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Fernando Sonnet, doctor en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.
Los economistas Fernando Sonnet, Silvana Sattler y María Luz Rossini, junto con otros investigadores del Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), están realizando un trabajo que llevará más de dos años, en el que pretenden diagnosticar, proyectar y diseñar políticas de implementación directa sobre la Ley Nacional de Biocombustibles 26093 sancionada en abril de 2006.
Tras una breve exposición de lo que significará el trabajo y los primeros diagnósticos sobre el impacto, las ventajas y desventajas de la aplicación de esta ley, Fernando Sonnet, director del proyecto y especialista en temas de Economía Agraria y Agronegocios, dialogó con Comercio y Justicia sobre el tema y brindó más datos al respecto.
-¿Qué propone la ley de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles?
-Para todas aquellas industrias de biocombustibles que estén radicadas en Argentina y sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o cooperativas, y estén habilitadas con exclusividad para el desarrollo de biocombustibles, están previstos beneficios promocionales tales como la devolución anticipada del IVA, beneficios respecto del impuesto a las Ganancias; también que los bienes afectados al proyecto no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, están exentos del pago de la tasa de Infraestructura Hídrica y del impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, entre otros.
-¿Está de acuerdo usted con la implementación y aplicación de la ley?
-La ley es muy beneficiosa y además, necesaria, pero va a ser imperioso que el Estado vigile la expansión de los cultivos que significan la materia prima para la fabricación de los biocombustibles, para que no desequilibren el ecosistema.
-¿A qué cultivos hace referencia, específicamente?
-En primer lugar a la soja, ya que el biodiésel, que según la ley es con el que se debe cortar el gasoil, se fabrica a base de aceite de soja o girasol más metanol.
-¿Cuánto produce actualmente Argentina en materia de biocombustibles?
-En la actualidad, la producción nacional supera dos millones de toneladas anuales cuando para abastecer lo impuesto por la ley para el mercado interno, que hasta ahora significa el corte de los combustibles fósiles con un 5% de biocombustibles, se necesitan 800 mil toneladas anuales. El resto se exporta. Desde la entrada en vigencia de la ley, la producción de biocombustibles tuvo un gran impulso. No así el consumo, que se reguló a partir de enero de 2010 con esto de 5% del corte, lo que generó los saldos exportables. Es por eso que ahora se está pidiendo que el corte se extienda hasta 7%. En Argentina, el mercado doméstico de etanol (que es con el que se cortan las naftas y se fabrica a base de maíz y de caña de azúcar) es pequeño, tanto en lo que respecta a consumo como a la producción. Sin embargo, en lo concerniente al biodiésel, nuestro país se ubica en 2010 como el principal exportador mundial, fundamentalmente debido a la baja demanda interna. Un informe de la Cámara Argentina de Energía Renovable publicado en enero deja en evidencia que, mientras esta industria creció en la Unión Europea en promedio 64% en el último lustro, la de Latinoamérica registra un incremento de 145% en igual período.
-¿Cómo está compuesto el mercado?
-Esta industria ya está en marcha y en Argentina la componen 18 ó 19 empresas de las cuales cinco son las más grandes, las que exportan, y las restantes son pequeñas y medianas empresas. Las más grandes están ubicadas principalmente en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, aunque fundamentalmente en Santa Fe. Las demás se distribuyen entre Tucumán, Santiago del Estero, Salta, San Luis y el resto de la región pampeana.
-¿Cuáles son las ventajas de la ley?
-Primero y principal que el uso de biocombustibles disminuye entre 40 y 70 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual ayuda a disminuir el calentamiento global. Por otro lado, contribuye a la diversificación energética, lo que promueve de esta manera la seguridad energética, ya que no se depende de un sólo tipo de combustible. Además, favorece el desarrollo rural y el establecimiento de pymes que se dediquen a la elaboración de biocombustibles. En estos casos también contribuye a subsanar los cuellos de botella que se dan en las épocas de cosecha, que es cuando comienza a escasear el gasoil. Con la radicación de empresas que se dediquen a la elaboración de biodiésel se pueden realizar convenios de partes entre productores de soja e industriales a partir de los cuales se canjeen granos por combustible. Es decir, así también se favorecen los vínculos rurales.
-¿Y las desventajas?
-Bien, la que más se criticó desde un principio es que, como a partir de la ley el poder de aplicación y control recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional, la actividad está muy regulada y no se escapa nada. Así, la mayor crítica es que el Estado es el que fija el precio, lo que puede llevar a desalentar la inversión, ya que el empresario no puede saber cómo le va a ir. Otro inconveniente es que los incentivos pueden generar mayor expansión de la frontera agrícola con sembradíos de soja, lo que favorece el monocultivo. Finalmente, y para tener en cuenta, si bien la ley favorece la producción de alcoholes (etanol), las industrias que lo elaboran no están alcanzadas por los beneficios.
