Fiscales federales coincidieron en que la ley de trata es un avance, pero falta voluntad política

“Era una cueva inmunda, era espantoso. Una habitación inmunda, que sólo tenía una cama, una lucecita, un tachito y sin baño. La noche del procedimiento, la chica ya había estado con 12 hombres, sin baño y sin cambiar siquiera sábanas”.
El panorama infrahumano que describe un fiscal federal no se dio en una provincia del norte del país, sino en pleno centro de esta ciudad, graficando así uno de los 13 casos de trata que hoy se investigan en Córdoba. Desde abril, cuando se promulgó la ley que tipifica como delito el traslado forzoso de una persona, la privación de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar, son los fiscales federales quienes instruyen este tipo de causas.
Para conocer la trama de lo que está ocurriendo en una de las provincias consideradas “calientes” en el mapa de este delito, Comercio y Justicia reunió al fiscal federal General, Alberto Lozada y a los tres fiscales federales de primera instancia de esta Capital, Enrique Senestrari, Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk.
Si bien todos coincidieron en que la nueva ley “es un avance” al atrapar figuras que implican trata -y que antes no estaban previstas-, también advirtieron problemas atinentes a su implementación: falta de políticas de Estado para contener a las víctimas y atacar el flagelo; ínfimo presupuesto para afrontar las investigaciones y policías cómplices que protegen los lugares donde se configura el delito y a sus autores. Asimismo, se apuntó a la potencial “avalancha” de expedientes que podrían ser derivados desde la Justicia provincial, ahora que el ílícito es de competencia federal, algo que no vendría acompañado de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontarla.

Caso concreto

“Es importante destacar que la ley es un avance extraordinario porque atrapa posibilidades sin que exista previamente una explotación (sexual o no) concreta. Sólo con que un mayor mantenga bajo su órbita, influencia o dominio a un menor que está desamparado, ya la ley lo contempla”, explicó Vidal Lascano.
En ese sentido, mencionó un caso en el que imputó a un hombre por haber intentado captar en la Terminal de Ómnibus a dos niñas de 13 y 14 años. El mayor “se ganó su confianza, les dio de comer, les dijo que las iba a llevar a Mendoza y después se contactó con Mendoza”, dijo.
“Antes, esta situación no era punible para nadie”, enfatizó el fiscal, reiterando los beneficios que aparejó la nueva normativa.
Más allá del texto de la ley, que apunta a combatir las redes de explotación sexual y laboral con penas que van de 3 a 15 años de prisión, los fiscales se sinceraron y remarcaron que para su implementación se requiere de voluntad política.

“No hay políticas de Estado, funcionan en la teoría, están previstas en la ley, en las reglamentaciones, pero en los hechos no llegan; puede que estén funcionando de manera incipiente en Buenos Aires”, señaló Lozada.
En el mismo sentido se explayó Vidal Lascano: “Piensen, por ejemplo, en la figura del Defensor del Niño y el Adolescente que se creó por ley; ocurre también con otros temas, como la ley de drogas, por ejemplo, que no prevé institutos suficientes para la rehabi

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