas de las acciones realizadas o que tienen intención de realizar, en materias que son valoradas como muy sensibles para la sociedad, tales como los casos de temas ambientales o de aumento de tarifas de los servicios públicos (gas, electricidad, transporte, etcétera).
Así, la ciudadanía encuentra una alternativa para participar de manera más directa en la adopción de decisiones de gobierno, poniendo sobre aviso la comisiones de posibles irregularidades y de esta manera controlar política y legalmente las actividades de los políticos y de los burócratas, pudiendo denunciar o exponer cuando estos violan la ley o el debido proceso al que deben sujetarse, ejerciéndose una presión al salir a la luz pública temas o actos irregulares, que generan costos políticos que no son deseados ser asumidos, y en consecuencia posibilita que se efectúen por parte de los representantes rectificaciones o también que se introduzcan temas hasta el momento ignorados en la agenda pública, forzando al Estado a atenderlas y darles respuestas.
Puede observase, entonces, como estos valores y principios democráticos especialmente vinculados con el acceso a la información, la participación ciudadana y un control más directo de políticas públicas por parte de la ciudadanía, comienzan a tener un mayor peso gravitación al frente a otros principios que puedan colisionar con ellos, al momento de resolver conflictos que llegan al sistema jurisdiccional. Y la importancia de éstos ha llegado al punto de que la omisión de uno de sus mecanismos establecidos legalmente (audiencia pública previa para modificar tarifas de servicios públicos) resultó ser uno de los fundamentos esenciales tomados por los órganos judiciales, para declarar la nulidad de las normativas que constituyen el andamiaje de la política energética y económica que intenta llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Tal situación es un avance en la consolidación de la aplicación y efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales que habilitan la participación y control ciudadano, así como también de la “accountability social”, como instrumentos de afirmación de políticas democráticas.
(*) Abogado
