Las micro y pequeñas empresas dedicadas a la prestación de servicios que exporten menos de 600 mil dólares anuales quedarán exceptuadas del pago de derechos a la exportación, para lo cual deberán deberán estar inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Producción, de acuerdo con el decreto 1201 publicado ayer en el Boletín Oficial.
La norma reglamenta la alícuota de los derechos de exportación que deben pagar las empresas que se dediquen a la exportación de servicios, y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020: el gravamen será de 12% para la exportación de las prestaciones de servicios y no podrá exceder de cuatro pesos por cada dólar estadounidense.
Los derechos de exportación serán abonados dentro de los primeros 15 días hábiles del mes posterior a aquél en que se hubieran facturado las operaciones respectivas, a cuyos efectos deberá presentarse una declaración jurada.
En el caso de tratarse de exportadores que en el año calendario inmediato anterior a la fecha de la declaración jurada hayan exportado servicios por menos de dos millones de dólares, se concederá un plazo adicional de 45 días corridos sin intereses.
Los beneficios para micro y pequeñas empresas son resultado de lo conversado en el marco de la mesa de Economía del Conocimiento, en la que participan autoridades del Ministerio de Producción y empresas del sector.
La Economía del Conocimiento contempla las actividades productivas más dinámicas de la economía argentina, con alto valor agregado, por medio del talento intensivo, desarrollan y facilitan la adopción de nuevas tecnologías y tienen potencial para mejorar transversalmente la productividad de todos los sectores y favorecer la creación de empleo.
A fines de 2018, esa mesa presentó al presidente Mauricio Macri el proyecto de ley que promueve tales actividades y que busca duplicar el empleo del sector y multiplicar las exportaciones de esas actividades. El proyecto tiene como ejes facilitar la contratación y la capacitación de talento, promover las exportaciones e incentivar la innovación, la investigación y desarrollo (I+D) y la creación de emprendimientos.
La iniciativa apunta a beneficiar a las empresas del conocimiento con una baja del impuesto a las Ganancias y un adelanto del mínimo no imponible que incentive la incorporación de talento.