ESCUCHAREduardo García de Enterría, el mayor administrativista del siglo XX y de comienzos del XXI. Sus ideas sobre el derecho público determinaron jurisprudencia y doctrina de Iberoamérica.
Por Luis R. Carranza Torres
Es terrible cuando uno ve partir a los que han sido sus maestros. Me pasó, en lo personal, con Fernando Martínez Paz y Pedro J. Frías. En el año 2013 volvió a ocurrirme con Eduardo García de Enterría. Con 90 años, el ilustre jurista, literato y humanista fallecía el 16 de septiembre, en Madrid.
Como dijo su amigo y colaborador cercano Santiago Muñoz Machado, en una nota In Memoriam publicada por el diario El País, sobre su inmensa obra, de casi medio siglo de actividad jurídica y docente: “Había establecido las bases para la defensa de los derechos individuales en una época de dictadura; acometió el estudio de la Constitución, cuando fue aprobada, para explicar las dimensiones del cambio jurídico que traía; abordó el análisis del impacto del derecho comunitario europeo y estuvo presente, con su magnífica capacidad de escritor, en todos los temas relevantes para nuestra convivencia”.
En 1962 ganó, por oposición, la primera cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid -hoy Complutense-, donde dirigió el Departamento de Derecho Administrativo. Fue su gran cenáculo intelectual, aunque no el único. En el año cuando el hombre llegó a la luna, el cántabro recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por sus contribuciones al derecho en esa tierra.
Un año después ingresó como Académico de Número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Fue el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre abril de 1978 y febrero de 1986. También formó parte de la comisión de expertos encargada de revisar el marco de competencias entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en la Madre Patria.
En 1994 ocupó formalmente el sillón “U” como académico de la Real Academia Española. Su discurso de ingreso, pieza magistral de oratoria, se tituló -no por casualidad-: La lengua de los Derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa. Allí estaban todos los tópicos que impulsaron su camino en el conocimiento: los derechos de las personas, el idioma castellano, el derecho visto desde Europa y las relaciones de los ciudadanos con el Estado en la época jurídica contemporánea.
Es que don Eduardo tenía también sus méritos en tal campo. Gran amante de la poesía -clásica y moderna-, podemos citar entre sus obras relativas a las letras Escritos literarios, a la que luego se le adicionaron otros trabajos, siendo reeditado bajo el nuevo título de Hamlet en Nueva York. Su amor por la montaña y, en particular, por los montes de Liébana y la Sierra de Gredos, que compartía con su esposa Amparo Lorenzo Velázquez, con quien tuvo cinco hijos, quedó plasmada en la obra De montañas y hombres.
Admirador incondicional y entusiasta de Jorge Luis Borges, escribió varias piezas sobre su obra: Fervor de Borges es quizá la más conocida, publicada en ocasión de conmemorarse el centenario del natalicio del dramaturgo argentino.
Fue fundador y dirigió hasta su muerte la Editorial Civitas, en la cual se publicó la mayoría de su obra en español. También fundó y dirigió publicaciones de referencia en el ramo: la Revista de Administración Pública y la Revista Española de Derecho Administrativo.
Nos excederíamos con creces en el espacio del presente, aun si sólo intentáramos mencionar todas sus obras de derecho público. Nos conformamos, por ello, con destacar unas pocas, aquellas que nos llegaron con mayor fuerza, junto a muchos: Revolución Francesa y administración contemporánea; La lucha contra las inmunidades del Poder en el Derecho administrativo; La batalla por las medidas cautelares; Democracia, jueces y control de la Administración; La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional; y Las transformaciones de la justicia administrativa.
Tuvo más de 20 doctorados honoris causa. La Sorbona, Bolonia y Valladolid -entre otras-. Y en nuestro país, por las de Mendoza, Tucumán y Buenos Aires. Nuestra Universidad Nacional de Córdoba se lo confirió en 2001. Era, asimismo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Entre las muchas distinciones que obtuvo, podemos mencionar, en su última época, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1984) por su «importante labor investigadora y docente», el Premio Alexis de Tocqueville del Instituto Europeo de Administración Pública (1999) y el Premio Internacional Menéndez Pelayo (2006).
Como se expresó en el telegrama oficial de pésame a la familia, de parte del gobierno español, “indiscutiblemente” fue para todos “un brillante ejemplo de dedicación apasionada al mundo de derecho público”, convirtiéndose en el “maestro de generaciones enteras de estudiosos del Derecho”. Fue por ello: “Ilustre jurista y padre de las reformas administrativas más importantes de nuestro pasado reciente, su entrega y dedicación al estudio y mejora de nuestro ordenamiento jurídico constituye una referencia que permanecerá siempre en el recuerdo de todos”.
Así será para muchos de nosotros, a los dos lados del océano, en varias decenas de países. Gracias, querido y entrañable maestro.
