ESCUCHAREl Gobierno fijó un nuevo plazo para convocar a un concurso público que permita avanzar en la privatización de cuatro empresas hidroeléctricas, respondiendo a un pedido de los mandatarios patagónicos involucrados en el proceso, de Neuquén y de Río Negro (Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente).
La decisión se formalizó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 263/2025, que estipula un plazo de 15 días, contados a partir de la publicación, para llamar al concurso.
En agosto del año pasado se había fijó un periodo de seis meses para concretar la convocatoria. Fue renovada desde cero en octubre, cuando se designó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo encargado vender la porción mayoritaria de las acciones que transitoriamente está bajo control estatal. El plazo venció este 10 de abril, por lo cual se procedió a la extensión.
Se busca proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA.
La normativa detalló que la extensión es para que Neuquén y Río Negro “cuenten con un término razonable para que sus equipos técnicos puedan hacer un análisis completo del proceso que se inicia y así poder transmitir al Estado Nacional una acabada respuesta sobre el tema”.
“En pos de la satisfacción del interés público comprometido y del resguardo de los intereses de la Nación y de las Provincias del Neuquén y de Río Negro, la referida solicitud resulta atendible en términos de razonabilidad, por lo que corresponde fijar un plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados en esta materia tomen la debida participación en el proceso”, sumó.
La actividad de las hidroeléctricas ubicadas en la región Comahue sigue cargo de las firmas concesionarias que tenían contrato vigente hasta finales del 2023, al ser prorrogado hasta avanzar con la nueva licitación, pero el título de propiedad pasó a estar transitoriamente bajo la tutela estatal para concretar el concurso.
