Sin ATP, clínicas y sanatorios colapsan: no habrá atención desde enero, dicen

Después de denunciar una situación desesperante, formaron una federación nacional que agrupa a todos los efectores privados de salud del país. El Gobierno la recibe mañana. Reclaman más subsidios, un “rebalanceo” impositivo y aumento de tarifas por prestaciones

Clínicas y sanatorios privados de Córdoba y el país alertaron sobre las graves consecuencias de interrumpir el programa ATP de apoyo a empresas privadas, así como otros subsidios del Estado nacional a partir de enero próximo, decisión que dejará al sector, ya en emergencia, al borde del colapso operativo. De hecho, alertaron sobre que "de no tomarse medidas urgentes, hay 5.500 establecimientos de salud privados que no contarán con los recursos necesarios para poder atender normalmente a la población" a partir del mes que viene. [privado]

"Necesitamos que las autoridades recapaciten" sobre el corte de los subsidios, reclamó ayer Jorge Cherro, presidente de Adecra, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados del país, en diálogo con este diario. "Somos una actividad no sólo esencial, sino crítica, porque estamos en la primera línea de batalla en la contención del virus", recordó, tras repasar el desolador panorama que vive la actividad: desde marzo pasaron a facturar sólo 30% de lo que ingresaban, sumando grandes inversiones en protección personal y en adaptación a las medidas preventivas del coronavirus. Con la dotación de personal completa y más gastos, los pacientes desaparecieron, suspendieron tratamientos y consultas y el sector comenzó a volverse inviable. Hubo ajuste, despidos y pronto habrá cierre de establecimientos, lo cual terminará agravando las condiciones de respuesta del país a la demanda sanitaria de la población.

Adecra integra la flamante Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que agrupa a ocho cámaras y federaciones nacionales que agrupan a todo el arco prestacional privado del país, que se unió por primera vez en busca de mayor fortaleza negociadora. "Nos une el espanto ante lo que estamos viviendo", admiten dirigentes de un sector que está en emergencia desde el año 2002 pero que jamás vivió lo que tuvimos este año y que además, anticipa que lo peor no llegó: "Tenemos que estar unidos porque se viene un año complicado", anticipó Cherro sobre el año 2021.

La FAPS ya se reunió con las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) y será recibida mañana por el ministro de Salud Ginés González García y el viernes por el titular de Trabajo, Claudio Moroni. Las presentaciones seguirán, mientras el sector hace público su pedido de continuidad del ATP, de mejoras de tarifas desde el sector financiador y de "rebalanceo" impositivo para la actividad. "Tanto desde el Ministerio de Salud como de la Superintendencia de Servicios de Salud, son muy empáticos con nuestra situación, pero los que deciden están en Economía y Jefatura de Gabinete", reconoce un dirigente sectorial del interior, para quien "no hay brindis de fin de año porque la pandemia no se va como creen algunos y ni siquiera podemos descartar una segunda ola". La FAPS no puede creer que en la Ley de Presupuesto 2021 no hay fondos previstos para contener la emergencia sanitaria que tuvimos este año.

El áspero documento que acompañó el nacimiento de la FAPS denunció que "más de 5500 empresas prestadoras de salud privada atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP y el decreto 300-2020 a partir del 31 de diciembre de este año". Dijeron que deben "afrontar altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos de impuestos".

José Sánchez, presidente de la nueva organización, reconoció: “Estamos frente a un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud. La pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del Covid-19; el incremento de costos salariales para contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.

“Desde el inicio de la pandemia mantuvimos un diálogo constructivo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los trabajadores. En esas mesas de trabajo explicamos la problemática del sector. Si bien se implementó el ATP y el decreto 300 hasta el 31 de diciembre, el gobierno decidió retirar toda la ayuda a partir de enero, situación que generará un colapso del sistema”, explicó por su parte Cherro.

En reuniones con representantes del Gobierno nacional, la FAPS "elevó distintas propuestas para alcanzar una solución a tiempo de esta crisis, tales como el aumento de las tarifas de los financiadores y un reordenamiento impositivo que deje de ahogar al sector y le permita sostenerse de manera sólida y sustentable", señalaron.

“Los prestadores privados de todo el país entendimos que tenemos que trabajar juntos para poder motorizar las soluciones que necesita nuestro sector. Generamos miles de puestos de trabajo, invertimos en el país y le damos salud al 70% de la población. En el interior, la situación es crítica debido a que la mayoría de las empresas son pymes y no tienen espalda para afrontar esta crisis. Muchos prestadores no pueden pagar cargas sociales desde el 2002 y acumulan deudas millonarias con el Estado”, concluyó José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confeclisa, miembro también de la FAPS.

Representantes de la FAPS reconocieron que, si no se definen soluciones inmediatas desde el Gobierno nacional, las instituciones prestadoras de salud privada deberán implementar distintos mecanismos para priorizar las atenciones médicas de acuerdo con su urgencia y complejidad, como consecuencia del faltante de recursos proyectado para 2021.

Asimismo, advirtieron la necesidad “impostergable” de trabajar en medidas económicas estructurales que den sostenibilidad al sector. Las entidades que conforman la FAPS son Adecra; la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim); la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (Cepsal); la Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa); la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) y la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG). [/privado]