ESCUCHARA partir de las irregularidades detectadas en la llegada de embarazadas rusas a la Argentina, el Gobierno analiza cambios para intentar frenar el llamado “turismo de maternidad” al país. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo que proponen cambios en las leyes sobre la cuestión migratoria para tratar de impedir anomalías en este tipo de situaciones, que son investigadas por la Justicia Federal.
Carignano dijo que los cambios que proponen en cuestiones migratorias se tienen que hacer en el Congreso, y criticó a Juntos por el Cambio por su decisión de no tratar leyes mientras el Gobierno impulse el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Dijo que impulsan modificaciones, pero que “es complejo” por la estrategia de la oposición.
La directora nacional de Migraciones alertó sobre la existencia de organizaciones mafiosas que traen al país a mujeres rusas embarazadas, a cambio de importantes sumas de dinero, para que tengan sus hijos y así obtener documentación argentina.
Carignano explicó que los extranjeros que quieren acceder al pasaporte nacional deben iniciar el trámite en la Justicia Federal, no en Migraciones. Aclaró que el acuerdo existente entre la Argentina y Rusia permite que las personas de ese país no tengan que presentar visa para permanecer durante tres meses en condición de turistas sin hacer actividades remuneradas ni residir.
La directora nacional de Migraciones dijo que el acuerdo entre la Argentina y Rusia se firmó hace 15 años, que el convenio fue para que los ciudadanos rusos “vinieran a hacer turismo y gastar su dinero, en momentos en que la situación en Rusia era otra”, y que “claramente la situación cambió”.
El planteo de directora nacional de Migraciones es en relación a la investigación a partir de la llegada de mujeres de ciudadanía rusa con 32 semanas de embarazo que la funcionaria explicó que dijeron que venían a hacer turismo a la hora de entrar al país, pero que en algunos casos no tenían pasaje de vuelta, no estaban en los lugares que declararon que iban a permanecer y que ante las preguntas que les hacían hasta llegaron a admitir que, en realidad, solo venían a la Argentina para tener dar a luz a sus hijos.
La investigación del caso de las embarazadas rusas que empezaron a llegar hace meses a la Argentina apunta a intermediarios argentinos: según la causa a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, se trata de gestores que vendían a las mujeres falsos certificados de domicilio para que pudieran tramitar -en tiempo récord- el documento y el pasaporte de sus hijos y eludir así los bloqueos que pesan por la invasión rusa a Ucrania.
